El próximo lunes entregará 101.760 dosis de AstraZeneca a Ecuador, mientras que Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y Surinam recibirán próximamente nuevas remesas de vacunas donadas por España a través del instrumento solidario internacional Covax, informó el Ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En esta línea progresiva, está previsto que España done este verano alrededor de seis millones de vacunas a América Latina y el Caribe.

Los beneficiarios han sido seleccionados por Covax sobre la base de las necesidades epidémicas de los países de la región, con criterios de la Organización Panamericana de la Salud.

Estos envíos se suman a las donaciones ya efectuadas en julio a Perú (101.760), Guatemala (201.600), Paraguay (253.440) y Nicaragua (97.920).

Todas estas entregas tienen lugar en virtud del acuerdo firmado entre el fabricante AstraZeneca, Covax y España.

Según el plan aprobado por el Gobierno en enero pasado, España se ha comprometido a donar 22,5 millones de dosis, de las que 7,5 millones irán a Latinoamérica.

Las donaciones se canalizan a través de COVAX –un mecanismo coordinado por GAVI, la Alianza para las Vacunas, la Coalición para la Innovación en la Preparación contra Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, con el apoyo logístico de Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en línea con la voluntad de España de articular una respuesta multilateral a la crisis provocada por la COVID-19.

España, a través del trabajo conjunto y coordinado de los Ministerios de Exteriores y Sanidad, realiza estas donaciones de vacunas en estrecha coordinación con la UE y sus Estados miembros en el marco del Team Europe –Equipo Europa, que hasta el momento han contribuido con casi 3.000 millones de euros a COVAX y comprometido la donación de 200 millones de dosis.

El objetivo del mecanismo es inmunizar a, como mínimo, el 20 % de la población de las 190 naciones que lo integran antes de que termine el año.

El Ejecutivo español, que dirige Pedro Sánchez, comenzó a entregar las vacunas una vez que se alcanzó el 50 % de inmunizados en España (actualmente son el 62,2 %).

La justicia le recordó que puede revocar el arresto domiciliario si viola condiciones pautadas al “perturbar la tranquilidad del vecindario”, luego de que cientos de personas se reunieran frente a su casa bajo la consigna “Cristina libre” el domingo pasado.

La escena es habitual desde que fue condenada en una sentencia que la ex mandataria atribuye a una “persecución política”.

Para el próximo sábado está convocada una nueva marcha de respaldo a Kirchner, que sigue siendo la principal figura de la oposición al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, reza la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

La justicia la reprendió por su supuesta participación en el despliegue de una enorme bandera que unió su balcón, en un segundo piso de la calle San José de la capital argentina, con un edificio vecino con la leyenda “De San José a La Rosada”, en alusión a la sede gubernamental.

Según detalles del escrito que cita la prensa local, se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera al balcón desde donde suele saludar a sus seguidores.

Kirchner, de 73 años, fue condenada el 17 de junio de 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato.

Su inhabilitación para cargos públicos ha abierto un debate al interior del peronismo.

Su liderazgo “ya había sido desafiado por varios gobernadores” antes de su condena, dijo a la AFP el analista político Andrés Malamud. “Su prisión aceleró no la sucesión, sino la fragmentación del peronismo”, añadió.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura que emerge como posible nuevo líder del espacio.

Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de la defensa de la exmandataria para evitar un decomiso millonario de sus bienes.

El precio del barril de Brent mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 5,06% hasta 78,96 dólares. Es la primera vez que baja de los 80 dólares desde comienzos de marzo.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio, perdió un 5,82% hasta 76,05 dólares el barril.

“Así como vimos un frenesí de compra al comienzo de la guerra en Medio Oriente (...) ahora ocurre lo contrario”, dijo a la AFP Stephen Shorck, analista de The Shorck Group, al hablar de un “éxodo” de inversores.

Estados Unidos e Irán firmarán el viernes un memorando de entendimiento en Suiza para poner fin al conflicto. Marcará el inicio de dos meses de negociaciones, con el primer paso siendo la esperada apertura del estrecho de Ormuz. Por allí normalmente pasa una quinta parte de la producción global de petróleo.

Los precios del crudo también estuvieron bajo presión el martes por un artículo del Wall Street Journal que informó que Washington permitiría a Teherán reiniciar de inmediato la venta de petróleo y combustibles por el acuerdo.

Desde el anuncio del domingo, los precios del oro negro han caído cerca de un 9%, pero se mantienen por encima de los niveles preguerra.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por pretender aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

La sentencia, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de “coacción” contra la corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara por su padre.

“No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país”, sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes.

La justicia condenó al exdiputado de 41 años en medio de tensiones entre Washington y Brasilia tras un encuentro en mayo entre Trump y otro hijo del expresidente brasileño, el senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula para los comicios presidenciales de octubre.

Cuatro jueces de la corte acogieron el argumento de la fiscalía, que imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre.

Eduardo Bolsonaro también quedará inelegible para cargos públicos por ocho años tras cumplir su pena.

Su condena “es una demostración más de que la oposición en este país está siendo cazada”, sostuvo en X el líder del bolsonarismo en Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante.

- Relación de altibajos -

El hijo del exmandatario se ha reunido con autoridades del gobierno de Trump y se ha vinculado con redes políticas conservadoras estadounidenses para conseguir apoyo para su padre.

Este lobby resultó eficaz en un comienzo: Washington impuso en 2025 aranceles punitivos del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara como una “cacería de brujas” el juicio a su aliado político Bolsonaro.

Luego de un acercamiento entre Lula y Trump, buena parte de estos aranceles fueron retirados, así como sanciones financieras que Washington había impuesto al juez Moraes tras pedido de Eduardo Bolsonaro.

Desde entonces la relación bilateral entre los gobiernos de ambos países volvió a tensarse.

Estados Unidos amenazó este mes con imponer nuevos aranceles de 25% a productos brasileños, por supuestas prácticas comerciales desleales.

También designó como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, pese al rechazo de Lula.

Ambos anuncios se produjeron días después de que Trump recibiera a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca.

Eduardo Bolsonaro fue despojado de su escaño en diciembre, tras ausentarse durante meses de la Cámara.

Jair Bolsonaro cumple actualmente su condena en su casa en Brasilia, gracias a un permiso temporal por razones de salud.