Tras un acalorado debate y una igualada votación, los diputados determinaron por 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención no continuar con la tramitación de esta ley, que según indica la normativa, no podrá volver a presentarse hasta dentro de un año.

En el país suramericano solo es legal abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o en embarazos producto de una violación, gracias a una iniciativa aprobada en el 2017 durante el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018).

El rechazo, que no descarta que se pueda ingresar un proyecto similar en el corto plazo, desató numerosas críticas por parte de la oposición y de los colectivos feministas.

“Perderemos todas las veces que sea necesario para ganar un aborto libre, legal y gratuito. No sé cuándo lo presentaremos de nuevo (el proyecto) pero les prometo que lo haremos hasta el final”, sentenció la diputada de izquierda Maite Orsini, una de las impulsoras de la norma.

“El aborto existe, es una realidad, pero aún hay muchos que prefieren esconderla y condenar a quienes tomen esa difícil decisión”, agregó por su parte Marisela Santibáñez, parlamentaria del Partido Comunista.
El rechazo de este proyecto, que buscaba despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, pero no garantizarlo como un derecho libre y gratuito, fue celebrado en tanto, por los sectores más conservadores.

“El derecho a decidir”

“La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero el niño que está por nacer no constituye parte de su cuerpo (…) No porque se cometan delitos en el extranjero quiero que se cometan en Chile”, expresó durante el debate el derechista Diego Schalper, de Renovación Nacional.

El pasado enero, la aprobación del aborto libre en Argentina impulsó en Chile la discusión parlamentaria de este proyecto, que habían presentado en el 2018 un grupo de diputadas de oposición.

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), una de las plataformas en defensa de la mujer más importantes, lamentó a través de Twitter el rechazo y afirmó que “el camino no es la criminalización, sino que el reconocimiento del derecho a decidir sobre abortar o no”.

Desde el movimiento feminista denuncian que muchas chilenas que cumplen con las tres condiciones encuentran dificultades aún para interrumpir su embarazo por las objeciones de conciencia interpuestas por clínicas y especialistas para practicarlo.

Desde su prohibición absoluta, que se decretó a finales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y hasta el 2017, se realizaban unos 70,000 abortos clandestinos al año, según diversos estudios.

“Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal”, dijo el mandatario en un comunicado, en el que calificó las acusaciones de “error judicial”.

La medida seguramente provocará nuevos custionamientoas sobre la independencia del sistema judicial estadounidense, especialmente en momentos en que el presidente electo Donald Trump, que asumirá el 20 de enero, ha nombrado a colaboradores leales al frente del FBI y el propio Departamento de Justicia.

El hijo de Biden fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por fraude fiscal.

Biden había dicho en repetidas ocasiones que no intervendría en los problemas legales de su hijo, de 54 años.

“Dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando vi cómo mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta”, zanjó el mandatario demócrata en la declaración de este domingo.

“Los cargos en sus casos se dieron justo después de que varios de mis opositores políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección”, agregó.

“Creo en el sistema de justicia, pero como he luchado con esto, también creo que la política infectó este proceso e indujo a un error judicial”, añadió el presidente.

En una declaración a los medios estadounidenses, Hunter Biden, quien ha luchado contra la adicción a las drogas, aseguró nunca dará “por sentada la clemencia” que se le otorgó y que dedicará la vida que ha “reconstruido” a “ayudar a quienes todavía están enfermos y sufriendo”.

- Acuerdo fallido -

Los presidentes de Estados Unidos han convertido en tradición utilizar los indultos para ayudar a familiares y otros aliados políticos.

Bill Clinton indultó a su medio hermano por antiguos cargos de posesión de cocaína y, durante su primer mandato, Trump perdonó al padre de su yerno por evasión fiscal, aunque en ambos casos ambos ya habían cumplido sus penas de prisión.

Hunter Biden se declaró culpable en un juicio por evasión fiscal en septiembre, y se enfrentaba a hasta 17 años de cárcel. Por la acusación separada de posesión de armas, afrontaba 25 años de prisión.

La revelación de las dos sentencias estaba prevista para mediados de diciembre.

Sus abogados han sostenido que Hunter fue llevado ante la justicia únicamente por ser hijo del presidente.

El hombre pagó los impuestos atrasados, así como las multas impuestas por las autoridades, e incluso llegó a un acuerdo de culpabilidad que lo habría mantenido fuera de la cárcel, aunque el pacto se vino abajo a último minuto.

Su caso ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de la familia Biden, especialmente durante este año electoral en el que los republicanos han denunciado que Hunter Biden fue tratado con demasiada indulgencia.

Fuente: AFP

Tras una enorme pancarta inicial en la que se leía “Mazón, dimisión”, en referencia al presidente regional valenciano, el conservador Carlos Mazón, “cerca de 100.000 personas” marcharon por el centro de la ciudad, según datos de la Delegación del Gobierno (prefectura) en Valencia.

“Tu negligencia es nuestra desgracia” o “solo el pueblo salva al pueblo” eran algunos de los lemas que se leían en esta protesta convocada por organizaciones locales y sindicales en la capital de la región más afectada por las destructivas riadas, donde hace unas semanas ya participaron 130.000 personas en otra masiva marcha.

“¿Qué falló? Incompetencia. Por eso estamos aquí, porque hay mucho incompetente al que se le está pagando” el sueldo, explicó a la AFP Raquel Ferrandis, una profesora de 55 años de Paiporta, uno de los epicentros del desastre, que portaba una pancarta en memoria de la madre de una amiga fallecida durante la catástrofe.

Las lluvias torrenciales que cayeron el 29 de octubre desembocaron en un violento torrente de agua y lodo que desbordó varias localidades del oeste y el sur de Valencia, arrasando viviendas, locales y decenas de miles de autos a su paso.

La tragedia, cuyas huellas siguen todavía muy presentes un mes después, dejó 230 muertos -222 de ellos en la región valenciana- y cuatro desaparecidos, además de millonarios daños materiales.

“Estoy muy indignada”, afirmaba Maribel Peralta, una profesora de 62 años que portaba una pancarta contra el presidente regional, a quien muchos afectados acusan de falta de anticipación y competencia en la gestión de la emergencia.

“La gente que lo ha perdido todo, a ver cómo vive. La gente que ha perdido el negocio, a ver cómo vive. Las ayudas no llegan”, agregaba esta vecina de Valencia que también había acudido a la masiva primera marcha del 9 de noviembre.

En aquella protesta, celebrada en plena conmoción tras el desastre, los manifestantes ya pidieron la salida de Mazón -quien ha descartado de momento dimitir-, y lanzaron reproches igualmente a la gestión por parte del gobierno central de Pedro Sánchez, quien también recibió críticas este sábado por no haber sido más contundente.

Fuente: AFP

Orsi dijo que “la mayor parte de la reunión” con Lula estuvo dedicada a analizar la “situación y las posibilidades” del Mercosur para sellar el acuerdo que negocia con la Comisión Europea en medio del rechazo férreo de varios países del bloque, como Francia.

“Como Mercosur y como región somos optimistas en la posibilidad de seguir estrechando lazos con otras regiones y fundamentalmente con Europa”, afirmó el uruguayo a periodistas tras el encuentro en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña.

Fue una “conversación entre amigos”, añadió Orsi, del izquierdista Frente Amplio, que realiza su primer viaje al exterior desde su victoria electoral el domingo.

Lula recordó su buena relación con los expresidentes uruguayos de izquierda Tabaré Vázquez y José “Pepe” Mujica, según una nota de la presidencia brasileña.

El avance de esas negociaciones con la UE será discutido la semana que viene en la 65ª cumbre del Mercosur, en Montevideo, a la que asistirá Lula.

Orsi también estará en la cita del bloque suramericano invitado por el mandatario saliente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

La elección de Orsi, delfín de Mujica, representó el regreso de la izquierda al poder en Uruguay tras cinco años de gobierno de centroderecha.

En Brasil es visto como un aliado de Lula en la región, en contraposición al mandatario ultraliberal argentino Javier Milei.

Orsi y Lula conversaron sobre temas sociales así como “los desafíos del Mercosur y la convicción de que Uruguay es muy importante para Brasil”, según un comunicado del equipo del presidente electo uruguayo.

Los términos del pacto entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercado Común del Sur, se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan, bajo presión de sus sectores agrícolas.

Fuente: AFP