Boluarte tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo su abogada defensora Kelly Montenegro al diario El Comercio.

“Si la fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial”, agregó al diario El Comercio.

“Nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, dijo la letrada.

Boluarte había dicho el viernes que “yo estaré asistiendo con sumo agrado para contestar las preguntas que me hicieran”.

La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

El jefe de gabinete, Alberto Otárola (exministro de Defensa), el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El día de su comparecencia, Boluarte cumple tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta al mandatario Pedro Castillo, quien fue detenido tras ser destituido por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado, en momentos que que era sometido a investigaciones por presunta corrupción.

Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.

Cirujanos estadounidenses han practicado el segundo trasplante de riñón de cerdo en la historia, en esta ocasión, a una mujer que padecía una combinación de insuficiencia cardíaca y renal. La complejidad de su caso requirió dos intervenciones en un lapso de 8 días, y primero se le colocó una bomba cardíaca artificial para reforzar su corazón debilitado.

Lisa Pisano, de 54 años y residente en Nueva Jersey, es la primera mujer en recibir un riñón de cerdo en Estados Unidos y también es la segunda persona viva a la que se ha sustituido su órgano urinario defectuoso por uno de origen animal.

El riñón se obtuvo de un cerdo modificado genéticamente, que sirvió también como donante del timo, un órgano del sistema inmunitario que los médicos consideraron imprescindible trasplantar para evitar que el organismo humano rechace el nuevo órgano.

“Estaba al final del camino”, comentó Pisano a AP. “Aproveché la oportunidad. En el peor de los casos, si no funcionara para mí, quizás funcionaría para otro y podría ayudar a la siguiente persona”, agregó.

La paciente muestra una mejora, ya que su riñón porcino comenzó a producir orina inmediatamente en el quirófano del Instituto Langone de Trasplantes de la Universidad de Nueva York, donde recibe el tratamiento.

Otro centro médico estadounidense, el Hospital General de Massachusetts, dio de alta a comienzos de abril a la primera persona que recibió un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente. El médico Tatsuo Kawai dijo que el paciente de 62 años había experimentado un susto de rechazo temprano en marzo, pero se recuperó y va bien cinco semanas después del trasplante.

La Policía brasileña investiga si hay alguna implicación en la muerte del policía militar Clédio Vilela Cardoso, de 53 años, quien, tras su muerte, fue devorado por perros en una finca de Pirenópolis, en la periferia del Distrito Federal.

Sus huesos fueron encontrados el domingo pasado por amigos que lo extrañaban en las misas de la iglesia. Los restos yacían en el suelo fuera de la casa junto a una mesa y una silla.

Según el jefe de policía Tibério Martins, la policía inicialmente creyó que Clédio estaba enfermo, ya que no había sangre aparente ni signos de violencia en el lugar. Sin embargo, la Policía está a la espera de los resultados del peritaje para determinar si hubo algún traumatismo y la participación de un delincuente.

“Los tejidos del cuerpo ya no se pueden analizar, pero la policía todavía puede comprobar los huesos para ver si hay algún traumatismo, fractura o signos de violencia externa. Si hay evidencia de que hubo actuación de terceros, la policía investigará para determinar detalladamente este hecho”, dijo el investigador.

Clédio ingresó en la Policía Militar en 2000 y, según el jefe de policía, actualmente estaba en reserva. Perdió a su hijo en 2019. Vivía solo en una finca en la zona rural de Pirenópolis y fue visto por última vez por un vecino el 8 de abril. El hombre había criado a seis perros, que llevaban dos semanas sin comer, por lo que se presume que los canes devoraron, por hambre, el cuerpo del hombre fallecido.

🔞🇧🇷 | Policía Militar brasileño fallece y su cuerpo es devorado por sus propios perros en la periferia del Distrito Federal.

Clédio Vilela Cardoso, de 53 años, vivía sólo en una granja, había criado a seis perros que llevaban dos semanas sin comer, la policía presume que los… pic.twitter.com/HRVV1QASG7

— ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) April 24, 2024

Fuente: AFP

Este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo, apuntando a dirigentes con amplia popularidad como Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es favorita en las encuestas, pero quedó inelegible para los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.

Las sanciones fueron anunciadas por un período de 15 años para los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas, y José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda (centro).

También fueron inhabilitados por 15 años los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, excalde del municipio Sucre (2008-2017), mientras que la sanción fue de 12 meses para el exparlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, otro inhabilitado por la Contraloría, en 2017.

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Las resoluciones donde están asentadas las inhabilitaciones tienen fecha del 16 de abril de 2024, según el documento publicado por la Contraloría en su sitio oficial.

Capriles, Ocariz, Guanipa y Caldera forman parte del partido Primero Justicia (PJ), cuyo control fue otorgado al disidente José Brito, señalado como colaboracionista del gobierno, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tachado de ser afín al chavismo gobernante.

Los cinco inhabilitados son “potenciales candidatos a cargos regionales y parlamentarios”, indicó Eugenio Martínez, experto en temas electorales, en un mensaje en X.

En 2025 deben celebrarse elecciones a alcaldes y gobernadores en Venezuela.