Risden pareció aludir así a la negociación que Brasil y Paraguay han iniciado en torno al tratado fundacional de la hidroeléctrica, una de las principales del mundo, que deberá ser revisado en 2023, cuando se cumplirán 50 años de su firma. En el acto participó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército y férreo defensor del régimen militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985, que coincidió con otras dictaduras suramericanas. Como en otras ocasiones, Bolsonaro evocó la memoria de los generales Emilio Garrastazu Médici y Alfredo Stroessner, que en la época encabezaban respectivamente las dictaduras brasileña y paraguaya y negociaron la construcción de Itaipú. “La historia no puede ser cambiada”, declaró Bolsonaro, quien calificó a ambos generales como “hombres de visión y de futuro”. El vicealmirante Risden, de 62 años, tiene más de cuatro décadas en las Fuerzas Armadas, en las que se especializó en el área de Intendencia. Risden sustituye al general João Francisco Ferreira, quien estaba en el cargo desde abril de 2021 y renunció en enero pasado alegando “razones personales”. Risden deberá asumir la continuación del proceso para la renovación del tratado que rige la represa binacional, que debe concluir en abril de 2023, cuando se cumplirán 50 años de su firma. El principal punto de esa negociación está en el Anexo “C” del tratado, que rige, entre otras cosas, la distribución de la energía generada por la hidroeléctrica. Según esa cláusula, cada país recibe el 50 % de la energía de la represa, pero debe venderle al otro socio aquella que no utiliza, y Paraguay satisface su demanda con poco más del 10 %, por lo que el resto acaba en Brasil y a precios preferenciales, inferiores a los del mercado. En medio de la negociación, Brasil pasará por las elecciones de octubre próximo, en las que Bolsonaro aspira a renovar su mandato aunque, hasta ahora, todas las encuestas dicen que sería desalojado del poder por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El nuevo Gobierno asumirá el 1 de enero de 2023, por lo que será responsable del tramo final de la negociación con Paraguay.

Fuente: AFP

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, celebró la decisión.

Según medios israelíes, Ben Gvir había propuesto en diciembre rodear con cocodrilos una prisión para detenidos palestinos, inspirándose en una polémica instalación para migrantes en Florida (Estados Unidos), apodada “Alcatraz de los Caimanes” que estuvo abierta menos de un año.

“¿Estás pensando en intentar escapar? Piénsalo dos veces”, escribió Ben Gvir el jueves en Facebook, junto a una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece con un cocodrilo sujeto con una correa.

La nueva normativa transfiere la supervisión de estos animales de la Autoridad de Naturaleza y Parques a un “organismo de seguridad”, como el Servicio Penitenciario de Israel, dependiente de Ben Gvir.

Según medios israelíes, el ministro pretende desplegar cocodrilos alrededor de la prisión de Ketziot, en el sur del país, donde están recluidos numerosos milicianos de Hamás capturados tras el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.

La cadena Canal 13 informó que la Autoridad de Naturaleza y Parques se había opuesto inicialmente a la propuesta y que varios oficiales del Servicio Penitenciario la recibieron con “burlas” cuando Ben Gvir la planteó el año pasado.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que “Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional”, dijo en un comunicado publicado en Telegram.

Los recursos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”, agregó Rodríguez.

El anuncio ocurre luego de que el FMI reanudara en abril sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero.

Mientras tanto, la angustia de los familiares crece por intentar ubicar a sus seres queridos aún bajo los escombros de edificios colapsados por los sismos de magnitud 7,2 y y 7,5 ocurridos el 24 de junio.

Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos subió a 5.069.

- “Nadie va a fosa común” -

Entrada la noche del viernes, parientes y voluntarios seguían la búsqueda de cadáveres. Nubes de moscas se propagan entre las ruinas de edificios desplomados en La Guaira, un popular balneario a 40 kilómetros de Caracas que registra los mayores daños.

“Hay muchísima gente allá abajo; nadie quiere tocar muertos”, dijo a la AFP Hildegar Mujica, un economista de 60 años que busca a su exesposa sepultada entre placas de concreto apiladas de una torre de doce pisos que la tierra prácticamente se tragó durante los terremotos.

Mujica busca a Leida Mata, una jubilada de 62 años que vivía en Residencias Caribe, un complejo de cuatro edificios en Caraballeda, una zona conocida del litoral de La Guaira.

El malestar de los familiares aumenta frente a las dificultades que supone recuperar cadáveres sin ayuda de maquinaria. Algunos han optado por alquilar vehículos retroexcavadores para levantar paredes que les impiden llegar hasta sus difuntos.

“En ningún momento se ha visto por parte de los organismos del Estado interés por los cuerpos que están dentro de toda esa estructura de piedra. De hecho, hay cuerpos visibles y si no hay familiares que puedan reconocerlos no los toman en cuenta”, agregó Mujica.

Rodríguez aseguró que “nadie va a fosa común”, al referirse a las acciones de su gobierno para ubicar e identificar a las víctimas.

- Pagar por sacar muertos -

En La Guaira se ubican la mayoría de los 190 edificios que colapsaron por completo debido a la furia de los terremotos. Otros 856 sufrieron daños que los hacen prácticamente inhabitables.

Conforme transcurren los días, algunos familiares han optado por pagarles a particulares para que les ayuden en la recuperación de sus parientes muertos.

Uno de ellos le contó a la AFP bajo anonimato que pagará 300 dólares para que ubiquen a su familiar. “Al no tener un Estado que te represente, quedamos a la deriva, a la buena de Dios”, dijo.

“Yo no puedo romper esa pared; para muchos familiares pagarles a estos ‘topos’ es el último recurso”, afirmó frustrado.

Johan Torumo, un voluntario de 45 años nacido en La Guaira, se opone a que se cobre por recuperar cadáveres.

“Tengo una testigo a la que le quitaron 1.300 dólares”, comentó el rescatista, que critica la falta de ayuda brindada por el gobierno para la recuperación de los cuerpos atrapados. “No hemos visto ni un esmeril, nada”, indicó.

El doble sismo dejó a miles de personas sin hogar. Más de 21.000 viven en campamentos en complejas condiciones de hacinamiento y carencias.

Fuente: AFP

El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad muy superficial de solo 10 kilómetros, lo que amplificó la percepción de las ondas sísmicas en naciones como Guatemala y El Salvador, donde varios edificios experimentaron fuertes sacudidas.

El sistema de alerta de tsunamis de EE.UU. emitió un aviso de emergencia advirtiendo sobre la posible llegada de olas peligrosas a las costas situadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

El organismo instó a las poblaciones costeras de la región del Pacífico a mantenerse atentas ante la amenaza activa para los litorales más cercanos a la zona de la ruptura sísmica.

Pese a la intensidad del temblor, las autoridades de protección civil locales no han reportado víctimas ni daños estructurales graves de forma inmediata. No obstante, reportes de agencias internacionales señalaron escenas de nerviosismo en ciudades principales como la capital de Guatemala, donde decenas de residentes evacuaron de forma preventiva sus viviendas ante el balanceo de las estructuras urbanas.