Maduro ganó al obtener 5.823.728 votos con una participación de 8.6 millones de los más de 20 millones que estaban llamados a las urnas, lo que se traduce en uno de los porcentajes de participación más bajos de la historia venezolana.

El candidato que consiguió más votos después de Maduro fue el exgobernador Henri Falcón, que obtuvo 1.820.552 votos, mientras que el expastor evangélico Javier Bertucci logró el apoyo de 925.042 votantes y Reinaldo Quijada 34.614.

Otro tanto se anotan las alianzas opositoras Mesa de la Unidad Democrática y Frente Amplio que llamaron a la abstención por considerar que estos comicios eran fraudulentos y consiguieron que los centros electorales estuvieran desolados.

Los voceros del Frente aseguraron que la participación de este domingo en “esta farsa electoral” no llegó a 30 %.

El recién reelegido Maduro convocó a los tres candidatos derrotados y a los líderes promotores de la abstención a un diálogo para atender las diferencias y hacer frente a la crisis del país.

“A Henri Falcón, a Javier Bertucci (…) a todos los líderes de la oposición que nos reunamos, nos encontremos y hablemos de Venezuela, los invito aquí y asumo la responsabilidad de este llamado”, dijo Maduro desde las afueras del palacio de Miraflores, frente a centenares de simpatizantes.

El presidente repudió la posición de su principal adversario Henri Falcón que decidió desconocer el proceso y exigió que se celebren nuevas elecciones.

“No se había visto nunca en la vida que un candidato desconociera los resultados, sin que los resultados se hubieran dado, parece que no hay honor, no hay que buscar mucho de honor y de moral en filas opositoras”, dijo.

Antes de que finalizara la jornada electoral tanto Falcón como Bertucci denunciaron que a lo largo del día se registraron más de mil violaciones a la ley electoral cometidas por el chavismo gobernante y acusaron a Maduro de usar “puntos rojos” de control para obligar al “pueblo” a votar por el candidato a la reelección.

Asimismo, señalaron al oficialismo de “comprar votos” al ofrecer a bonos a los votantes que reportaran con el llamado “carné de la patria” haber sufragado por el candidato chavista, una tarjeta de identidad, que contiene una megadata de los electores.

También aseguraron que el chavismo practicó el “voto asistido” al acompañar a cientos de votantes a sufragar, lo que sería una participación bajo coacción.

Falcón afirmó que desconocerá los resultados por las reiteradas violaciones a los acuerdos preelectorares por parte de Maduro, y exigió que el proceso se repita en octubre de este mismo año.

“Nosotros desconocemos este proceso electoral categóricamente”, dijo el exgobernador poco antes de que se conocieran los resultados y señaló que no reconocerá estos comicios “como válidos”.

“Para nosotros no hubo elecciones, hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela”, indicó.

Bertucci, por su parte, pidió al ya reelegido presidente repetir las elecciones y señaló que “este país le quedó grande al candidato oficialista”.

“Le hago un llamado: lo más valiente que puedes hacer por Venezuela, es repetir las elecciones y dejar que esta nación renazca”, dijo al tiempo que llamó al país a no perder la esperanza.

Insistió en que Maduro tuvo “ventajismo” al ofrecer ayudas sociales con “los recursos del Estado” y al utilizar “los puntos rojos” para tratar “de comprar” y ofrecer “descaradamente bonos y dineros a las personas que votaban”.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció los resultados tras un brevísimo discurso en el que pidió “a todos y todas” a “nacionales e internacionales” que “respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela que decidió y decidió en paz”.

El Senado de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley según el cual la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, tendrá nueve meses para vender la red social, caso contrario, la aplicación se prohibirá en las tiendas de ‘apps’ estadounidenses, informan medios locales.

El visto bueno de la medida contó con 79 votos a favor y 18 en contra, mientras que la Cámara de Representantes ya la había aprobado el pasado sábado. Ahora, la legislación será enviada al presidente Joe Biden para su respectiva firma, con lo que entraría automáticamente en vigor.

El Congreso aprobó el proyecto de ley argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de TikTok con China. Legisladores y expertos en seguridad han afirmado que existen riesgos de que el Gobierno chino se apoye en ByteDance para acceder a datos sensibles pertenecientes a sus usuarios estadounidenses o para difundir propaganda, reporta The New York Times.

Según el diario, es probable que la medida se enfrente a desafíos legales, así como a la posible resistencia de Pekín, que podría bloquear la venta o exportación de tecnología. Tampoco está claro quién tiene los recursos para comprar TikTok, ya que su precio será elevado.

Desde la red social denunciaron que la iniciativa del Congreso “pisotearía los derechos a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses”.

“Uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA”, prosiguió el texto, firmado también por el ministerio de Seguridad argentino.

Vahidi es Ministro del Interior de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra actualmente en Pakistán y Sri Lanka.

En ese sentido, la oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina, que a su vez solicitó a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto, según el comunicado.

El 12 de abril, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992, así como el de la AMIA dos años después, fueron ordenados por Irán, en un fallo considerado “histórico” por la comunidad judía.

La Cámara de Casación Penal Federal II señaló entonces al movimiento chiita Hezbolá como el perpetrador, declaró a Irán como un “Estado terrorista” y calificó el atentado a la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”.

En dos fallos separados divulgados ese día, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la necesidad de enjuiciar “en ausencia” a los acusados libaneses e iraníes, absolvieron al exmecánico argentino Carlos Telleldín por su supuesta implicación y redujeron condenas a otros acusados de encubrir la pesquisa.

- Memorándum de entendimiento -

El atentado a la AMIA fue el segundo contra la colectividad judía argentina, la más numerosa de Latinoamérica, después del perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos. Ambos ataques están impunes.

En 2006, tribunales argentinos pidieron la extradición de ocho iraníes, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.

Luego de ocupar este cargo en Defensa, el teniente general Vahidi fue nombrado ministro del Interior en 2021. Pero para el momento del ataque de Buenos Aires, el funcionario era comandante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones encubiertas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En 2013, la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán por el que se acordaba crear una “comisión de la verdad” para investigar el atentado. Además, se permitía a los fiscales argentinos interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba contra la AMIA.

El memorándum se alcanzó con el aval del Congreso argentino, pero nunca fue ratificado por el Poder Legislativo en Teherán.

Su firma obtuvo entonces la vehemente oposición de líderes de la comunidad judía, que lo tacharon de “inconstitucional”, y la mandataria fue acusada de encubrir a los responsables del atentado.

Esta causa contra Kirchner y varios de sus funcionarios fue abierta por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando la gobernante cumplía el último año de su segunda presidencia. Días después y cuando debía ser interpelado en el Congreso, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien, en un caso que conmocionó al país.

En octubre de 2021, la justicia argentina dictó el sobreseimiento de Kirchner, que para entonces era vicepresidenta de Alberto Fernández, luego de que un tribunal estimara que no hubo delito de parte de la entonces jefa de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación del memorándum.

“Algunos pactan. Otros exigimos la detención de los responsables del atentado a la AMIA”, escribió en la red X el subsecretario de prensa de la presidencia argentina, Javier Lanari, en un comentario reproducido por el presidente Javier Milei.

Fuente: AFP

El sector público registró en marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos (309 millones de dólares al cambio oficial), “logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año”, dijo Milei en cadena nacional.

“Es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008″, prosiguió, refiriéndose al primer año de gobierno de su rival política Cristina Kirchner.

Haber logrado esto “en tan solo tres meses de gobierno es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial”, estimó Milei.

El presidente asumió en diciembre determinado a reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares.

Para ello emprendió un draconiano ajuste que incluye, entre otros, la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población.