Gobierno argentino también presenta proyecto de ley para adoptar medidas sanitarias

El Gobierno de Argentina remitió este lunes al parlamento un proyecto de ley que permita al Ejecutivo nacional y a los Gobiernos provinciales adoptar medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de covid-19 y evitar que las restricciones sean impugnadas en la Justicia.

El proyecto de ley de restricciones sanitarias distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Ejecutivo nacional, los gobernadores de provincias y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires.

El envío de este proyecto ya había sido anticipado días atrás por el presidente argentino, Alberto Fernández, luego de la disputa generada con el alcalde capitalino, el opositor Horacio Rodríguez Larreta.

El conflicto se generó por la decisión de Fernández de suspender las clases presenciales en Buenos Aires como medida para hacer frente a la segunda ola de covid-19, pero el alcalde fue a la Justicia en contra de la medida, alegando la autonomía de la ciudad, y la Corte Suprema falló a favor de Rodríguez Larreta.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha dictado restricciones mediante decretos presidenciales en el marco de la emergencia sanitaria.

El proyecto de ley remitido este lunes al Congreso establece que las provincias continuarán ejerciendo el control y fiscalización de las medidas sanitarias, mientras que la adopción de nuevas restricciones la hará el Ejecutivo nacional o las autoridades locales, dependiendo de la categoría sanitaria de cada sitio en base a diversos criterios epidemiológicos.

Así, las autoridades locales podrán disponer medidas focalizadas en lugares de menos de 40.000 habitantes y de “mediano riesgo” sanitario.

Pero será el Ejecutivo nacional el que determine las restricciones en los lugares de “alto riesgo” sanitario y de “alarma epidemiológica”, previa consulta con los gobernadores y el alcalde capitalino y con intervención del Ministerio de Salud argentino.

En los lugares de “alto riesgo”, las autoridades locales pueden establecer restricciones adicionales a las dispuestas por el Ejecutivo nacional, pero no menores.

En tanto, el Ejecutivo nacional también queda habilitado para moderar o suspender las prohibiciones dispuestas en zonas de “alto riesgo”.

CRITERIOS SANITARIOS

La iniciativa, que, de aprobarse, tendrá vigencia hasta finales de este año, prevé que todas las medidas que se adopten tengan carácter temporal y sean revisadas a los 21 días de adoptadas.

El proyecto no distingue entre zonas geográficas del país, sino que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios en base a los cuales se clasificará cada zona.

De acuerdo al proyecto, la modificación de los parámetros para determinar la existencia de bajo, medio o alto riesgo y de alarma sanitaria queda en manos del Ministerio de Salud nacional, previa consulta con los ministros de Salud de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la suspensión de las clases presenciales, eje de la polémica con el Gobierno capitalino, se dispone únicamente para los lugares de “alarma epidemiológica”.

RECHAZO OPOSITOR

El proyecto promete generar un álgido debate en el Parlamento, de mayoría oficialista.

El diputado Mario Negri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, el mayor frente de oposición en Argentina, anticipó este lunes, horas antes de que el Ejecutivo enviara la iniciativa al Parlamento, que su espacio votará en contra del proyecto.

“No vamos a votar superpoderes para el presidente. Desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro decreto de necesidad y urgencia”, dijo Negri a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según el diputado opositor, “los resultados están a la vista” con una “pésima gestión de la pandemia y de la economía”.

“La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional”, sostuvo.

Argentina acumula desde la irrupción de la pandemia en el país, en marzo de 2020, un total de 3,1 millones de positivos y 67.821 fallecimientos por covid-19.

Quién es la modelo de 60 años que competirá por ser la nueva Miss Universo Argentina

Abogada y periodista, la mujer fue elegida como Miss Buenos Aires 2024.

Con 60 años, Alejandra Marisa Rodríguez se coronó como Miss Buenos Aires 2024. “Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza”, destacó la mujer que competirá el próximo 25 de mayo en busca de convertirse en Miss Universo Argentina.

Rodríguez, quien es abogada y periodista, tuvo la posibilidad de ser parte del certamen gracias a una modificación en el reglamento, ya que desde su origen en 1958 solamente se permitía la presencia de mujeres de entre 18 y 28 años. Ahora, el único requisito es tener más de 18. “Éramos 35 participantes de todas las edades, desde los 18 hasta 73 años, tenía la mayor. No había categoría de edades”, explicó la ganadora.

“Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza, porque estamos inaugurando una nueva etapa en la cual la mujer no es solo la belleza física, sino un conjunto de valores. Soy la primera de esta generación que arranca con esto”, comentó.

Rodríguez también manifestó que “lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, los cuidados normales, nada demasiado extraordinario y un poco de genética”, a la vez que agregó que intenta “comer comida orgánica, usar buenas cremas”.

En relación con sus gustos, comentó que hace “actividad física tres veces por semana” y que disfruta “mucho caminar, trotar un poquito”. En tanto, la cuenta de Instagram* del concurso sumó que “le gusta la naturaleza, el sol, la tranquilidad, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas, meditar”. También señala que “le hace feliz viajar para descubrir nuevos paisajes, personas y culturas”.

Además, publicó que “en cuanto a la música, le encanta el tango, la música latinoamericana y las letras profundas y poéticas, también le gusta la poesía, salir con amigas y disfrutar los buenos momentos que nos da la vida”.

Más allá de su tarea en el modelaje, Rodríguez también describió cómo es su actividad profesional: “Soy abogada y periodista recibida en la Universidad Nacional de La Plata [Buenos Aires]. Actualmente, me desempeño como abogada en el Área Legal de un hospital dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y ejerzo la profesión liberal en el ámbito del derecho de familia y civil”.

En cuanto al periodismo, dijo que le interesa el “turismo y exploración y/o lanzamiento de nuevos destinos turísticos y emprendimientos en Latinoamérica y el Caribe”.


Senado de EE.UU. aprueba proyecto de ley que prohibiría TikTok en el país

La cámara alta del Congreso aprobó la medida argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de la plataforma con China.

El Senado de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley según el cual la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, tendrá nueve meses para vender la red social, caso contrario, la aplicación se prohibirá en las tiendas de ‘apps’ estadounidenses, informan medios locales.

El visto bueno de la medida contó con 79 votos a favor y 18 en contra, mientras que la Cámara de Representantes ya la había aprobado el pasado sábado. Ahora, la legislación será enviada al presidente Joe Biden para su respectiva firma, con lo que entraría automáticamente en vigor.

El Congreso aprobó el proyecto de ley argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de TikTok con China. Legisladores y expertos en seguridad han afirmado que existen riesgos de que el Gobierno chino se apoye en ByteDance para acceder a datos sensibles pertenecientes a sus usuarios estadounidenses o para difundir propaganda, reporta The New York Times.

Según el diario, es probable que la medida se enfrente a desafíos legales, así como a la posible resistencia de Pekín, que podría bloquear la venta o exportación de tecnología. Tampoco está claro quién tiene los recursos para comprar TikTok, ya que su precio será elevado.

Desde la red social denunciaron que la iniciativa del Congreso “pisotearía los derechos a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses”.

Argentina pide detener a ministro iraní por atentado contra comunidad judía

“Argentina reclama la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina, ndlr) de 1994, que provocó la muerte de 85 personas, y continúan en sus puestos de poder con total impunidad”, escribió la cartera en un comunicado.

“Uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA”, prosiguió el texto, firmado también por el ministerio de Seguridad argentino.

Vahidi es Ministro del Interior de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra actualmente en Pakistán y Sri Lanka.

En ese sentido, la oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina, que a su vez solicitó a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto, según el comunicado.

El 12 de abril, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992, así como el de la AMIA dos años después, fueron ordenados por Irán, en un fallo considerado “histórico” por la comunidad judía.

La Cámara de Casación Penal Federal II señaló entonces al movimiento chiita Hezbolá como el perpetrador, declaró a Irán como un “Estado terrorista” y calificó el atentado a la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”.

En dos fallos separados divulgados ese día, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la necesidad de enjuiciar “en ausencia” a los acusados libaneses e iraníes, absolvieron al exmecánico argentino Carlos Telleldín por su supuesta implicación y redujeron condenas a otros acusados de encubrir la pesquisa.

- Memorándum de entendimiento -

El atentado a la AMIA fue el segundo contra la colectividad judía argentina, la más numerosa de Latinoamérica, después del perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos. Ambos ataques están impunes.

En 2006, tribunales argentinos pidieron la extradición de ocho iraníes, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.

Luego de ocupar este cargo en Defensa, el teniente general Vahidi fue nombrado ministro del Interior en 2021. Pero para el momento del ataque de Buenos Aires, el funcionario era comandante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones encubiertas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En 2013, la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán por el que se acordaba crear una “comisión de la verdad” para investigar el atentado. Además, se permitía a los fiscales argentinos interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba contra la AMIA.

El memorándum se alcanzó con el aval del Congreso argentino, pero nunca fue ratificado por el Poder Legislativo en Teherán.

Su firma obtuvo entonces la vehemente oposición de líderes de la comunidad judía, que lo tacharon de “inconstitucional”, y la mandataria fue acusada de encubrir a los responsables del atentado.

Esta causa contra Kirchner y varios de sus funcionarios fue abierta por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando la gobernante cumplía el último año de su segunda presidencia. Días después y cuando debía ser interpelado en el Congreso, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien, en un caso que conmocionó al país.

En octubre de 2021, la justicia argentina dictó el sobreseimiento de Kirchner, que para entonces era vicepresidenta de Alberto Fernández, luego de que un tribunal estimara que no hubo delito de parte de la entonces jefa de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación del memorándum.

“Algunos pactan. Otros exigimos la detención de los responsables del atentado a la AMIA”, escribió en la red X el subsecretario de prensa de la presidencia argentina, Javier Lanari, en un comentario reproducido por el presidente Javier Milei.

Fuente: AFP