En reunión de embajador de Guaidó con Abdo admiten posible invasión a Venezuela

Elliott Abrams, representante de EE.UU ante la embajada de Venezuela (designado por Juan Guaidó) se reunió con el presidente Mario Abdo Benitez en Washington, tras lo cual admitió que el uso de la fuerza militar contra Nicolás Maduro, es una posibilidad que "existe".


Fuente: El País.com /Agencias

Desde que el pasado mayo la misión diplomática en Washington de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por una cincuentena de países, tomó control de la residencia de la embajada venezolana en Estados Unidos no había recibido a ningún presidente. Este viernes eso cambió. Carlos Vecchio, el embajador venezolano ante EE UU, recibió al mandatario de Paraguay Mario Abdo Benítez. En el encuentro participaron autoridades como Elliott Abrams, representante estadounidense para Venezuela, quien afirmó que “existe” la opción de usar la fuerza para sacar a Nicolás Maduro del poder; Mauricio Claver-Carone, asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad, prometió acelerar la presión “de una manera dramática” para restablecer la democracia en el país latinoamericano.

Claver-Carone afirmó durante la ceremonia de reconocimiento al mandatario paraguayo que el compromiso de Washington “es acelerar la política, acelerar la presión de una manera dramática, sea como sea, hasta que termine la usurpación de la democracia en Venezuela”. Tras un fuerte aplauso del público, destacó que el presidente Trump “siempre ha estado muchos pasos más adelante” que el resto de su Gobierno en cumplir dicho objetivo y que este año ha estado trabajando para que estos se alineen. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, destacó la labor de Paraguay que “siempre ha sido un adelantado en la lucha contra la dictadura de Venezuela”.

“Ya estoy en suelo venezolano, me falta poco para estar en Venezuela”, sostuvo Abdo. Horas antes, el presidente de Paraguay sostuvo un encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en el que “reiteraron el apoyo de Estados Unidos y Paraguay a las democracias en la región, incluyendo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó”, según informó la presidencia paraguaya a través de un comunicado.

Vecchio destacó que Abdo fue “el primero en desconocer a la dictadura de Maduro” y que este viernes se convirtió “en el primer presidente en visitar una sede de Venezuela libre de usurpación”. El mandatario paraguayo afirmó que “no importan las consecuencias cuando se defienden causas justas, la causa de la libertad, la causa de la democracia, la casa de Venezuela es una causa justa”. Y agregó que “dentro de muy poco tiempo el bien va a triunfar” y servirá de ejemplo mundial para entender que “tenemos que ser solidarios quienes tenemos una misma visión”. “La diplomacia se tiene que hacer con valores y con principios y después los intereses. Le digo siempre a mis colaboradores que defiendan la causa de Venezuela como si estuvieran defendiendo a Paraguay”, aseguró.

Al acabar la ceremonia de reconocimiento, Abrams, que no se dirigió al público, respondió a los periodistas cómo veía las opciones de Guaidó de ser reelecto en enero como presidente de la Asamblea Nacional. “Lo que nosotros sabemos es que será reelecto. Todos los partidos, salvo el partido socialista, han dicho que van a apoyar a Guaidó para que pueda seguir adelante como el líder y el símbolo de la lucha para restablecer la democracia en Venezuela”. Además, reiteró que todas las opciones están sobre la mesa. “Nunca preferimos la utilización de la fuerza, nunca, es siempre muy complicado, pero existe [la opción]”, dijo.

 

El Gobierno argentino aumenta los impuestos a las exportaciones agropecuarias

El nuevo Gobierno de Argentina resolvió este sábado aumentar los impuestos a las exportaciones agropecuarias, una medida adoptada en medio de la crisis económica que atraviesa el país suramericano, uno de los mayores productores y exportadores de granos y derivados del mundo.


Fuente: EFE

Mediante un decreto y una resolución publicadas hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Alberto Fernández modificó el sistema de derechos de exportación que había puesto en marcha en septiembre de 2018 el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

En el decreto, se alega que la aplicación de derechos de exportación constituye "un instrumento esencial de la política económica nacional" y que "teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos".

Hasta ahora, las exportaciones agropecuarias estaban gravadas por una tasa de 4 pesos (6 centavos de dólar) por cada dólar exportado.

Pero el Ejecutivo alegó que desde que, se implementó ese esquema, "se produjo un deterioro del valor del pesos con respecto al dólar", "lo que ha representado, al 10 de diciembre de 2019, una devaluación mayor al 60%".

Con el nuevo esquema, se elimina el pago de esa tasa y se la sustituye por una alícuota del 9 % para todos los productos en general.

Pero para algunos productos, como la soja, el principal productos de exportación de Argentina y sobre la que hasta ahora pesaba ya una alícuota del 18 %, pasaría a tener una del 27 %.

El Gobierno ha cerrado hasta el próximo lunes del registro de exportaciones para hacer las modificaciones en el sistema, incorporando los nuevo derechos de exportación, conocidos también como "retenciones".

Alberto Fernández, que asumió la Presidencia argentina el martes pasado, había dejado ver durante la campaña la posibilidad de un aumento de las retenciones ante la necesidad de ingresos para hacer frente a las dificultades fiscales de Argentina, en recesión desde abril de 2018.

Los impuestos a las exportaciones fueron eje de un severo conflicto entre el sector rural y el Gobierno argentino en 2008, cuando Fernández era jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015).

Aquel conflicto incluyó prolongadas protestas por parte de las patronales rurales, con bloqueos de carreteras y huelgas de comercialización de productos agropecuarios, lo que en aquel año impactó de lleno en la actividad económica del país.

Alberto Fernández dejó la Jefatura de Gabinete a mediados de 2008, en medio del conflicto. EFE

 

Aprueban cargos del juicio contra Donald Trump

Washington.- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes los cargos contra el presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que el proceso queda listo para ser sometido a votación en esa cámara, de mayoría demócrata, donde previsiblemente se dará luz verde a un juicio político contra el mandatario en el Senado.


Fuente: EFE

En septiembre, los demócratas anunciaron la apertura de una investigación de juicio político a Trump, después de que un informante revelara a los servicios de Inteligencia el contenido de una llamada entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en julio en la que el estadounidense pidió al ucraniano que iniciara pesquisas contra su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden, y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo.

A lo largo de las audiencias de testigos, tanto a puerta cerrada como en público, ante varios comités de la Cámara Baja, los legisladores han escuchado detalles sobre cómo Trump condicionó ayuda militar y una visita de Zelenski a la Casa Blanca al inicio de esa investigación a los Biden.

EL CASO LLEGA AL PLENO DE LA CÁMARA BAJA

Tras el visto bueno del Comité Judicial de la Cámara Baja, el caso queda ya listo para ser sometido a una votación en el pleno.

Allí se espera que, gracias a la mayoría demócrata que ocupa 235 escaños frente a los 198 en manos de los republicanos, salga adelante el voto a favor de imputar políticamente a Trump.

Esta votación no tiene todavía fecha, aunque se espera que se produzca antes de que termine 2019 y muy posiblemente la próxima semana.

EL JUICIO POLÍTICO EN EL SENADO

Después de su aprobación en la Cámara de Representantes, el proceso pasará al Senado, donde es posible que en enero tenga lugar el juicio político propiamente dicho.

Tal y como establece la Constitución, durante el juicio político el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, delegará su cargo de presidente del Senado en el presidente del Tribunal Supremo John Roberts.

Durante el proceso, los senadores actúan como jurado y tienen que decidir si el presidente es “condenado” o “absuelto”.

Para destituir al mandatario es necesario que dos terceras partes de los senadores voten a favor de condenar a Trump, lo que se antoja poco probable en una cámara donde los republicanos tienen la mayoría con 53 legisladores, frente a 45 demócratas y dos independientes.

Existe además la opción de que los miembros del Senado envíen, antes de la conclusión del juicio político, una moción para desestimar los cargos contra el presidente, que tendría que aprobarse con mayoría simple.

¿PODRÍA NO HABER JUICIO POLÍTICO?

Cabe la posibilidad de que el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, bloquee el proceso y se niegue a celebrar un juicio político en la cámara. En 2016 ya rechazó acoger las vistas para confirmar un nominado a ocupar un puesto en el Supremo.

Sin embargo, esto no parece plausible, pues él mismo ha afirmado en diversas ocasiones que no lo hará: “Bajo las reglas del juicio político en el Senado, trataremos este asunto”, adelantó en octubre.

EL TERCER PRESIDENTE ENJUICIADO POLÍTICAMENTE

A la luz de estas declaraciones, casi con toda seguridad Trump se convertirá en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentarse a un “impeachment” en el Senado y el primero del siglo XXI; aunque con el anuncio de hoy es el cuarto en encarar cargos de este tipo.

Trump engrosará así una lista en la que están Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869), aunque ambos fueron absueltos por la Cámara Alta.

Clinton hizo frente a la acusaciones de obstrucción a la justicia y perjurio a raíz de la relación que mantuvo con la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky; mientras que Johnson fue imputado con once cargos por “graves delitos y mala conducta”.

No fue enjuiciado políticamente el presidente Richard Nixon (1969-1974), quien dimitió antes de que se iniciara su juicio político por el “Caso Watergate”, uno de los escándalos políticos más sonados de la historia estadounidense.

SI TRUMP FUERA DESTITUIDO ¿QUIÉN SE CONVERTIRÍA EN PRESIDENTE?

En el hipotético y poco probable caso de que Trump fuera destituido en el juicio político, el vicepresidente Mike Pence tendría que asumir la jefatura del Estado hasta el término del mandato del presidente, que expira en enero de 2021.

 

Chile: Piñera zafa del juicio político

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, sorteó este jueves el juicio político que buscaba asignarle responsabilidades políticas por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas, proceso que podía desembocar en su destitución.


Fuente: EFE

La Cámara de Diputados rechazó la acusación que pendía sobre el mandatario por haber "infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada".

Para ello se valió del oficialismo y de algunos diputados opositores del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que con 79 votos a favor -frente a 73- acogieron la llamada "cuestión previa" de la acusación, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución Política, tal como argumentó la defensa del presidente.

De esta manera se puso fin a la causa sin que llegase a debatirse en su fondo, y se entiende como no interpuesta.

EL PROCESO

El procedimiento por el que se juzgaba la responsabilidad política de Piñera se denomina "acusación constitucional" y faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad, que puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

La acusación constitucional contra el mandatario fue presentada el pasado 19 de noviembre por diez diputados de la oposición, y este miércoles una comisión de cinco diputados elegida al azar, que resultó de mayoría opositora, aprobó por tres votos frente a dos su admisibilidad para que esta llegara al Pleno en esta jornada.

Para que el proceso prosperase se requería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados chilena se sitúa en los 78 votos, y si bien la oposición cuenta con 83 legisladores frente a los 72 del oficialismo, varios diputados opositores ya se había mostrado con anterioridad contrarios a la acusación contra el presidente, como acabó sucediendo.

Se trataba de la segunda iniciativa de este tipo en la historia de Chile en contra de un presidente en el ejercicio de su cargo, después de la presentada en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo.

LA DEFENSA DE PIÑERA

El debate, que se extendió por seis horas, comenzó con la exposición de la defensa del presidente, ejercida por el abogado Juan Domingo Acosta.

Acosta refutó la procedencia formal del libelo acusatorio y la correspondencia del caso con los requerimientos constitucionales, alegando que no se asignan a Piñera "actos de su administración", sino omisiones por "posibles" actos de terceros relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, sostuvo que las imputaciones apuntan a generalidades, no a actos personales, y que existe una institucionalidad que funciona, en donde es posible perseguir los delitos que se registren.

"Se vulnera el debido proceso al imputarse conductas no precisas y asignar suposiciones, sin especificar cómo ello se concreta", agregó Acosta en su exposición.

LAS REACCIONES

Tras el rechazo de la acusación constitucional, la ministra portavoz del Gobierno, Karla Rubilar, afirmó en Twitter que "Hoy se ha hecho justicia. Agradecemos a los diputados que decidieron no respaldar una acusación sin fundamentos y que sólo dañaba nuestra institucionalidad".

En un sentido similar se manifestó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien dijo que "la acusación no tenía mérito ni fundamento".

Por contra, desde la oposición se criticó a los diputados que no permitieron que la acusación avanzara y fuese al menos discutida en su fondo.

"La pregunta que hay que hacerle a los parlamentarios del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que votaron con la derecha, es ¿qué le faltaba a la acusación en la forma para que ellos no permitieran dar el debate?", dijo a la prensa el diputado Jorge Brito, de Revolución Democrática.

El diputado socialista Jaime Naranjo dijo que con este resultado se ha establecido la "impunidad política" de Piñera, pero que "desde el punto vista moral, ético y social, no tiene impunidad".

El pasado 18 de octubre comenzó el estallido social chileno contra el modelo económico neoliberal del país, con manifestaciones pacíficas masivas y eventos de extrema violencia que hasta el momento han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos.

Asimismo, sobre los agentes del Estado recaen centenares de denuncias por ejercer represión para contener las protestas y cometer presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas cinco de las muertes que se han dado en este tiempo.