Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios (este), y de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur-sureste del país.

El estado de excepción, que también está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país, otorga “el control del orden interno” a la policía y las fuerzas armadas.

La medida restringe o suspende “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, detalló el diario oficial.

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El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20H00 hasta las 04H00 durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.

En dicha región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto dispone que el Comando Conjunto de las fuerzas armadas asuma el mando unificado de soldados y policías.

Cruentos enfrentamientos el pasado 9 de enero en Juliaca, una de las principales ciudades puneñas, dejaron un saldo de 19 personas muertas, incluido un policía, mientras que los bloqueos de vías en la frontera con Bolivia mantienen en parálisis y tensión la vida de esa región.

En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso culminó el sábado con enfrentamientos en el centro de la ciudad.

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La protesta se realizó un día después de que el Parlamento bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales.

Con esta decisión, basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad de renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre.

Boluarte reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Trump había dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y aún más la idea de “compartir” de alguna manera el premio Nobel, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana.

Ella le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Pero el miércoles, el republicano declaró ante la prensa que mantuvo una “larga” conversación telefónica con la actual líder del país, Delcy Rodríguez, a la que calificó de “formidable”.

Rodríguez, por su parte, explicó que la conversación fue “productiva y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”.

- Apoyo a pesar de todo -

Machado salió de Venezuela tras largos meses de clandestinidad gracias al apoyo logístico estadounidense.

Tras recibir el galardón en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

El exitoso ataque militar estadounidense a Venezuela que derrocó y sacó del país a Nicolás Maduro y a su esposa reactivó todos los rumores en torno a las posibilidades de un cambio de liderazgo histórico en Venezuela.

Pero ese espejismo duró poco: la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió rápidamente la sucesión y, más importante aún, Trump dio su beneplácito.

Machado es “una persona amable”, pero “no goza de apoyo ni de respeto en su país”, aseguró Trump, lo que desorientó a la oposición interna.

Machado mantiene a pesar de todo su apoyo resuelto a Trump y a su audaz decisión de sacar por la fuerza a Maduro del poder.

“Está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, aseguró en Roma.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, mantienen el timón de los complejos asuntos venezolanos, que pasan ante todo por poner orden en su producción petrolera, bajo estricto control de Washington.

Para ello espera contar con la colaboración de las petroleras, que sin embargo piden que se aclare el marco legal y político.

El mandatario republicano, que ha demostrado reiteradamente que en política exterior tiene ante todo más intereses que aliados, relegó así sin tapujos la aspiración de numerosos venezolanos, entre ellos los que se exiliaron en Estados Unidos, de devolver rápidamente la democracia al país caribeño.

Tanto el presidente como Rubio insisten que ante todo hay que mantener la estabilidad del gobierno chavista, al que han acusado en el pasado repetidamente de ser un “régimen narcoterrorista”.

Machado puede contar en todo caso con el apoyo sólido de congresistas republicanos, en particular los de Florida, que han expresado su deseo de saludarla a su paso por Washington.

Fuente: AFP

El caso del Banco Master “requiere mucha cautela”, dijo la víspera el ministro de Finanzas, Fernando Haddad. “Podemos estar ante el mayor fraude bancario de la historia del país”.

Un juez de la corte suprema ordenó el miércoles allanamientos en direcciones vinculadas al entorno del dueño del Master, Daniel Vorcaro, quien está en prisión preventiva desde noviembre. También determinó la prisión de su cuñado, Fabiano Campos Zettel.

“La operación investiga un supuesto esquema de fraudes en la institución financiera”, dijo el alto tribunal en una nota.

La Policía Federal (PF) informó que realizó 42 allanamientos en Sao Paulo, Rio de Janeiro y otros estados de Brasil e incautó bienes valorados en más de 5.700 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares).

La policía mostró armas largas y cortas, relojes y carros de lujo entre los objetos confiscados.

“El objetivo es investigar la práctica de crímenes de organización criminal, fraude financiero, manipulación del mercado y lavado de capitales”, dijo la PF en una nota.

Campos Zettel fue detenido cuando esperaba abordar un vuelo para Dubái. Fue liberado horas después, según la prensa local.

El caso del Master acapara las portadas de los medios brasileños desde que el Banco Central ordenó la liquidación del pequeño banco el 18 de noviembre debido a una “grave crisis de liquidez” y violaciones de normas.

Ese mismo día, la policía detuvo a Vorcaro en un aeropuerto de Sao Paulo, cuando se disponía a tomar un vuelo internacional, y confiscó carros de lujo y obras de arte, entre otros bienes.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, informó a legisladores entonces que el fraude en el Banco Master puede rondar los 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares).

Mientras tanto, 1,6 millones de acreedores del banco esperan ser resarcidos, según un estimado del Fondo de Garantía de Crédito, un ente independiente de protección a depositantes e inversores.

“El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”, declaró un portavoz del Departamento de Estado. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de “inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

“La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”, agregó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que entre los países afectados se encuentra, además de Rusia e Irán, Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Leavitt compartió un artículo de Fox News que indicaba que otros países afectados incluyen a varios con relaciones amistosas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia. El Departamento de Estado mencionó además a Haití y Eritrea.

Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de “basura” que deberían “regresar” al país de “donde vinieron” y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

Esta última medida no afecta las visas de turista ni de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes.

Fuente: AFP.