El gobernante, en el mismo día de su investidura, firmó un total de trece decretos, que en su mayoría preparan el terreno para una amplia revisión de muchas de las políticas impulsadas por el anterior Gobierno de ultraderecha.

En materia de armas, Lula suspendió la emisión de nuevos permisos para la compra y la creación de clubes de tiro, ordenó que sea hecho un nuevo registro de todo el armamento adquirido por civiles en los últimos cuatro años y que se cree en el Gobierno un grupo de trabajo dedicado a definir una nueva política de desarme.

En el apartado medioambiental, determinó la reactivación del llamado Fondo Amazonía, constituido con donaciones de Alemania y Noruega para contribuir con la protección de la Amazonía y que había sido suspendido por decisión de Bolsonaro en 2019.

Ese fondo cuenta actualmente con unos 600 millones de dólares, que el nuevo Gobierno rescatará y utilizará en programas que serán definidos por el Ministerio de Medio Ambiente.

Lula también decidió revocar un decreto dictado por Bolsonaro en los últimos días de su mandato, según el cual se ampliaban las licencias para la explotación de recursos minerales en la región amazónica e incluso en las tierras indígenas.

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Otra decisión formalizada por Lula, que fue una de las promesas de su campaña, ha sido determinar que sea revisada en un plazo de 30 días una serie de decretos de Bolsonaro que habían establecido un secreto de cien años sobre diversas cuestiones de la administración pública o incluso sobre asuntos personales del ahora exmandatario y su familia.

Entre estos últimos, Bolsonaro había incluido en esa información clasificada todo lo relativo a su salud, lo cual impidió que la sociedad supiera si realmente no se había vacunado contra la covid, como asegura hasta ahora.

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Otro de los decretos firmados este domingo por Lula también dio cumplimiento a una de sus promesas de campaña y excluyó de un plan de privatizaciones elaborado por el Gobierno de Bolsonaro a las estatales Petrobras, Correos y Empresa Brasil de Comunicación (EBC).

Antes de su actualización, la página covid.gov promovía información sobre vacunas y pruebas diagnósticas. Ahora pone en portada la imagen del presidente Donald Trump y critica las políticas que implementó su antecesor, Joe Biden, durante la emergencia sanitaria.

El sitio también reprueba la gestión de Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno de Biden, por promover lo que denomina como la “narrativa preferida de que el covid-19 se originó de forma natural”.

Además, en la página se rechazan las órdenes de uso de mascarillas y de distanciamiento social impuestas cuando se propagó el coronavirus en 2020.

La web enumera cinco argumentos a favor de la teoría de la fuga del laboratorio. Uno de ellos es que Wuhan, la ciudad donde se registró el primer caso conocido del virus, también alberga el “principal laboratorio de investigación del (virus respiratorio) SARS” de China y tiene un historial por investigar con “niveles inadecuados de bioseguridad”.

“Si existieran pruebas de un origen natural, ya habrían aparecido. Pero no es el caso”, se lee en la página.

La hipótesis de la fuga de un laboratorio, calificada en su momento de conspirativa, ha ganado recientemente popularidad en Estados Unidos.

Agencias estadounidenses como el FBI, la CIA o el Departamento de Energía se han pronunciado a favor, aunque con distintos niveles de confianza.

China ha respondido que es “extremadamente improbable” que el covid-19 tuviera un origen artificial y ha pedido a Estados Unidos “dejar de politizar e instrumentalizar el tema del rastreo del origen”.

En una sección titulada “Desinformación sobre covid-19″, el sitio estadounidense también acusa a funcionarios de salud pública de la administración Biden de satanizar los “tratamientos alternativos” y de conspirar con empresas de redes sociales para censurar opiniones discrepantes sobre la pandemia.

Más de un millón de personas han muerto en Estados Unidos a causa del covid-19 y enfermedades relacionadas.

Fuente: AFP

Ambos hermanos buscan una revisión de su pena, que les permita salir en libertad luego de permanecer más de tres décadas encarcelados por el asesinato de José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills.

El caso estremeció a Estados Unidos en los años 1990.

Inicialmente, los hermanos dijeron que sospechaban que la mafia estaría detrás del sangriento crimen, dado que su padre era un poderoso ejecutivo de la música.

Pero durante un extremadamente mediático juicio, su defensa los caracterizó como víctimas de un padre violento y una madre negligente y admitió que habían cometido el crimen en defensa propia, tras años de abuso psicológico y sexual.

La Fiscalía los había acusado de planear el parricidio para hacerse con una herencia valorada en 14 millones de dólares.

Un primer jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime, pero en un segundo juicio fueron sentenciados a cadena perpetua.

A medida que el caso ganó un segundo aire el año pasado, de la mano de una miniserie y un documental lanzados por Netflix, los hermanos Menéndez iniciaron una nueva cruzada legal para salir en libertad con el apoyo de la opinión pública y de varios de sus familiares.

Quienes los respaldan sostienen que Lyle, de 57 años, y Erik, de 54, tienen un expediente ejemplar en la prisión y están listos para reinsertarse en la sociedad.

La campaña cobró más fuerza gracias a que el entonces fiscal de Los Ángeles abogó el año pasado ante la justicia por una nueva sentencia.

Pero el nuevo titular del despacho, Nathan Hochman, cambió la posición de la Fiscalía.

Fuente: AFP

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en partes tropicales de América Central y del Sur, incluido en Colombia.

Transmitida por mosquitos, puede provocar fiebre, dolor muscular y de cabeza o náuseas y, en los casos más graves, problemas renales, sangrado y la muerte.

El ministro de Salud colombiano, Guillermo Alfonso, indicó en el comunicado que han detectado 74 casos de esta enfermedad, de los cuales 34 terminaron en deceso.

Además, el virus se ha extendido más allá de las zonas habitualmente consideradas de riesgo como la amazónica, el Catatumbo y el Chocó, “lo que lo convierte en una amenaza para más comunidades”.

“La situación más crítica se presenta en el departamento del Tolima donde, desde septiembre de 2024, se pasó de cuatro a 22 puntos detectados”, afirmó el comunicado.

El gobierno señaló que habían movilizado más de 80.000 personas entre médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios para hacer frente a la emergencia.

“La estrategia está centrada en la vacunación masiva, desde los 9 meses de edad. Hasta la fecha se han vacunado casi 8.000 personas mayores de 70 años”, dijo Alfonso Jaramillo en el comunicado.

El ministro aseguró que el país cuenta con provisión suficiente de vacunas para enfrentar la emergencia y anunció que todos los viajeros que entren o salgan del país deberán presentar el carné de inmunización.

Desde Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades elevó a nivel 2 la alerta por fiebre amarilla para Sudamérica y recomendó vacunarse a quienes viajen a ciertas partes de Bolivia, Colombia y Perú.

Fuente: AFP