La decisión de “disponer la libertad” de Pérez Corradi en el proceso de extradición fue realizada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y luego el empresario fue liberado en la noche del martes del Penal de la ciudad de Marcos Paz, según se confirmó.

Pérez Corradi ya había cumplido la totalidad de la pena en otras causas y los dos tercios en una tercera, por lo que la resolución judicial dispuso que en el marco de esta última causa, por la que se encuentra incorporado al Programa de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia, quedara a disposición del Tribunal Oral Federal 8.

El archivo de la causa de extradición está fundado en que la embajada de Estados Unidos en Argentina informó que se “retiran formalmente la solicitud de extradición de Pérez Corradi en razón de cuestiones procesales” formulado en 2008.

En el marco del proceso de extradición a EE.UU., Pérez Corradi había sido detenido provisionalmente en octubre de 2008, pero el Poder Ejecutivo postergó su entrega a ese país hasta que se resolviera la situación procesal en una causa local. Su detención había cesado en 2011, pero se revocó en 2016.

La resolución recordó que en marzo de 2012 se detuvo a Pérez Corradi en el marco de la causa en que se investigan los asesinatos de tres empresarios a quienes se vinculó con el tráfico de efedrina, causa por la que en abril pasado la Justicia dictó falta de mérito.

En agosto de 2016 fue capturado en Paraguay y extraditado a la Argentina.

Desde entonces fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos.

También, a dos años y cinco meses de prisión por el delito de contrabando de importación de efedrina, y en diciembre se le concedió la excarcelación por haber cumplido la totalidad de la pena.

Además, a siete años de prisión por el delito del comercio de materias primas para la producción de estupefacientes, por la que el 23 de abril pasado se resolvió su libertad condicional por haber cumplido dos tercios de la pena.

El dictamen de preadjudicación abrió una instancia de siete días corridos para que cualquier interesado presente impugnaciones formales. Una vez vencido ese plazo, el gobierno procederá a la adjudicación definitiva.

“Como resultado de la evaluación final, se recomendó la adjudicación del contrato a la oferta de Jan de Nul – Servimagnus, y desestimar la oferta de (la también belga) DEME NV”, señaló el Ministerio.

En la instancia final, ambas compañías presentaron idéntica oferta económica, por lo que la diferencia quedó determinada por la evaluación técnica previa.

El Ministerio señaló que la concesión “traerá modernización y baja de costos logísticos”.

Jan De Nul operó la hidrovía entre 1995 y 2021 en un consorcio con la argentina Emepa bajo la razón social Hidrovía S.A.

Desde 2021, el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía, así como el cobro de peaje, estaban en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández resolviera no renovar la concesión.

La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80% de su producción, principalmente agrícola.

También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.

Fuente: AFP

Paz enfrenta desde hace más de un mes manifestaciones y bloqueos de rutas de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que pedían primero una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.

“Yo que él agarro mi maleta y me voy. Como bolivianos nos están matando ya. Este maldito gobierno que no tiene corazón”, declaró a la AFP Elvira Laura Quispe, en un tumulto de cientos de personas que se precipitaron en el centro de La Paz por la compra de pollos.

Acorralado por la crisis, el presidente reiteró este miércoles sus llamados al diálogo, pero también busca allanar el camino a la participación de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los bloqueos al llamarlo una acción “humanitaria”.

El desabastecimiento afecta sobre todo a La Paz, sede de gobierno, y la vecina El Alto, pero también se ha extendido a otras regiones. Según el gobierno, hay siete fallecidos por no recibir atención médica oportuna.

Cientos de personas hicieron fila desde mediodía para comprar pollo que gestionó la alcaldía de la ciudad de La Paz. La multitud se apretujó entre gritos, mientras trabajadores municipales descargaban los pollos desde un camión para venderlos al aire libre. Los precios de carnes y algunos vegetales se duplicaron en los mercados.

- ¡Ya basta! -

Durante un acto en el que presentó a un nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario dijo que envió al Congreso un proyecto para reglamentar el estado de excepción, que se apresta a declarar ante la profundización de la crisis.

“Si todo está mal, todos estamos mal (...). Yo creo que sería justo de una vez (un estado de excepción). Ya basta de marchas”, dijo en La Paz a la AFP la estilista Olga Villanueva, de 33 años.

El proyecto de ley buscará “fortalecer en este caso puntual a nuestras Fuerzas Armadas en su actuación”, señaló el gobernante.

“El estado de excepción es peor, va a haber muertos, la gente va a renegar. Muchas cosas pueden pasar. Ahorita es hora de dialogar”, dijo por su parte el comerciante Agustín Calcinas, de 43 años.

El Congreso anuló la semana pasada una ley que exigía al presidente tener su aprobación para decretar un estado de excepción, que le permitiría además restringir libertades de reunión y movimiento, esenciales para las manifestaciones.

“La tarea inmediata es recuperar la normalidad (...). El diálogo está siempre abierto, pero quienes se niegan a dialogar no pueden paralizar el país”, advirtió el nuevo ministro Justiniano, exzar antidrogas.

El gobierno de Paz denuncia que sectores de manifestantes buscan “alterar el orden democrático” y acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de dirigirlos.

- ¡Gobierno incapaz! -

En algunas zonas de La Paz se acumula la basura y en las estaciones de combustible se forman filas de vehículos. Algunos conductores de motocicletas pasan la noche en tiendas de campaña para resguardarse, pues la temperatura baja a menos de cero grados en la madrugada.

Los hospitales también están en crisis. El martes la Gobernación de La Paz declaró en emergencia sanitaria a sus centros médicos, lo que hace que se dé prioridad a la atención de pacientes en estados graves y emergencias.

En Cochabamba, en el centro del país, la situación es también crítica. “Este gobierno es incapaz. Son 34 días de bloqueo que no da solución. El sector productivo va muriendo”, dijo a la AFP Hugo Calvo, un productor de leche.

Un pozo petrolero tomado por manifestantes en un poblado de Santa Cruz, en el oriente del país, fue recuperado este viernes por un centenar de policías. Al menos diez personas fueron arrestadas, según medios locales.

La marcha en Buenos Aires se extiende varias cuadras en el centro histórico, desde el Congreso hasta la Avenida de Mayo, donde niñas, adolescentes y mujeres se movilizaron bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Una sostenía un cartel que decía “estamos a 10 femicidios del Mundial”, que comienza el 11 de junio.

La manifestación, que se celebra anualmente desde 2015, tenía réplicas en decenas de ciudades argentinas.

Este año ocurre en medio de la conmoción por el brutal asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba (centro) y cuyos restos fueron hallados el fin de semana tras una semana desaparecida.

“El caso de Agostina refleja algo que está pasando, pero matan a una mina (mujer) cada 30 horas, no es un caso particular que pasa y que por eso salimos. No hay políticas de Estado acordes a la problemática”, dijo a la AFP Amy Cozzi, una estudiante de 25 años.

Las manifestantes recuerdan también a otras dos víctimas recientes, como Dulce María Candia en Misiones (noreste), y Noelia Romero en Buenos Aires.

“Nosotros hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado”, señaló sobre el caso Luci Cavallero, referente del movimiento, y apuntó contra “un poder judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que se requerían”.

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 con una masiva protesta tras el asesinato de una adolescente de 14 años embarazada en Santa Fe (centro).

Aquel reclamo marcó un antes y un después en la agenda pública vinculada a la violencia de género en Argentina. Desde la asunción presidencial de Javier Milei en 2023, las activistas denuncian el desmantelamiento de estas políticas.

Entre entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada 36 horas, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuente: AFP.