El jurado explicó en el documento, que consta de 1.356 páginas, que ha identificado a unos 1.000 menores que han sido víctimas, algunos de ellos varones, aunque también hay chicas, y entre los que hay adolescentes y muchos preadolescentes.

“Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. A algunos les hicieron masturbar a sus agresores, o fueron manoseados por ellos. Algunos fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, algunos analmente”, denuncia el texto.

El jurado detalló que para elaborar este documento ha escuchado el testimonio de decenas de testigos y ha revisado medio millón de páginas de documentos internos de las diócesis.

En ese sentido, no descartó que el número real de víctimas ascienda a miles, ya que es posible que los registros de algunos menores se hayan perdido o que el afectado optara por mantener el silencio.

En el informe, el jurado criticó que todos los casos fueron dejados de lado por los líderes de la iglesia “que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo”.

Como consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000, aunque el jurado subrayó que ha emitido acusaciones contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, que presuntamente ha estado abusando de menores en la última década.

En una rueda de prensa, el fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el informe detalla “un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”.

Aparte de las diócesis de Greensburg y Erie, el resto de las afectadas son las de Scranton, Allentown, Harrisburg y Pittsburgh, todas ellas en Pensilvania.

El pasado 1 de agosto, la diócesis de Harrisburg, una de las implicadas, publicó una lista de 71 religiosos y seminaristas, algunos de ellos ya fallecidos, “acusados” de abusos sexuales a menores desde 1940.

Tras darse a conocer el informe, la archidiócesis de Filadelfia, que no está entre las implicadas, pidió perdón en nombre de la Iglesia por las “experiencias” sufridas por las víctimas.

“Reconocer su sufrimiento y mantener nuestro compromiso de ayudar a aquellos que han sido afectados es un paso esencial hacia la cicatrización”, dijo en un comunicado.

“La Iglesia ha aprendido mucho de sus errores pasados y sigue esforzándose para corregirlos. La prevención del abuso viene de la formación y la vigilancia constantes, y la prevención del abuso, junto con el apoyo a los sobrevivientes, es y seguirá siendo una prioridad constante de nuestra Iglesia”, añadió. EFE

“Uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA”, prosiguió el texto, firmado también por el ministerio de Seguridad argentino.

Vahidi es Ministro del Interior de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra actualmente en Pakistán y Sri Lanka.

En ese sentido, la oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina, que a su vez solicitó a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto, según el comunicado.

El 12 de abril, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992, así como el de la AMIA dos años después, fueron ordenados por Irán, en un fallo considerado “histórico” por la comunidad judía.

La Cámara de Casación Penal Federal II señaló entonces al movimiento chiita Hezbolá como el perpetrador, declaró a Irán como un “Estado terrorista” y calificó el atentado a la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”.

En dos fallos separados divulgados ese día, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la necesidad de enjuiciar “en ausencia” a los acusados libaneses e iraníes, absolvieron al exmecánico argentino Carlos Telleldín por su supuesta implicación y redujeron condenas a otros acusados de encubrir la pesquisa.

- Memorándum de entendimiento -

El atentado a la AMIA fue el segundo contra la colectividad judía argentina, la más numerosa de Latinoamérica, después del perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos. Ambos ataques están impunes.

En 2006, tribunales argentinos pidieron la extradición de ocho iraníes, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.

Luego de ocupar este cargo en Defensa, el teniente general Vahidi fue nombrado ministro del Interior en 2021. Pero para el momento del ataque de Buenos Aires, el funcionario era comandante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones encubiertas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En 2013, la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán por el que se acordaba crear una “comisión de la verdad” para investigar el atentado. Además, se permitía a los fiscales argentinos interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba contra la AMIA.

El memorándum se alcanzó con el aval del Congreso argentino, pero nunca fue ratificado por el Poder Legislativo en Teherán.

Su firma obtuvo entonces la vehemente oposición de líderes de la comunidad judía, que lo tacharon de “inconstitucional”, y la mandataria fue acusada de encubrir a los responsables del atentado.

Esta causa contra Kirchner y varios de sus funcionarios fue abierta por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando la gobernante cumplía el último año de su segunda presidencia. Días después y cuando debía ser interpelado en el Congreso, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien, en un caso que conmocionó al país.

En octubre de 2021, la justicia argentina dictó el sobreseimiento de Kirchner, que para entonces era vicepresidenta de Alberto Fernández, luego de que un tribunal estimara que no hubo delito de parte de la entonces jefa de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación del memorándum.

“Algunos pactan. Otros exigimos la detención de los responsables del atentado a la AMIA”, escribió en la red X el subsecretario de prensa de la presidencia argentina, Javier Lanari, en un comentario reproducido por el presidente Javier Milei.

Fuente: AFP

El sector público registró en marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos (309 millones de dólares al cambio oficial), “logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año”, dijo Milei en cadena nacional.

“Es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008″, prosiguió, refiriéndose al primer año de gobierno de su rival política Cristina Kirchner.

Haber logrado esto “en tan solo tres meses de gobierno es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial”, estimó Milei.

El presidente asumió en diciembre determinado a reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares.

Para ello emprendió un draconiano ajuste que incluye, entre otros, la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población.

Un hombre sin manos ni piernas, que vendía medias frente a un centro comercial en Buenos Aires, fue brutalmente reducido por un policía ante la mirada de varios testigos que pedían que lo soltara.

El episodio, grabado por un vecino, muestra al agente de rodillas sobre el joven para inmovilizarlo en el suelo. “¡No soy un delincuente!”, repite varias veces el chico sobre la acera. Las imágenes no revelan el motivo de la detención.

“Por favor, por favor, señor, ya está (...) Largalo, largalo. Dejalo en paz, dejalo que se vaya. No tenés derecho”, se escucha a una mujer. A lo que el agente responde: “Señora, por favor, esto es un procedimiento policial”.

🇦🇷Un hombre sin manos ni piernas, que vendía medias frente a un centro comercial en Buenos Aires, fue brutalmente reducido por un policía ante la mirada de varios testigos que pedían que lo soltara. pic.twitter.com/nQcEAwS94j

— Sepa Más (@Sepa_mass) April 23, 2024

El líder social Juan Grabois, abogado y presidente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), compartió el video en las redes sociales y arremetió contra el agente.

“Ya denunciamos a este sádico disfrazado de policía atormentando a una persona que, aún sin piernas ni brazos, trabaja vendiendo medias para ganarse el pan. Al parecer, disgustaba a algun paquete del centro comercial de San Isidro. Este joven sí es un héroe y ¿así lo tratan? Frenemos la deshumanización. No dejemos pasar la crueldad”, escribió.

Según el medio Que Pasa Web, que cita a fuentes del Ministerio de Seguridad provinciales, el hombre “fue demorado por resistencia a la autoridad” y “ya contaba con antecedentes por la misma causa”.