Aunque el Partido Gabriela, que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para legalizar el divorcio en 2010, las constantes presiones de la Conferencia Episcopal de Filipinas, extremadamente influyente, han impedido que salga hacia delante.

“El matrimonio es y debería ser un esfuerzo continuo. Si facilitamos el divorcio es menos probable que una pareja intente superar sus diferencias (…) porque va a existir una salida fácil a sus incompatibilidades”, mantiene el presidente de la organización eclesiástica, Socrates Villegas.

La reacción es aún más contundente ante el reciente progreso en la Cámara de Representantes de Filipinas de una ley que reconocería el divorcio entre un ciudadano extranjero y un filipino concedido en otro país sin necesidad de un proceso judicial, y que permitiría a este último volver a casase.

“Esto es obra del demonio.(..) Este tipo de leyes van en contra de Dios y son inmorales”, dijo en un comunicado el arzobispo de Lipa, Ramon Arguelles.

La Conferencia Episcopal de Filipinas tiene muy clara su postura frente al divorcio, pero las encuestas publicadas en los últimos meses exponen resultados diametralmente opuestos e indican que la sociedad filipina se debate entre la aceptación y el rechazo.

Entretanto, datos facilitados por una representante del Partido de Mujeres Gabriela, Luzviminda Ilagan, apuntan a un notable ascenso de solicitudes de anulación de matrimonio, ya que en 2001 fueron 4.520, y en 2011 se sobrepasaron los 10.500.

Este incremento se produce pese al complicado proceso de anulación, que según varias fuentes consultadas suele tardar entre 3 y 4 años y puede llegar a costar entre 280.000 y 500.000 pesos (de 6.000 a 10.700 dólares), una suma que sólo los filipinos más privilegiados se pueden permitir.

Fue el caso de Ging, una filipina ahora afincada en EEUU que decidió poner fin a su matrimonio y tuvo que alegar incapacidad psicológica de su pareja en la petición de nulidad.

“Nos tuvimos que someter a pruebas psicológicas y testificar en los tribunales. Después de un proceso largo, nos dieron la nulidad matrimonial completa 3 años y medio después”, dice a Efe Ging, que prefiere no revelar su apellido para permanecer en el anonimato.

“Sé que soy afortunada, porque con lo difícil que es salir de un matrimonio en mi país, muchos filipinos se ven forzados a seguir casados a pesar de estar en una relación violenta, dañina, y sin ningún tipo de amor”, afirma la joven.

Para Isagani Espinosa, un marinero filipino de 46 años, el procedimiento está siendo todavía más largo, puesto que sigue esperando su nulidad matrimonial 10 años después de haberla solicitado.

“Me separé en 2005 y presenté mi solicitud de nulidad matrimonial, y ahora tengo otra pareja con la que me quiero casar pero no puedo porque sigo esperando a que me la concedan”, se queja.

“Lo que tengo muy claro es que cuando por fin la consiga, me casaré de nuevo, pero no en Filipinas, por supuesto. Aquí es todo demasiado complicado”, apunta Espinosa.

En el Estado con mayor número de católicos de Asia, los únicos que lo tienen más fácil para romper sus matrimonios son los musulmanes, un 11 por ciento de la población, que gracias a una ley especial aprobada en 1977 tienen permitido divorciarse.

“La Armada iraní atacó bases estaidounidenses y territorios ocupados (por Israel) con una oleada masiva de ataques con drones”, informaron las fuerzas armadas en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias iraní Irna.

Entre los objetivos mencionados se encuentran la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos y que alberga a soldados norteamericanos, y la de Udairi, en Kuwait, así como “los radares de la instalación estratégica de Sdot Micha” en Israel, según la misma fuente.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Según un documento publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense, las transacciones con la Companía General de Minería de Venezuela (Minerven) o sus filiales vuelven a estar autorizadas.

La licencia solo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar el metal precioso.

Prevé un procedimiento de trazabilidad para garantizar que el oro provenga efectivamente de Venezuela, y prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano. Pero mantiene el control sobre el proceso: el producto generado por la venta de crudo, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar.

Este procedimiento también se aplicará a las ventas de oro.

La licencia del Tesoro sobre el oro venezolano se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera el jueves una visita de dos días a Venezuela, y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos.

Burgum, quien durante la visita mantuvo conversaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, dijo que decenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela.

El gobierno de Trump afirma que administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras el derrocamiento de Maduro durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Tras la captura de Maduro y su esposa, trasladados en avión a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, se convirtió en febrero en el primer alto funcionario estadounidense en viajar a Venezuela.

Además de petróleo, Venezuela es rica en minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros utilizados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.

Aislados del mundo en una mansión con piscina, ciudadanos comunes compiten en desafíos bajo el escrutinio de cámaras y micrófonos que los vigilan 24 horas al día.

La investigación del Ministerio Público Federal (MPF) nace de “relatos de episodios convulsivos” vividos por un participante “durante una prueba de resistencia” de la temporada actual del programa, detalló el organismo en un comunicado.

Se investigan “posibles prácticas de tortura y tratos inhumanos o degradantes”.

El MPF también llamó la atención sobre un castigo denominado “cuarto blanco”, un espacio con un “pedestal de diámetro ínfimo” en el que los participantes permanecen confinados durante largos períodos de tiempo.

Esta práctica “guarda semejanza” con torturas usadas durante la dictadura militar (1964-1985), afirmó la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos en una carta dirigida al MPF.

En enero, una participante se desmayó luego de pasar más de 100 horas recluida, denunció esta comisión estatal que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura.

Para el procurador a cargo del caso, Julio Araujo, “las condiciones impuestas por la producción exponen la salud de los involucrados a riesgos innecesarios”.

Creado en Holanda en 1999 y al aire en Brasil desde 2008, Gran Hermano ocupa una franja en el horario de máxima audiencia de TV Globo, la mayor cadena del país.

En la temporada actual, los participantes compiten por un premio equivalente a más de un millón de dólares.

El voto popular define al ganador. Esta temporada, el programa llegó a registrar tres millones de votos en una sola ronda eliminatoria, según TV Globo.

En un documento enviado al MPF, la emisora afirmó que las grabaciones cuentan con “acompañamiento médico permanente” y que el participante que sufrió episodios convulsivos fue llevado a un centro médico en dos ocasiones.

Pero el MPF considera que “la normalización del sufrimiento ajeno como forma de espectáculo es incompatible con los objetivos fundamentales de la República”.

Fuente: AFP