“Estamos explorando dónde más podemos rebajar las restricciones”, dijo en una rueda de prensa el ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, después de que el jefe del Ejecutivo, Boris Johnson, anunciara por la mañana el fin de la obligación de llevar mascarilla en cualquier espacio, el teletrabajo y el pasaporte de vacunación.

“Debemos aprender a convivir con la covid de la misma forma que lo hacemos con la gripe”, dijo el ministro, que prevé presentar en primavera su plan para lidiar con el virus a largo plazo y que subrayó que el Reino Unido es “el país más libre de Europa” respecto a las limitaciones para evitar contagios.

El ministro puntualizó que la decisión sobre eliminar las cuarentenas obligatorias aún no está tomada, pero sostuvo que “es razonable pensar” que la covid se gestionará como otras enfermedades en las que “no se obliga a la gente legalmente a aislarse, sino que se pide que sean precavidos y actúen de manera sensata si están infectados”.

El uso de mascarillas en entornos educativos y la recomendación de teletrabajar se han abolido con efecto inmediato, mientras que los pasaportes covid y la mascarilla en todos los espacios públicos dejarán de estar vigentes la próxima semana.

Cerca de cien diputados del Partido Conservador se rebelaron en diciembre contra esas medidas, que el Ejecutivo tomó para hacer frente a la ola de la variante ómicron, y muchos de ellos dieron hoy la bienvenida a la decisión de Johnson de retirarlas.

El primer ministro lucha por mantenerse en el puesto ante la amenaza de que se inicie un proceso para destituirle como líder del partido si al menos 54 de sus diputados lo piden por escrito.

En el conjunto del país se notificaron hoy 108.069 nuevos contagios por coronavirus, un 16,6 % menos que el miércoles anterior. En los últimos siete días se han comunicado 1.865 muertes por covid, un 8,2 % más respecto a los siete anteriores.

Según los últimos datos oficiales, el martes estaban ingresadas 18.979 personas en hospitales británicos, frente a 21.280 hospitalizados que se alcanzaron en el pico de la primera oleada de la pandemia, en abril de 2020.

Fuente: AFP

“Lo estamos considerando”, declaró Trump a la prensa cuando le preguntaron si se estaba discutiendo una orden ejecutiva sobre el tema.

“Mucha gente quiere que se lleve a cabo la reclasificación, porque ello daría lugar a una gran cantidad de investigaciones que no se pueden realizar a menos que se reclasifique, así que la estamos considerando seriamente”, dijo.

A nivel federal, la marihuana está actualmente clasificada como una sustancia de la Lista I (1), al mismo nivel que drogas como la heroína y el LSD. El gobierno considera que estas drogas tienen un alto potencial de abuso y no tienen un uso aceptado para el tratamiento médico.

Sin embargo, decenas de estados de Estados Unidos ya cuentan con programas legales de marihuana medicinal, y muchos también han aprobado su uso recreativo.

Según un informe reciente de The Washington Post, Trump pretende impulsar una reclasificación a la Lista III, que incluye sustancias que se consideran con valor médico y menor potencial de abuso.

Esa categoría incluye la ketamina y los esteroides anabólicos.

La reclasificación no significa legalización ni despenalización, pero la flexibilización de las restricciones federales podría tener efectos en cadena, como la reducción de las barreras para llevar a cabo investigaciones.

También podría tener importantes implicaciones fiscales para las empresas que cultivan y venden cannabis de forma legal.

El presidente de Estados Unidos no puede reclasificar una droga de forma unilateral. The Washington Post informó de que se prevé que Trump firme una orden ejecutiva en la que se ordene a las agencias federales que procedan a la reclasificación.

La administración del demócrata Joe Biden ya había intentado la reclasificación, pero los esfuerzos se estancaron y no se completaron antes de que Trump asumiera el cargo a principios de 2025.

Un primer reporte suministrado el sábado dio cuenta de tres fallecidos, en El Torno, el municipio más afectado por la riada.

“Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos decenas de desaparecidos”, dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, en Santa Cruz, la capital económica de Bolivia.

Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche.

Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio.

“Mi hijo terminó durmiendo en el techo”, dijo a la AFP Elia Castro, una profesora de El Torno.

Su hijo, preso en un centro de detención de menores, tuvo que alcanzar las alturas del edificio, junto con más de un centenar de reclusos.

Los organismos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos, en medio del pronóstico de nuevas precipitaciones.

Fuente: AFP

“A estas alturas, las cuentas no salen para proteger a los agricultores franceses. Las exigencias de Francia no se han cumplido”, declaró París la noche del domingo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la presidenta de la Comisión Europea aplazar el examen del acuerdo, que debe ser adoptado entre el martes y el viernes, indicó su entorno.

Ese pulso abre una semana que ya se anunciaba agitada en Bruselas, donde los sindicatos agrícolas prometen hasta 10.000 manifestantes el jueves, durante una reunión europea de jefes de Estado y Gobierno.

Los agricultores de la UE se oponen a este acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El pacto favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas. A cambio, facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja suramericanas.

La Comisión Europea, por su parte, no ha variado su posición. “Esperamos contar con todas las condiciones para una firma el próximo fin de semana”, afirmó su portavoz, Paula Pinha.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, espera rubricar el tratado el sábado durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

“Es ahora o nunca”, insistió una fuente de la comisión sobre el acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron hace más de 25 años. Antes de volar a Brasil, Von der Leyen necesita el aval de los países europeos.

- “Un fracaso” -

El aplazamiento a 2026 pedido por Francia es rechazado por otros países.

“Si no hay un compromiso esta semana, nos arriesgamos a una grave crisis europea. Será un gran fracaso para la Comisión, para Alemania y para España”, advirtió un diplomático europeo en condición de anonimato.

Alemania, España y los países escandinavos, defensores acérrimos de este acuerdo, quieren relanzar sus exportaciones en momentos que la economía europea enfrenta la competencia china y los aranceles estadounidenses.

Por ello, Francia tendrá dificultades para bloquear este acuerdo, que solo requiere de una mayoría calificada para ser adoptado.

Para complicar la ecuación, antes de la decisión de los 27, se espera otra votación el martes en el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados examinan las medidas de “salvaguardia” destinadas a tranquilizar a los agricultores y ganarse el voto de Francia.

Con esas medidas, la UE promete un “seguimiento reforzado” de los productos más sensibles, como carne de vacuno, avicultura, arroz, miel, huevos, ajo, etanol y azúcar, con una intervención en caso de desestabilización del mercado.

Los gobiernos europeos aprobaron esa cláusula de salvaguardia, pero el Parlamento Europeo podría fortalecerla.

Incluso si Von der Leyen firma el tratado el sábado, el partido no habrá terminado: aún deberá ser votado en el Parlamento Europeo a inicios de 2026 para su adopción definitiva.

Fuentes internas prevén una votación ajustada en el Parlamento, donde pesarán las consideraciones nacionales.

Sin distingo de tendencias políticas, “todos los franceses votarán en contra, también la mayoría de los polacos”, anticipó un conocedor de los equilibrios parlamentarios.

También se opondrán la izquierda radical y la extrema derecha, con lo cual “llegamos a 300 opositores” al tratado, sobre un total de 720 eurodiputados, calcula este conocedor.

Fuente: AFP