La medida, que alcanzará a entre dos y tres millones de personas, fue anunciada este martes por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, en el último día en que la ley le permite encabezar actos de gobierno.

El bono por un total de 94.000 pesos (256 dólares al tipo de cambio oficial) se pagará en dos partes, en octubre y en noviembre, y será financiado con un pago adelantado de impuestos al sector de la banca y las finanzas.

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“A los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas y mantengamos el orden fiscal, sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables como es este caso, hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de (impuesto a las) ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI (Fondo Monetario Internacional), centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro”, dijo el ministro.

El ritmo de aumento de precios en Argentina se aceleró luego de una devaluación de cerca de 20% decretada el 14 de agosto, al día siguiente de las elecciones primarias que dejaron al oficialismo como la tercera fuerza más votada. Entre enero y agosto de este año, el índice de precios al consumidor acumula una suba de 80,2%, y a 12 meses la inflación supera el 120%.

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El bono anunciado este martes se añade a otras medidas de alivio fiscal tomadas en días recientes para los trabajadores.

Para las presidenciales del próximo 22 de octubre los sondeos dan como favoritos a Massa, de la coalición oficialista Unión por la Patria (peronistas) y a Javier Milei, un libertario ultraderechista y antisistema que fue la sorpresa de las primarias al conseguir la mayor votación (30%).

Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, “ya fue liberada” y “preliminarmente se encuentra en buen estado de salud”, informó la fiscalía de Jalisco en un comunicado divulgado en redes sociales.

La alcaldesa fue secuestrada la noche del sábado en un suburbio de Guadalajara, cuando salía de un centro comercial en compañía de dos mujeres.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa que hacia las 05  h00 (11h00 GMT), la policía de Cotija recibió una llamada de Sánchez informando que había sido liberada y que viajaba en un autobús hacia la ciudad de Zamora, Michoacán.

“Se proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional y en el municipio de Miramar interceptaron el autobús” para luego escoltarla a Cotija, añadió el mandatario

Según fuentes policiales y medios locales, los autores del secuestro serían sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían amenazado a la alcaldesa por oponerse a que el grupo criminal tome control de la policía de su municipio.

Michoacán, una entidad reconocida por sus destinos turísticos y una pujante industria agroexportadora, es también una de las más violentas del país, debido al accionar de grupos criminales dedicados a la extorsión y el narcotráfico.

Los alcaldes locales son un blanco habitual de las mafias en su afán de controlar territorios y someter a las autoridades de seguridad.

Según un recuento de la consultora Etellekt divulgado en enero pasado, 96 alcaldes habían  sido asesinados en México desde 2000, entre ellos algunas mujeres.

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, dispuso que Argentina pague USD 16.099 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol.

Según medios argentinos, la decisión había sido tomada por la entonces presidenta Cristina Kirchner y su ministro de Economía Axel Kicillof.

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Los beneficiarios del millonario fallo remitieron una carta a la magistrada, solicitando comenzar a embargar los bienes de Argentina, bajo el argumento de que el vecino país no cumplirá con el pago.

Alegan que Argentina posee un historial de no honrar las deudas y que, incluso, las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel, demuestran que el país no tiene la intención de abonar lo resuelto por el fallo.

Además, enviaron antecedentes del Gobierno argentino relacionados a evitar las sentencias dictadas en los Estados Unidos.

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