“El médico no supo qué decirnos”, explicó a la prensa Claudia, una de las hijas de Magdalena Leguizamón, la mujer afectada, que estaba ingresada desde el 16 de julio pasado por una infección en el pie derecho, en concreto en un dedo que le tuvo que ser amputado por necrosis.

Pero como la infección siguió avanzando, este domingo los facultativos comunicaron que debían amputar la pierna derecha.

“Ella entró en quirófano sabiendo que iban a seguir con el procedimiento de la misma pierna donde le habían cortado el primer dedito. (…). Cuando la acomodan en la cama, mi hermana se da cuenta de que ese pie no lo tocaron, que le habían cortado la pierna equivocada”, añadió la hija.

La familia, que asegura que ni el médico a cargo de la mujer ni los directivos de la clínica supieron dar explicaciones, comunicó a la Policía lo ocurrido, para que les fuera entregada la historia clínica, y decidió hacer la denuncia en la Fiscalía.

También trasladaron a la paciente a otra clínica, en la ciudad bonaerense de Quilmes, que en medio de la exposición mediática que alcanzó el caso salió a aclarar con un comunicado que no es el centro donde ocurrió esta presunta negligencia.

“La paciente que ha motivado la presencia de la prensa, NO FUE OPERADA EN ESTA INSTITUCIÓN (sic). Ha sido derivada por PAMI (mutual médica estatal para los jubilados) luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en otro sanatorio. Actualmente, la paciente se encuentra en estudio por su patología para determinar la conducta a seguir”, señaló el centro.

Por el momento, el centro hospitalario de Berazategui no dio una explicación oficial por los hechos, mientras los allegados a Leguizamón piden que “pague” el médico que intervino a la mujer y que no siga trabajando, para que no le suceda lo mismo a otros pacientes.

“Ella está bien. Estable. De muy buen humor. Se dio cuenta de lo que le hicieron. El médico le dijo que no va a haber por ahora otra amputación. Que el miembro hay posibilidades de poder salvarlo, no como nos dijeron en la otra clínica”, concluyó Claudia.

La presión sobre el gobierno paulista creció luego de que se viralizara un video de un agente de la Policía Militar (PM) que arrojó desde un puente hacia el agua a una persona detenida, la cual sobrevivió.

Ese fue el último de varios hechos de violencia policial que en las últimas semanas impactaron a Sao Paulo, motor económico del país.

Ante las críticas, el gobierno del estado argumenta que los índices de criminalidad se redujeron durante la gestión de De Freitas, exministro del gobierno Bolsonaro (2019-2023).

En marzo de este año, De Freitas había minimizado una denuncia ante las Naciones Unidas por el accionar policial: “Me da lo mismo”, declaró.

Sin embargo, tras los episodios recientes, el gobernador admitió este jueves que “es momento de tener humildad y decir: bueno, hay algo que no está funcionando”.

También afirmó que estaba “completamente equivocado” en oponerse a que los policías porten una cámara de video obligatoria para registrar todas sus acciones, con grabación automática e ininterrumpida.

De Freitas había promovido un cambio por un modelo de cámara que los agentes podrían apagar a discreción. Pero ahora prometió que se mantendrá el criterio actual.

A principios de noviembre, un agente de la PM fuera de servicio le disparó once veces por la espalda a un joven negro que había robado productos de limpieza en un mercado de la zona sur de la capital paulista.

Dos días más tarde, un niño de cuatro años murió baleado durante un operativo de la PM en la ciudad de Santos, en el que también perdió la vida un adolescente.

Dos semanas después, un estudiante de medicina de 22 años que estaba desarmado fue ejecutado por un agente de la PM, tras resistirse al arresto por vandalizar una patrulla.

Al menos 580 personas murieron por el accionar policial en Sao Paulo entre enero y septiembre de 2024, según cifras oficiales, lo que marca un aumento de 55% respecto del mismo período del año anterior.

La letalidad policial impacta aun más a la población negra: entre enero y agosto, las muertes de negros a manos de la policía aumentaron 83%, contra el 59% para ciudadanos blancos, según un estudio del Instituto Sou da Paz con base en cifras oficiales.

Fuente: AFP

“En este momento, creo que lo más importante es que veamos una desescalada de las tensiones, que garanticemos que los civiles estén protegidos en toda Siria y, quizás lo más importante, que realmente haya un proceso político que avance”, dijo Blinken luego de una reunión de la OTAN en Bruselas.

Siria es escenario del peor estallido de violencia de los últimos años después que rebeldes lanzaron una ofensiva en una tentativa de controlar áreas del territorio sirio bajo control del gobierno del presidente Bashar al Asad.

“Tenemos todavía intereses de seguridad en Siria, particularmente el interés en asegurarnos de que ISIS no resucite y no regrese”, apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Fuerzas aliadas derrotaron al grupo Estado Islámico en Irak en 2017 y en Siria en 2019, pero los combatientes yihadistas todavía operan en áreas remotas desérticas sirias, aunque ya no controlan territorio.

El ejército estadounidense tiene alrededor de 900 soldados en Siria y 2.500 en Irak como parte de la coalición internacional que se estableció en 2014 para ayudar a combatir a los yihadistas.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Los países deben presentar por escrito las candidaturas el 3 de febrero, según la resolución aprobada este miércoles durante un consejo permanente, el órgano ejecutivo de la organización.

Unos días después, el 10 de febrero, está prevista una sesión para que los candidatos presenten a los Estados miembros en “detalle sus propuestas e iniciativas” y al día siguiente a la sociedad civil.

Por el momento dos países, Surinam y Paraguay, postularán a sus ministros de Relaciones Exteriores Albert Ramdin y Rubén Ramírez, respectivamente.

No se descarta que otros Estados presenten candidaturas.

Almagro, un diplomático uruguayo que habrá cumplido dos mandatos, cuenta con el fuerte respaldo de Estados Unidos, pero se ignora a quién apoyará la futura administración del presidente electo republicano Donald Trump.

El magnate concede prioridad a la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.

En otra sesión extraordinaria, el 5 de mayo, los países miembros de la OEA elegirán al secretario general adjunto, cargo ocupado actualmente por Néstor Méndez.