Macron, en el poder desde 2017, recaba entre 27,6% y 29,7% de votos, seguido de Le Pen (23,5% y 24,7%). El izquierdista Jean-Luc Mélenchon (19,8% y 20,8%) se quedaría a las puertas de la segunda vuelta del 24 de abril.

Apenas conocidas los primeras estimaciones, los candidatos de derecha, ecologista, socialista y comunista llamaron a votar Macron en el balotaje para impedir la victoria de Le Pen.

“¡No hay que dar ni un solo voto a Le Pen!”, urgió de su lado Melenchon, candidato de La Francia Insumisa, sin llamar explícitamente a votar por el actual presidente.

La votación, celebrada tras una atípica campaña marcada por la invasión rusa de Ucrania, agudizó además el declive iniciado en 2017 de los partidos tradicionales –los socialistas y Los Republicanos (derecha)–, que logran menos del 10% de votos en total.

Todo ello en un contexto de mayor abstención. La participación en la primera vuelta a las 17H00 era del 65%, 4,4 puntos menos que en 2017 a esa hora y 6,55 puntos más que en 2002, año con el récord de abstención en una presidencial, según cifras del ministerio del Interior. Los politólogos temían otro máximo.

Los franceses tendrán ahora en sus manos escoger qué rumbo toma Francia hasta 2027, una decisión que podría implicar un cambio en las alianzas internacionales de esta potencia nuclear y económica si Marine Le Pen sale elegida.

“Lo que estará en juego el 24 de abril será una elección de sociedad y de civilización”, dijo la ultraderechista, para quien Francia necesita “una gran alternancia”.

La candidata de la Agrupación Nacional (RN), de 53 años, propone abandonar el comando integrado de la OTAN, que fija la estrategia militar de la Alianza, y su elección asestaría otro revés a la Unión Europea tras la reeleción del húngaro Viktor Orban.

Su rival de La República en Marcha (LREM), de 44 años, apuesta por continuar su impulso europeista y reformista con el que llegó al poder y aboga así por reforzar la autonomía militar de la UE, dentro de la OTAN.

La coyuntura internacional no es, sin embargo, la principal preocupación de los franceses a la hora de votar. La pérdida de poder adquisitivo es desde hace meses la principal inquietud, agudizada por el alza de la energía tras la guerra en Ucrania.

PODER ADQUISITIVO

Marine Le Pen apostó así por presentarse por la defensora de las clases populares para capitalizar el descontento con “el presidente de los ricos”, que quedó reflejado en la protesta de los “chalecos amarillos” en 2018 y 2019.

El programa de la heredera del Frente Nacional (FN) propone rebajar el IVA de combustibles, gas y electricidad del 20% al 5,5%, eximir del impuesto de la renta a los menores de 30 años y duplicar las ayudas a las madres solas, entre otras medidas.

Aunque Le Pen suavizó su discurso para parecer menos radical, sus planes también incluyen las propuestas tradicionales de la ultraderecha: ayudas sociales para franceses, expulsión de clandestinos, prohibición del velo islámico en público, etc.

Ante esta imagen más moderada, Macron intenta resucitar el miedo al “peligro extremista”, cargando contra su rival ultraderechista que, en su opinión, “miente” a sus electores y tiene un discurso “racista”.

El mandatario centrista, cuyo gobierno adoptó desde finales de 2021 medidas para limitar el alza del precio de la electricidad para empresas y hogares y compensar el aumento de la inflación, busca retomar en su segundo mandato su perfil más liberal.

Su propuesta estrella pasa así por retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años. Además, propone rebajar los impuestos de las empresas en casi 11.000 millones de dolares, el “renacimiento” de la energía nuclear y aumentar la pensión mínima.

“FRENTE REPUBLICANO”

Los expertos dudan si el cordón sanitario en torno a la extrema derecha funcionará como en 2017 y 2002. Antes de la primera vuelta, el director de la Fundación Jean-Jaurès, Gilles Finchelstein, estimó que el “frente republicano” no bastará para aislar a Le Pen.

Los candidatos socialista Anne Hidalgo, ecologista Yannick Jadot y comunista Fabien Roussel llamaron a votar contra la extrema derecha en el balotaje. La derechista Valérie Pécresse, que no dio consigna de voto, lo hará también por Macron.

“Votaré en conciencia por Emmanuel Macron para evitar que Marine Le Pen llegue al poder”, aseguró Pécresse, para quien el proyecto de la candidata de RN llevaría al país “a la discordia, a la impotencia y a la quiebra”.

El ultraderechista Éric Zemmour, con un 7% de voto según las estimaciones, llamó a votar en cambio por Le Pen.

Los resultados de este domingo representan un revés para los partidos tradicionales –el Partido Socialista y Los Republicanos (LR) de Pécresse–, que pese a gobernar durante décadas, solo lograron la confianza de menos de 1 de cada 10 votantes en total.

Y abre una crisis semanas antes de la legislativas de junio, claves para la supervivencia financiera de los partidos. El expresidente socialista François Hollande ya se propuso en marzo para la “reconstrucción de izquierda”.

Tanto Macron como la extrema derecha ya llamaron en cambio a los simpatizantes de Los Republicanos –divididos entre un ala liberal económicamente y otra conservadora socialmente– a unirse a sus filas, como algunos ya hicieron desde 2017.

Fuente: AFP

Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, presentó formalmente su declaración de culpabilidad durante una audiencia en un tribunal federal de Chicago, informó el Departamento de Justicia.

La fiscalía dijo que “Guzmán López, de 35 años, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para el tráfico de drogas y dos cargos de participación consciente en una empresa criminal continua”.

“El Ratón”, como se lo conoce, ya había firmado un documento fechado el 30 de junio en el que indicaba que se declararía culpable para evitar un juicio con jurado y una eventual sentencia más severa en caso de ser condenado.

La jueza federal Sharon Johnson Coleman no fijó una fecha para la sentencia. Pero este acuerdo probablemente resulte en una pena de prisión mucho más corta que la cadena perpetua impuesta a su padre, el “Chapo”, tras un mediático juicio celebrado en 2018.

El acuerdo podría ofrecer a las autoridades estadounidenses “información valiosa” sobre el Cártel de Sinaloa, declaró a la AFP Mike Vigil, exjefe de operaciones de la agencia antidrogas DEA.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar de ser los líderes de “Los Chapitos”, una facción del cártel de Sinaloa, designado por el actual gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global.

- “Paso importante” -

“Esta declaración de culpabilidad es otro paso importante para responsabilizar al Cártel de Sinaloa y a sus líderes por su papel en el fomento de la epidemia de fentanilo que ha afectado a tantos estadounidenses”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

El Departamento de Justicia dijo el viernes que Ovidio Guzmán López reconoció que él y sus tres hermanos asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa cuando su padre fue arrestado en 2016 y finalmente sentenciado en 2019.

“Guzmán López admitió en el acuerdo de culpabilidad que coordinó el transporte de cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas y precursores químicos desde México hasta la frontera con Estados Unidos, en ocasiones en cargamentos de cientos o miles de kilogramos”, señaló la fiscalía.

Además, dijo que “utilizó vehículos, vagones de tren, túneles, aviones y otros medios” para traficar la droga, y blanqueó las ganancias ilícitas mediante “transferencias bancarias, comercio de bienes y criptomonedas”, añadió.

En su declaración de culpabilidad, Guzmán López reconoció además que “él y sus socios del cártel perpetraron actos de violencia contra agentes del orden público, civiles y narcotraficantes rivales”.

- Guerra en el cártel -

Es la primera vez que uno de los hijos del “Chapo” firma un acuerdo con fiscales estadounidenses.

A este acuerdo podría seguir el de su hermano Joaquín, detenido en Chicago sin derecho a fianza desde que en julio de 2024 aterrizó en compañía de Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa junto con su padre, en un aeródromo cerca de El Paso (Texas).

Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados de México, dijo haber sido víctima de un secuestro por su ahijado a cambio de beneficios con la justicia estadounidense. Las autoridades estadounidenses permitieron en mayo la entrada al país de 17 familiares de Ovidio Guzmán, como parte del trato, recordó Vigil.

Ovidio Guzmán López cobró notoriedad el 17 de octubre de 2019, cuando fue detenido en México y posteriormente liberado por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de una asonada criminal conocida como el “Culiacanazo”.

El exmandatario defendió esta decisión con el argumento de que se evitó un baño de sangre, cuando contingentes militares quedaron prácticamente cercados por sicarios con armas de gran calibre. En enero de 2023, cuando López Obrador aún gobernaba, Ovidio Guzmán volvió a ser capturado y extraditado a Estados Unidos.

En su agresiva política contra los cárteles de la droga, el gobierno de Trump anunció a inicios de junio más sanciones contra “Los Chapitos” por tráfico de fentanilo y aumentó la recompensa a 10 millones de dólares por los dos hermanos aún prófugos.

La administración estadounidense culpa al liderazgo de Archivaldo Iván Guzmán de la oleada de violencia que sacude a “México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas de seguridad y miembros de cárteles rivales”.

Tras la detención de “Mayo” Zambada, la violenta lucha interna entre sus herederos y los hijos del “Chapo” ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Los aumentos establecidos en la ley, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados a principios de junio, tendrían un impacto fiscal de casi 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Economía.

La iniciativa se aprobó con 52 votos a favor y cuatro abstenciones, mientras que el oficialismo y aliados retiraron algunos senadores de la sala en señal de protesta.

“Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, dijo este jueves Milei, quien sostiene que el aumento de las pensiones llevaría a romper el superávit fiscal de Argentina.

La jubilación mínima en Argentina es de unos 240 dólares, por debajo de la línea de pobreza, ubicada en los 1.000 dólares para este grupo, según la Defensoría de la Tercera Edad.

Además del aumento general, la ley eleva de 54 a 85 dólares el valor de un bono que reciben los jubilados de menores ingresos.

“Aprobamos en el Senado una recomposición mínima para jubilados (...) no repara todo lo perdido, pero es un gesto necesario”, dijo tras la votación el senador opositor Martín Lousteau en su cuenta de X.

En septiembre Milei ya había vetado otro aumento a las jubilaciones aprobado por el Parlamento. En esa ocasión los legisladores mantuvieron el veto del presidente en una votación posterior.

El gobierno es minoría en ambas cámaras del Congreso, con 39 diputados de 257, y 6 senadores propios (más un aliado) de 72.

Para revertir el nuevo veto, la oposición tendría que reunir dos tercios en cada cámara.

El jueves el Senado también aprobó una moratoria que extiende dos años el régimen para regularizar aportes previsionales, en un país con una informalidad que llega casi al 50% de los trabajadores.

También se aprobó la emergencia por discapacidad, que actualiza aranceles y fortalece la Agencia Nacional de Discapacidad.

A partir de un programa económico ultraortodoxo que incluyó un severo ajuste fiscal y una reducción del gasto público de 4,7% del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del 211,4% en 2023 a 117,8% al final del año pasado.

Como contracara del ajuste, el desempleo subió al 7,9% y muchos sectores, como empleados públicos y jubilados, perdieron poder adquisitivo.

Las protestas semanales de jubilados en Buenos Aires, algunas de las cuales han derivado en disturbios, se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

El mandatario de la principal potencia latinoamericana enfrenta un desafío económico inédito, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara el miércoles gravámenes adicionales de 50% a las importaciones de origen brasileño.

“No tengo dudas de que primero vamos a intentar negociar”, dijo Lula en una entrevista al canal Record TV, de la que un fragmento fue divulgado en las redes sociales del presidente.

“Pero si no hay negociación, la ley de reciprocidad será puesta en práctica. Si él nos cobra 50%, nosotros le cobramos 50% a él”, añadió.

Lula ya había aludido la noche del miércoles a la Ley brasileña de Reciprocidad Económica en respuesta a los nuevos gravámenes anunciados por Trump, que deberían de comenzar a aplicarse el 1 de agosto.

Aprobada en abril por el Congreso brasileño después de que el líder estadounidense anunciara aranceles del 10% a las importaciones brasileñas, la ley autoriza al Ejecutivo a decidir sobre suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relacionadas a derechos de propiedad intelectual.

Lula dijo a Record TV que su gobierno entabla desde hace meses negociaciones comerciales con Washington.

No descarta, sin embargo, recurrir a la Organización Mundial del Comercio, apuntó.

El mandatario incluso dijo que creará un comité para “repensar la política comercial brasileña con Estados Unidos”.

“Si Estados Unidos no quiere comprar, vamos a buscar a quien quiera”, afirmó.

El comercio entre los dos países alcanzó 41.700 millones de dólares entre enero y junio, con 20.021 millones para las exportaciones desde Brasil y 21.695 para los productos estadounidenses, según datos del gobierno brasileño.

De acuerdo con Lula, el comercio entre Brasil y Estados Unidos representa “apenas 1,7% del PIB” brasileño.