Aunque el Partido Gabriela, que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para legalizar el divorcio en 2010, las constantes presiones de la Conferencia Episcopal de Filipinas, extremadamente influyente, han impedido que salga hacia delante.

“El matrimonio es y debería ser un esfuerzo continuo. Si facilitamos el divorcio es menos probable que una pareja intente superar sus diferencias (…) porque va a existir una salida fácil a sus incompatibilidades”, mantiene el presidente de la organización eclesiástica, Socrates Villegas.

La reacción es aún más contundente ante el reciente progreso en la Cámara de Representantes de Filipinas de una ley que reconocería el divorcio entre un ciudadano extranjero y un filipino concedido en otro país sin necesidad de un proceso judicial, y que permitiría a este último volver a casase.

“Esto es obra del demonio.(..) Este tipo de leyes van en contra de Dios y son inmorales”, dijo en un comunicado el arzobispo de Lipa, Ramon Arguelles.

La Conferencia Episcopal de Filipinas tiene muy clara su postura frente al divorcio, pero las encuestas publicadas en los últimos meses exponen resultados diametralmente opuestos e indican que la sociedad filipina se debate entre la aceptación y el rechazo.

Entretanto, datos facilitados por una representante del Partido de Mujeres Gabriela, Luzviminda Ilagan, apuntan a un notable ascenso de solicitudes de anulación de matrimonio, ya que en 2001 fueron 4.520, y en 2011 se sobrepasaron los 10.500.

Este incremento se produce pese al complicado proceso de anulación, que según varias fuentes consultadas suele tardar entre 3 y 4 años y puede llegar a costar entre 280.000 y 500.000 pesos (de 6.000 a 10.700 dólares), una suma que sólo los filipinos más privilegiados se pueden permitir.

Fue el caso de Ging, una filipina ahora afincada en EEUU que decidió poner fin a su matrimonio y tuvo que alegar incapacidad psicológica de su pareja en la petición de nulidad.

“Nos tuvimos que someter a pruebas psicológicas y testificar en los tribunales. Después de un proceso largo, nos dieron la nulidad matrimonial completa 3 años y medio después”, dice a Efe Ging, que prefiere no revelar su apellido para permanecer en el anonimato.

“Sé que soy afortunada, porque con lo difícil que es salir de un matrimonio en mi país, muchos filipinos se ven forzados a seguir casados a pesar de estar en una relación violenta, dañina, y sin ningún tipo de amor”, afirma la joven.

Para Isagani Espinosa, un marinero filipino de 46 años, el procedimiento está siendo todavía más largo, puesto que sigue esperando su nulidad matrimonial 10 años después de haberla solicitado.

“Me separé en 2005 y presenté mi solicitud de nulidad matrimonial, y ahora tengo otra pareja con la que me quiero casar pero no puedo porque sigo esperando a que me la concedan”, se queja.

“Lo que tengo muy claro es que cuando por fin la consiga, me casaré de nuevo, pero no en Filipinas, por supuesto. Aquí es todo demasiado complicado”, apunta Espinosa.

En el Estado con mayor número de católicos de Asia, los únicos que lo tienen más fácil para romper sus matrimonios son los musulmanes, un 11 por ciento de la población, que gracias a una ley especial aprobada en 1977 tienen permitido divorciarse.

Fuente: AFP

El mandatario de la principal potencia latinoamericana enfrenta un desafío económico inédito, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara el miércoles gravámenes adicionales de 50% a las importaciones de origen brasileño.

“No tengo dudas de que primero vamos a intentar negociar”, dijo Lula en una entrevista al canal Record TV, de la que un fragmento fue divulgado en las redes sociales del presidente.

“Pero si no hay negociación, la ley de reciprocidad será puesta en práctica. Si él nos cobra 50%, nosotros le cobramos 50% a él”, añadió.

Lula ya había aludido la noche del miércoles a la Ley brasileña de Reciprocidad Económica en respuesta a los nuevos gravámenes anunciados por Trump, que deberían de comenzar a aplicarse el 1 de agosto.

Aprobada en abril por el Congreso brasileño después de que el líder estadounidense anunciara aranceles del 10% a las importaciones brasileñas, la ley autoriza al Ejecutivo a decidir sobre suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relacionadas a derechos de propiedad intelectual.

Lula dijo a Record TV que su gobierno entabla desde hace meses negociaciones comerciales con Washington.

No descarta, sin embargo, recurrir a la Organización Mundial del Comercio, apuntó.

El mandatario incluso dijo que creará un comité para “repensar la política comercial brasileña con Estados Unidos”.

“Si Estados Unidos no quiere comprar, vamos a buscar a quien quiera”, afirmó.

El comercio entre los dos países alcanzó 41.700 millones de dólares entre enero y junio, con 20.021 millones para las exportaciones desde Brasil y 21.695 para los productos estadounidenses, según datos del gobierno brasileño.

De acuerdo con Lula, el comercio entre Brasil y Estados Unidos representa “apenas 1,7% del PIB” brasileño.

Trump es conocido por solidarizarse con sus aliados, como el ultraderechista Bolsonaro, con quien mantuvo una relación estrecha durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), y arremeter contra quienes considera sus rivales.

La relación con Lula, un izquierdista, es tirante.

El gobierno brasileño convocó a Gabriel Escobar, actual número uno de la embajada estadounidense en Brasil, para pedirle explicaciones sobre una nota de la legación que describe a Bolsonaro, juzgado por intento de golpe de Estado, como víctima de “persecución política”.

A miles de kilómetros de Brasilia, Trump contraatacó con aranceles, una de sus armas predilectas que usa a discreción, incluso con aliados. Tanto es así que en 2019, cuando gobernaba Bolsonaro, ya amenazó a Brasil con aranceles al acero.

Esta vez amenaza al Brasil de Lula.

“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump en una carta destinada a Lula.

- “Caza de brujas” -

“Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE”, añadió en su plataforma Truth Social.

Desde el lunes, una veintena de países han recibido una carta que les anuncia el recargo que Estados Unidos aplicará a partir del 1 de agosto a sus productos, pero la misiva de Brasil tiene una fuerte carga política.

“Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses (...) cobraremos a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños”, afirmó Trump.

El gravamen adicional es independiente de los aranceles sectoriales, como el 50% impuesto ya al acero y aluminio. Brasil es el segundo proveedor de acero a Estados Unidos.

Trump recalca que el “50% es mucho menos de lo necesario para lograr la igualdad de condiciones”. En realidad el comercio entre los dos países alcanzó los 41.700 millones de dólares entre enero y junio, con 20.021 millones para las exportaciones desde Brasil y 21.695 para los productos estadounidenses, según datos del gobierno brasileño.

Trump ordenará además a su representante comercial Jamieson Greer abrir “de inmediato una investigación” por “los continuos ataques de Brasil a las actividades de comercio digital de empresas estadounidenses, así como a otras prácticas comerciales desleales”.

Parece hacer alusión a un bloqueo por decisión de la justicia brasileña de Rumble, una plataforma para compartir videos popular entre grupos conservadores, por negarse a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos buscado por difundir desinformación.

- Posible “reciprocidad” -

Lula reaccionó en la red social X diciendo que Brasil puede actuar en “reciprocidad”, en un claro desafío a Trump, quien avisó que si lo hace el porcentaje subirá.

“La cantidad que elija se añadirá al 50% que cobramos”, escribió en Truth Social.

Lula, que derrotó con estrecho margen a Bolsonaro en las elecciones de 2022, respondió también a las otras críticas.

Recordó que el juicio a Bolsonaro “es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza” y que “la libertad de expresión no se confunde con agresión o prácticas violentas”.

“Para operar en nuestro país todas las empresas nacionales y extranjeras están sometidas a la legislación brasileña”, afirmó el presidente.

El lunes Trump ya había acudido a sus redes sociales para afirmar que Bolsonaro es objeto de “una caza de brujas” y pedir a las autoridades brasileñas que dejen al expresidente “en paz”.

El exmandatario brasileño de extrema derecha es acusado de liderar una “organización criminal” que planeó un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral. Él lo niega.

Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña para conseguir apoyo del gobierno a su padre.

Trump tiene a Brasil en la diana por otros motivos.

El republicano acusa a los BRICS, un bloque formado por 11 economías emergentes, incluidas Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de tener “políticas antiestadounidenses” y amenaza con imponer aranceles adicionales del 10% a quienes se alineen a ellos.

Lula rechazó el lunes esas declaraciones durante una cumbre del bloque en Rio de Janeiro. “No queremos un emperador”, afirmó.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, anunció el cambio de las normativas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en una rueda de prensa en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

“En estos 20 años, nuestra tecnología de seguridad ha cambiado radicalmente. Ha evolucionado. La TSA ha cambiado. Ahora la seguridad se aborda desde una perspectiva gubernamental a varios niveles”, declaró Noem.

El 22 de diciembre de 2001 el británico Richard Reid fue controlado a bordo de un vuelo de American Airlines entre París y Miami cuando intentaba hacer estallar sus zapatillas deportivas que contenían un explosivo.

Las medidas de seguridad durante el embarque se hicieron más rigurosas a raíz del incidente y desde 2006 los pasajeros de los aeropuertos estadounidenses están obligados a descalzarse durante los controles y pasar sus zapatos por un escáner.

Reid se declaró culpable de terrorismo y otros cargos y cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado.