La medida recogerá prohibiciones de hasta tres años de acceder al metro, el autobús o al sistema de ferrocarriles del estado neoyorquino.

La ley permitirá a los jueces que incluyan en las sentencias contra delincuentes sexuales la prohibición de hacer uso de las instalaciones públicas de transporte.

Saltarse dicho veto judicial será considerado como una falta, bajo la nueva legislación.

“Los usuarios del servicio de transporte merecen sentirse seguros y nosotros tenemos la obligación de garantizar que no serán el objetivo de delincuentes sexuales”, dijo Cuomo, citado en un comunicado de su oficina.

No es la primera vez que las autoridades del estado y la ciudad de Nueva York proponen este tipo de medidas.

El pasado marzo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se mostró favorable a una legislación que apartara del metro a los depredadores sexuales, aunque recordó que debería ser aprobada por las autoridades estatales, que son la que tienen competencia sobre el sistema metropolitano de transporte.

Esta cuestión fue abordada periódicamente, coincidiendo con casos de acoso o exhibicionismo registrados en los servicios de transporte.

En marzo de 2019, por ejemplo, el tabloide The New York Post publicó un reportaje sobre una decena de hombres que habían sido arrestados repetidamente por tocar a mujeres dentro del metro o por mostrarles sus genitales, lo que desató el descontento de parte de la ciudadanía en las redes.

Al tratarse de comportamientos considerados habitualmente como delitos menores, estos reincidentes quedan en libertad rápidamente y muchos vuelven a cometerlos.

“Suficiente es suficiente. Si queremos que nuestro sistema público de transportes mejore, necesitamos encontrar un equilibrio entre el derecho de alguien a tener acceso al transporte público y la seguridad de los usuarios”, dijo hoy el gobernador

Fuente: con apoyo de AFP

Esta sospecha policial se suma a un juicio en curso al exmandatario ante la corte suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, y a su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.

La policía cree que hay indicios suficientes para inculpar a Bolsonaro en el caso conocido como “Abin paralela”, que investiga si la agencia brasileña de inteligencia (Abin) fue usada para espiar a objetivos definidos por el gobierno bolsonarista (2019-2022).

“La Policía Federal concluyó su investigación sobre la existencia de una organización criminal que vigilaba ilegalmente a las autoridades públicas y producía noticias falsas”, indicó el organismo en un comunicado.

“El informe final fue remitido al Supremo Tribunal Federal” mientras el trámite sigue “bajo reserva”, agregó.

“Jair Bolsonaro nunca fue siquiera oído en este proceso (...) e incluso así fue indiciado”, se quejó uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, en su cuenta de la red social X.

También confirmó que su hermano, el concejal Carlos Bolsonaro, está entre los apuntados por la policía.

Según la prensa brasileña, entre los espiados a través de sus computadoras y celulares había periodistas y autoridades de los tres poderes públicos, como el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador” en el pasado.

ESPIONAJE A PARAGUAY

La Agencia de Inteligencia del Brasil ejecutó una operación de espionaje contra nuestro país acerca de las estrategias barajadas para la negociación de la tarifa de Itaipú y del Anexo C.

La ABIN habría recurrido a herramientas especializadas y estrategias de inteligenciapara la obtención decontraseñas e informaciones sensiblesde sus objetivos.

Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva negaron haber ordenado dicha infiltración, acusando directamente al expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto espionaje a Paraguay.

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta actualmente un juicio ante la corte por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, señalado de haber liderado sin éxito un plan para impedir la asunción de Lula, luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.

El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de urnas electrónicas, pero insiste en que quiere ser candidato en 2026.

Fuente: AFP

Los fiscales de la causa por la que fue condenada la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción solicitaron al tribunal que rechace otorgarle prisión domiciliaria para purgar una pena de seis años, señalaron fuentes judiciales este martes.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al juez el rechazo de la prisión domiciliaria porque consideraron que “no se advierten las razones humanitarias que la justifican”, según el dictamen divulgado por el Ministerio Público Fiscal.

La líder de centroizquierda, de 72 años, puede solicitar la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero el beneficio es a discreción de los jueces.

Su defensa había esgrimido además razones de seguridad al citar el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en 2022, cuando un sujeto intentó dispararle a corta distancia a la cabeza sin que las balas salieran.

De prosperar la postura de la fiscalía, Kirchner sería alojada en una cárcel común.

Presidenta del Partido Justicialista y principal líder de la oposición, Cristina Kirchner anunció que se presentará el miércoles ante los tribunales para iniciar el cumplimiento de su pena.

Seguidores y partidarios de la dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) convocaron a una movilización para el miércoles, para la que llegarán delegaciones desde varios puntos del país, en lo que se prevé será una marcha multitudinaria hacia los tribunales.

El tribunal puede notificar a Kirchner en forma remota para evitar que acuda a la sede judicial acompañada de una gran movilización popular.

- “No está sola” -

En las puertas de la casa de Kirchner la presencia de seguidores es permanente pese a las bajas temperaturas del invierno austral.

“Vengo de Rosario -340 km al norte de Buenos Aires-, vine en tren con la bicicleta y traje la bolsa de dormir para quedarme esta noche acá y mañana acompañar en la marcha”, dijo a la AFP Huara Gatti, de 33 años y empleada en el área de Cultura de la alcaldía rosarina.

Entre los manifestantes se comparte mate, una infusión criolla, y otras bebidas calientes para paliar el frío. “Hay que estar porque es un momento muy importante, muy triste, doloroso. Es una forma de darle un abrazo a la distancia y que sepa que no está sola”, dijo Gatti.

Algunos deciden permanecer, otros pasan a expresar apoyo y siguen con sus actividades. Automovilistas hacen sonar sus bocinas en señal de solidaridad, pero también hay quien les grita a los manifestantes “¡Van a ir todos presos!”.

“Le tienen tanto odio, quieren la foto, están haciendo todo para verla con pulsera electrónica, con el cartel de presa, quieren morbo”, reflexiona Gisela Cava, una vendedora de 45 años que lleva una camiseta con la frase de Kirchner “La patria es el otro”.

- Administración fraudulenta -

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, evaluó este martes que “la reacción inicial (de la militancia peronista) no va a ser la misma a lo largo del tiempo”.

“Habrá que ver si se convierte en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial”, agregó en declaraciones al canal A24.

La Corte Suprema confirmó el martes pasado una condena a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua contra Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.

El presidente ultraliberal Javier Milei había intentado llenar las vacantes de la Corte al nombrar dos jueces por decreto, pero la decisión fue rechazada por el Congreso.

Kirchner pidió cumplir su condena en un departamento en el barrio de Constitución, en la capital argentina, a minutos del Congreso Nacional.

La clínica que atiende al presidenciable y actual senador colombiano informó que Uribe debió pasar de nuevo por el quirófano este lunes ante un sangrado agudo en el cerebro.

Afirmaron que luego de la intervención su situación es “extremadamente crítica”, “caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control.

Se trata de un deterioro drástico en la salud de Uribe luego de días de estabilidad. El miércoles pasado dio signos de mejoría.

El senador opositor de 39 años fue ingresado en un centro médico el 7 de junio con tres heridas de bala, dos en la cabeza y una en la pierna. Los médicos lo operaron ese mismo día y el pasado domingo.

Un adolescente de 15 años está detenido y es acusado de ser el autor material del atentado, así como otros dos sospechosos de ser sus cómplices. Todos fueron imputados por la fiscalía por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos.

De momento siguen si conocerse los autores intelectuales del ataque.

Fuente: AFP