“Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Messias Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días”, resolvió en su decisión el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

La policía no informó hasta el momento cuándo convocará a Bolsonaro.

El expresidente, quien se encontraba en Orlando, Estados Unidos, el día de los ataques a las sedes del STF, el Congreso y el Palacio presidencial del Planalto, comenzó a ser investigado por los actos vandálicos el 13 de enero por decisión de Moraes.

Fue incluido, a pedido de la fiscalía, en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos.

La fiscalía citó un video que el exmandatario subió a sus redes sociales el 10 de ese mes, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre pasado, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.

“La audiencia de Bolsonaro es indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”, manifestó Moraes en su decisión.

Puede interesar: Boric promulga ley que reduce semana laboral a 40 horas en Chile

– Otras cuatro investigaciones –

El 8 de enero miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro, disconformes con la victoria de Lula en las presidenciales, invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes.

Clamaban por una intervención militar para derrocar a Lula da Silva, una semana después de su asunción.

Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos por parte de sus seguidores y por los que hubo más de 1.800 detenidos.

El expresidente (2019-2022) regresó a Brasil el 30 de marzo, tras haber dejado el país dos días antes de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero.

El 5 de abril, tuvo que prestar declaración ante la policía federal, en la investigación abierta por el ingreso irregular de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.

El exmandatario enfrenta otras cuatro investigaciones en el máximo tribunal con penas susceptibles de prisión, además de más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por presunto abuso de poder político y económico durante el pleito electoral de 2022.

Además, al dejar la presidencia y perder su fuero privilegiado, una decena de pedidos de investigación recibidos por el STF comenzaron además a ser derivados a primera instancia de la justicia ordinaria para análisis.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán multiplican sus declaraciones, afirmando cada uno controlar este paso estratégico.

“Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz”, señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que “los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión” sobre el mercado.

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que “diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que “casi 9 millones de barriles diarios” salen actualmente del Golfo a través del estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas.

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 una caída del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año.

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 mb/d.

La mayoría de las proyecciones prevén que este año el evento, que eleva las temperaturas y aumenta las lluvias, tenga una magnitud excepcional.

Los estados de emergencia regirán en 607 de unos 1.800 municipios peruanos con el fin de “proteger la seguridad alimentaria”, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La mayoría de municipios se encuentra en zonas andinas y amazónicas del país.

La norma obliga a las autoridades locales a coordinar con el gobierno para desplegar acciones que reduzcan el “muy alto riesgo existente sobre la población, la agricultura y la ganadería”, así como acciones de respuesta y rehabilitación.

Perú ya había declarado a inicios de julio en estado de emergencia a unos 800 municipios, principalmente costeros, ante el “peligro inminente” de intensas lluvias por El Niño.

La presidenta derechista Keiko Fujimori, que lleva 15 días en el poder, anunció el lunes la conformación de una comisión de ministros y altas autoridades para agilizar obras y acciones de prevención frente a la emergencia climática.

Fujimori recorre esta semana regiones costeras donde el gobierno emprendió trabajos para limpiar cauces de ríos y evitar desbordes.

La última vez que El Niño golpeó Perú fue en 2023, con inundaciones y deslizamientos que causaron 99 muertos.

Más de 9,3 millones de peruanos se encuentran expuestos a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Fuente: AFP.

El gobierno determinó “hacer uso uso de la emergencia económica”, señaló el mandatario, quien asumió el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.

De la Espriella también anunció ante la prensa la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo, con “aportes nacionales e internacionales” para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, así como los cinco aeropuertos que se vieron afectados por el terremoto.

Reiteró que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos de los afectados.

El balance hasta ahora es de 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas. Las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud de 7,4 son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

“Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado”, dijo el mandatario.

El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerán cuando el gobierno publique el decreto.

Sin embargo, su finalidad práctica, de acuerdo con la Constitución, es crear nuevos impuestos sin que deban ser aprobados por el Congreso. La medida podrá estar vigente por un periodo máximo de 90 días.

Fuente: AFP.