El juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra “ejecutoriado” o “en firme”, dispuso que este mismo miércoles se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales par la “inmediata localización y captura” de los sentenciados.

Además de Correa, la orden pesa contra su exvicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción), y otros exfuncionarios y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción, que ellos niegan.

Entre ellos figuran Alexis Mera, María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.

El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone “la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena”.

Asimismo, decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas, en calidad de exmandatarios.

También ordena que las instituciones pertinentes tomen nota de los montos sobre la indemnización a las víctimas (el Estado) del delito, sobre el comiso de bienes para cumplir con la “reparación integral” por un monto global de 14.745.297,16 dólares.

En el caso de Correa y otros condenados como autores o coautores del delito, se impone un pago de 778.224,017 a cada uno, mientras que una cuantía de 368.632,43 a los cómplices.

En cuanto a la decisión de condenar a los acusados con “medidas de reparación simbólica”, el tribunal manifestó que señalará hora y día para que lo hagan en la Plaza de la Independencia, en el casco colonial de Quito.

Asimismo, deberán colocar una placa en el Palacio presidencial de Carondelet, en el centro de la capital, con el siguiente texto en español y quichua: “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética”.

El pasado día 7, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recursos de casación interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.

El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht. EFE

La Policía brasileña investiga si hay alguna implicación en la muerte del policía militar Clédio Vilela Cardoso, de 53 años, quien, tras su muerte, fue devorado por perros en una finca de Pirenópolis, en la periferia del Distrito Federal.

Sus huesos fueron encontrados el domingo pasado por amigos que lo extrañaban en las misas de la iglesia. Los restos yacían en el suelo fuera de la casa junto a una mesa y una silla.

Según el jefe de policía Tibério Martins, la policía inicialmente creyó que Clédio estaba enfermo, ya que no había sangre aparente ni signos de violencia en el lugar. Sin embargo, la Policía está a la espera de los resultados del peritaje para determinar si hubo algún traumatismo y la participación de un delincuente.

“Los tejidos del cuerpo ya no se pueden analizar, pero la policía todavía puede comprobar los huesos para ver si hay algún traumatismo, fractura o signos de violencia externa. Si hay evidencia de que hubo actuación de terceros, la policía investigará para determinar detalladamente este hecho”, dijo el investigador.

Clédio ingresó en la Policía Militar en 2000 y, según el jefe de policía, actualmente estaba en reserva. Perdió a su hijo en 2019. Vivía solo en una finca en la zona rural de Pirenópolis y fue visto por última vez por un vecino el 8 de abril. El hombre había criado a seis perros, que llevaban dos semanas sin comer, por lo que se presume que los canes devoraron, por hambre, el cuerpo del hombre fallecido.

🔞🇧🇷 | Policía Militar brasileño fallece y su cuerpo es devorado por sus propios perros en la periferia del Distrito Federal.

Clédio Vilela Cardoso, de 53 años, vivía sólo en una granja, había criado a seis perros que llevaban dos semanas sin comer, la policía presume que los… pic.twitter.com/HRVV1QASG7

— ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) April 24, 2024

Fuente: AFP

Este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo, apuntando a dirigentes con amplia popularidad como Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es favorita en las encuestas, pero quedó inelegible para los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.

Las sanciones fueron anunciadas por un período de 15 años para los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas, y José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda (centro).

También fueron inhabilitados por 15 años los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, excalde del municipio Sucre (2008-2017), mientras que la sanción fue de 12 meses para el exparlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, otro inhabilitado por la Contraloría, en 2017.

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Las resoluciones donde están asentadas las inhabilitaciones tienen fecha del 16 de abril de 2024, según el documento publicado por la Contraloría en su sitio oficial.

Capriles, Ocariz, Guanipa y Caldera forman parte del partido Primero Justicia (PJ), cuyo control fue otorgado al disidente José Brito, señalado como colaboracionista del gobierno, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tachado de ser afín al chavismo gobernante.

Los cinco inhabilitados son “potenciales candidatos a cargos regionales y parlamentarios”, indicó Eugenio Martínez, experto en temas electorales, en un mensaje en X.

En 2025 deben celebrarse elecciones a alcaldes y gobernadores en Venezuela.

En 2023, las tasas de pobreza y pobreza extrema cayeron en Brasil hasta el 27,5 % y el 4,4 %, respectivamente, lo que implica los niveles más bajos desde que comenzó el registro en el año 2012.

Los datos se desprenden de un estudio del Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que reporta la caída generalizada de la tasa de pobreza en 25 estados y en el Distrito Federal de Brasilia, es decir, en todas las entidades salvo en Acre, donde el índice registró un alza del 0,4 %.

Começando mais um dia de trabalho com notícia boa. Menor taxa de pobreza da série história. Um bom dia a todos. pic.twitter.com/1mfu26PGTA

— Lula (@LulaOficial) April 24, 2024

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha felicitado por las buenas cifras en sus redes sociales: “Empezando otro día de trabajo con buenas noticias. Menor tasa de pobreza de la serie histórica. Un buen día para todos”, escribió este miércoles en X.

El informe del IJSN parte de los datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares: Ingresos de Todas las Fuentes 2023 publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Las cifras recogen que Brasil disminuyó la tasa de pobreza del 31,6 % registrado en 2022 al 27,5 % en 2023. Lo que se traduce, en términos absolutos, a una reducción de 8,6 millones de personas, de 67,8 a 59,2 en 12 meses.

La mayor reducción se produjo en el estado de Amapá, al norte del país, donde el indicador cayó casi 15 puntos porcentuales, descendiendo desde el 47,8 % hasta el 33 % del año pasado.

La tasa de pobreza más alta del país se registra en Maranhao, con el 51,6 %, seguida de Acre (51,5 %). En el lado contrario, con los niveles más bajos, se encuentra Santa Catarina (11,6 %), seguida de Rio Grande do Sul (14,4 %).

En el caso de la pobreza extrema, en 2023 el índice bajó del 5,9 % al 4, 4%, también el menor nivel de la serie histórica. En términos absolutos más de 3 millones de personas salieron de esta categoría, descendiendo de 12,7 millones en 2022 hasta los 9,5 millones en 2023.