Militares de Colombia hacen histórico reconocimiento de ejecución de civiles

En la misma población de Colombia donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, diez militares retirados comenzaron a reconocer este martes, ante las familias de las víctimas, la ejecución a sangre fría de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.


Fuente: AFP

En la inédita audiencia de dos días, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.

Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes.

En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta el miércoles escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.

“Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares (…) eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de subversivos, de guerrilleros, de matones”, reclamó Eduvina Becerra, pareja de José Ortega, un agricultor que vivía a unos 300 kilómetros de Ocaña antes de ser asesinado.

Sus abogados, delegados de la ONU y la OEA, y decenas de personas guardaban silencio ante el macabro relato durante la audiencia.

El coronel Rubén Castro reconoció la existencia de una “banda criminal al interior” de sus hombres “creada con el único fin de incrementar” las bajas a “como diera lugar”. El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de “gente buena”.

Conocidos como “falsos positivos”, los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó en 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel.

 

– Práctica “sistemática” –

 

En medio del llanto de las víctimas, los acusados dieron nombres y detalles sobre la manera en la que asesinaron a sus allegados, la mayoría hombres entre 25 y 35 años.

El general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 que hace presencia en la línea fronteriza, es el uniformado de mayor rango a comparecer en la histórica audiencia de dos días.

Durante su ejercicio, los diez imputados dieron órdenes “sin las cuales la conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada”, dijo en su intervención la magistrada Catalina Díaz.

La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un cuartel ubicado en la entrada del pueblo de unos 100.000 habitantes, y motivada por una “política institucional del ejército de conteo de cuerpos” para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.

“El ejército nos estaba engañando, nos mataron a nuestros compañeros”, “hermanos”, “hijos”, alegó Sandra Barbosa, hermana de Javier Peñuela, a quien quisieron hacer pasar como guerrillero del ELN.

El tribunal de paz identificó dos modalidades de “falsos positivos”: Una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos. En la segunda, las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, que ostenta la mayor cantidad de narcocultivos del mundo.

Según testimonio de habitantes de Ocaña conocidos por la AFP, el ejército alardeaba constantemente por su supuesto éxito y la morgue del pueblo no daba abasto para recibir los cadáveres.

A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, detalló la magistrada Díaz. De acuerdo al tribunal, más de 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008, de los cuales 402 fallecieron en esta zona fronteriza.

El coronel Castro reconoció haberle transmitido a su subalternos las “políticas” de “los diferentes escalones del mando”, señalando al entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, de quien la exigencia por mostrar bajas “siempre fue repetitiva”. Montoya también se somete a la JEP desde 2018 sin aceptar responsabilidad alguna.

El tribunal de paz juzga los peores crímenes del conflicto de medio siglo que dejó más de nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.

Los magistrados de la JEP determinarán las penas de los exmilitares, luego de analizar sus testimonios y contrastarlos con sus investigaciones.

Las víctimas tendrán 15 días para manifestarse sobre las actuales audiencias y luego se conocerán las sentencias, informó la justicia de paz.

Gran parte de los ‘falsos positivos’ ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), quien sostiene que se trató de actos aislados.

En 2021, la JEP imputó a ex altos mandos de las FARC por el secuestro de al menos 21.000 personas. La cúpula rebelde también deberá hacer un reconocimiento público.

Mujer deberá indemnizar a su exesposo con casi 13 millones de pesos tras escracharlo en redes

Según el fallo que trató las injurias, la denunciada contaba con diferentes perfiles falsos desde donde gestionaba los agravios. Su defensora brindó otra versión de los hechos

Una mujer deberá indemnizar a su ex marido con casi 13 millones de pesos por realizar escraches virtuales en su contra. Así resolvió la Justicia de Control y Garantías de La Banda, Santiago del Estero, en el marco de una audiencia para analizar el delito de injurias concretado a través de publicaciones en redes sociales.

El proceso judicial que culminó con una sentencia indemnizatoria del juez Pedro Carlos Juri por una suma de 12.800.000 de pesos duró tres años y dio cuenta de que la demandada hostigaba a su ex pareja por medio de distintos perfiles falsos que utilizaba para agraviarlo en las redes.

“Este es un fallo ejemplar, que sienta precedentes en la Justicia de Santiago del Estero”, declaró a Noticiero 7 el abogado querellante Rolando Gómez Vélez, quien agregó: “Esto ha sido una odisea judicial”.

Al respecto, el abogado que representó al particular damnificado comentó que el trámite en la Justicia tuvo su inicio antes de la pandemia en virtud de “una mujer” que, “no contenta con la separación de su pareja, comenzó a escracharlo mediante numerosas publicaciones en redes sociales”.

“Él -relato Gómez Vélez-, cansado de estos escraches, se contactó conmigo con el objetivo de frenar este tipo de publicaciones que lo injuriaban. Entonces le enviamos una carta documento para intimarla al cese de las publicaciones, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales y civiles. Ella no contestó la carta documento y dio pie a realizar la denuncia por calumnias e injurias.

Las injurias se inscriben dentro de los delitos que protegen el honor y están previstas en el artículo 110 del Código Penal de la Nación. Esta cláusula, en rigor, sanciona con una multa al que “intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física”.

Tras la apertura del expediente, según detalló el abogado, el Ministerio Público Fiscal de La Banda dispuso el secuestro y requisa del celular de la mujer demandada. En esa diligencia se constató que ella, en efecto, era la titular de las cuentas desde donde se efectuaban los posteos. “Con eso, más las capturas de pantallas que tenía mi cliente de esas publicaciones, se pudo comprobar la culpabilidad”, explicó.

En ese contexto, el abogado querellante precisó que su cliente se dedicaba al comercio y que los comentarios en internet de su exesposa le habían generado una “notable disminución en su cartera de clientes”. Por esa razón, abundó, “pedimos ante el juez el resarcimiento por los daños y perjuicios y el cese de las publicaciones”.

Luego agregó: “El juez no puede obligar a alguien a no hacer esto si la persona no quiere. Pero sí puede obligarla a pagar la indemnización en concepto de daño moral causado al honor, el buen nombre y la dignidad de mi cliente, entendido esto como un derecho personalísimo de raíz constitucional, que debe tener efectivamente una tutela procesal efectiva”.

Y concluyó: “Al juez no le ha quedado otra opción que fallar a favor de mi cliente. Más allá de que las injurias hayan sido verdaderas o falsas, lo que hacen es menoscabar el honor, independientemente de qué es a lo que se esté refiriendo”.

Por otro lado, en diálogo con El Liberal, la abogada defensora de la mujer demandada, Elizabeth Maldonado, contó su versión de los hechos, atravesados, según dijo, por una “violencia de género, tanto económica, física, y psicológica por años” de parte de su ex marido para con ella. Los ex esposos tienen tres hijos en común y el hombre cuenta con una medida de prohibición de acercamiento hacia su exesposa.

En la versión de la abogada, el conflicto judicial se originó a través de una demanda de alimentos en contra del hombre, que “siempre fue renuente a pagar y por ello se lo condenó a multas diarias, por burlarse con pagos irrisorios, a los fines de burlarse de mi clienta y de lo que ordenaba la jueza de familia”.

Bajo esos términos, para la letrada el padre de los tres chicos “nunca demostró hasta la fecha reales ingresos de su supuesta empresa, porque nunca mostró de qué trabaja o cuáles son sus ingresos reales”. A su vez, sobre las publicaciones en las redes sociales la defensora explicó que el hombre “denunció como injurias un reclamo por ser deudor, y la supuesta pérdida de clientes de una empresa que nunca se llegó a probar sus libros contables, y balances hasta el día de hoy, por el cual la jueza de Familia lo volvió a condenar a una multa diaria (...)”.

Además, entre otros asuntos, explicó al diario santiagueño que la indemnización “no está firme” debido al recurso de apelación que presentó ante la alzada. Consideró también que “esta sentencia además de ser un retroceso, viola los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional, en especial con relación a la perspectiva de género la ley que ampara en la Argentina establece un principio en el Art. 7 inc. c, el principio de transversalidad que toda norma se debe aplicar teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

La abogada intimó al letrado Gómez Vélez para que se retracte por “su violencia mediática en los medios de prensa”, ya que, según consignó, “es falso que se le secuestró el celular” en la causa. Luego concluyó: “El pedido del pago de la cuota alimentaria a un deudor moroso no debe ser respondido como una despechada, muy sexista y con un estereotipo machista que la ley de protección integral desea erradicar, como las políticas públicas del Estado”.


Denuncian el ‘robo’ de los genitales de 7 hombres con un acto de brujería

Un sospechoso confesó haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como 'juju' en Ghana para robar su último 'trofeo' a un joven tras un contacto físico no especificado.

Siete residentes de la ciudad de Kasoa, en Ghana, perdieron sus miembros viriles en una sola semana en circunstancias inexplicables: todos denunciaron que sus genitales se desvanecieron tras un supuesto hechizo después de un contacto físico con desconocidos, sin ofrecer más detalles sobre el encuentro.

A juzgar por los relatos, las víctimas no fueron castradas a machetazos y tampoco parece que sufrieron agresiones físicas en el momento del ‘robo’ de sus penes. El último caso ocurrió este lunes, y el sospechoso confesó ante la Policía local haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como ‘juju’ para obtener el ‘trofeo’.

La última víctima, un joven que vendía zapatos en la ciudad, se quedó sin pene durante el encuentro con dos desconocidos que afirmaron ser de Níger y expresaron interés por su mercancía, pidiendole asistencia ante aparentes problemas con el idioma local, recoge Pulse.

Según el reporte, en el proceso, uno de los desconocidos se acercó al vendedor y tras un contacto físico no especificado le provocó un ‘shock’ repentino que recorrió todo su cuerpo y la sensación de una extraña pesadez en la zona genital.

El joven ghanés se dio cuenta de que su miembro viril había desaparecido y entró en pánico en un frenesí de gritos y exigencias para que le devolvieran su pene. Los residentes locales acudieron en ayuda y capturaron al misterioso ‘cliente’, llevándolo a la comisaría. Durante el interrogatorio, el sospechoso afirmó haber empleado magia ‘juju’ para robar los genitales al vendedor.

Los intentos del ‘brujo’ de revertir su hechizo y devolver el órgano fueron infructíferos. El medio local asegura que víctimas anteriores de este tipo de brujería tuvieron más suerte. Sin embargo, aunque lograron recuperar sus genitales, no lograron tener erecciones.

Colombia rompe relaciones con Argentina, tras expresiones de Milei

Las agresivas expresiones del presidente argentino Javier Milei contra su par colombiano Gustavo Petro, determinó el rompimiento de relaciones entre los dos países.


El Gobierno de Colombia resolvió la expulsión de todo el cuerpo diplomático de Argentina en su país, tras las declaraciones que el presidente Milei hizo en contra del mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien en una entrevista con CNN llamó “asesino terrorista”.

“Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”, dijo el Gobierno de Colombia en un comunicado.

Las decisión de Colombia se produce luego de que en conversación con Andrés Oppenheimer, Milei dijera, en referencia al pasado guerrillero de Petro, que “mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

De acuerdo a la Cancillería de Colombia, el alcance de la expulsión “se comunicará a la embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”.

CNN solicitó a la Cancillería de Argentina comentarios sobre esta decisión y está en espera de respuesta.

Antes de conocerse la decisión, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, anticipó en su cuenta de X que el Gobierno colombiano “está explorando todas las medidas” para responder a las declaraciones de Milei en contra de Petro. “Pronto se anunciarán decisiones”, señaló.

Fuente: CNN / Agencias