Arce, un economista de 62 años, fue detenido el miércoles tras dejar el poder el 8 de noviembre, con lo que terminó una era de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por el líder indígena Evo Morales.

La Fiscalía lo investiga por supuestos desvíos de fondos públicos a través del estatal Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Originarios (Fondioc), que fue cerrado en 2015 debido a irregularidades.

Según la fiscalía, cuando era ministro de Economía de Morales (2006-2019) autorizó transferencias de dinero público a cuentas de dirigentes campesinos para el desarrollo de proyectos agrícolas que quedaron inconclusos.

Arce fue trasladado al penal de San Pedro, en el centro de La Paz, escoltado por policías. Fue ingresado rápidamente al recinto entre gritos de detractores, según constató un periodista de la AFP.

Allí permanecerá por lo menos hasta mayo de 2026, mientras se despliega la investigación.

El juez impuso una medida más severa que la solicitada por la fiscalía, que había pedido tres meses de prisión preventiva.

Arce siguió la diligencia judicial desde una oficina de una dependencia policial en La Paz, donde pasó las últimas dos noches desde su detención.

“Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos”, se defendió el exmandatario.

Al mismo tiempo se dijo víctima de “una persecución” del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.

El abogado de Arce pidió al juez que este asumiera su defensa en libertad. Alegó su edad y que padecía un cáncer linfático.

Fuente: AFP

Las sanciones formaban parte de una serie de acciones punitivas tomadas contra Brasil por el gobierno del presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, quien calificó el juicio como una “caza de brujas”.

“Yo creía, y sigo creyendo (...) que la verdad, en el momento en que llegara a las autoridades estadounidenses, prevalecería”, dijo Moraes en un evento en Brasilia. “Y la verdad, con el empeño del presidente Lula y todo su equipo, prevaleció”.

Moraes fue sancionado en julio y Washington incluyó a su esposa, Viviane Barci de Moraes, unos meses después.

Las sanciones contra la pareja fueron levantadas tras esfuerzos para reparar los lazos diplomáticos entre Brasil y Estados Unidos, un golpe para Bolsonaro y su familia que habían hecho intenso lobby por las medidas.

Un alto funcionario del gobierno de Trump dijo a la AFP que “continuar la designación es inconsistente con los intereses de política exterior estadounidenses”.

Tras meses de animosidad, Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mantuvieron su primera reunión oficial en octubre en Malasia, lo que desató una intensa ronda de negociaciones entre diplomáticos.

Como resultado, el gobierno de Trump el mes pasado eximió a exportaciones brasileñas clave de un arancel del 40% que había impuesto en respuesta al juicio.

Los lazos entre Estados Unidos y Brasil se habían deteriorado incluso antes del juicio a Bolsonaro, tras decisiones judiciales de Moraes para regular las redes sociales, incluyendo el bloqueó temporal de la plataforma X de Elon Musk y cuentas de usuarios populares entre voces conservadoras.

Al imponer las sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dijo que Moraes se había “arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil”.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años desde noviembre, tras ser declarado culpable de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo después de las elecciones de 2022.

Su hijo Eduardo, un legislador federal, se radicó en Estados Unidos a principios de este año después de meses viajando de ida y vuelta desde Brasil para hacer lobby por sanciones contra funcionarios judiciales.

En septiembre fue imputado por el delito de “coacción” por sus supuestos esfuerzos para influir en el resultado del juicio por golpismo contra su padre.

En una declaración en redes sociales, Eduardo dijo que la decisión de levantar las sanciones a Moraes fue recibida “con pesar”.

Señaló que “la falta de cohesión interna y el insuficiente apoyo a las iniciativas dirigidas en el exterior contribuyeron al agravamiento de la situación actual”.

“Estamos agradecidos por el apoyo que el presidente Trump demostró a lo largo de este camino y por la atención que dedicó a la grave crisis de libertades que asola Brasil”.

El viernes, el alto funcionario del gobierno de Trump valoró positivamente la aprobación de un proyecto de ley por la cámara baja de Brasil, dominada por partidarios de Bolsonaro, que podría reducir considerablemente la condena de prisión del exmandatario.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Los intimados deberán asistir a una audiencia para recibir información sobre vacunación y contarán con 30 días para aplicar a sus hijos las dosis bajo riesgo de trabajo comunitario, multas de hasta 230 dólares al cambio actual o arresto de hasta cinco días, dijo a la AFP el ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero.

“Recién empezamos con esto”, aseguró.

En Argentina la vacunación es obligatoria por ley. Incluye dosis gratuitas desde el embarazo hasta los 11 años y refuerzos a lo largo de toda la vida.

La iniciativa de Mendoza se produce en el marco de una caída en la tasa de vacunación a nivel nacional y de la aparición de casos de sarampión y tos convulsa, enfermedades que se creían superadas.

Según datos oficiales, desde 2024 ninguna de las inmunizaciones obligatorias a nivel nacional alcanzó la meta recomendada del 95% y algunas cayeron a la mitad.

“Cumplir con la vacunación no es un acto individual, es colectivo, funciona en la medida en que todos tomemos acción y quien no lo hace pone en riesgo a toda la comunidad”, dijo Montero, que prometió más denuncias civiles.

Mendoza emitió en agosto una resolución para endurecer los castigos a quienes omitan vacunar a sus hijos.

“Y está dando resultados, de los primeros denunciados, tres ya cumplieron con la vacunación”, dijo el ministro.

Mendoza es una de las provincias con mayor tasa de vacunación, alrededor del 85%.

“Estamos lejos del objetivo del 95%, aunque por encima del promedio nacional del 65%”, apuntó el ministro.

“Antes, cuando se avisaba a los padres que en tal semana iría el equipo a la escuela a vacunar, muchos no enviaban a sus hijos. Entonces, para evitar el ausentismo escolar, les dimos la posibilidad de manifestar en un formulario que no quieren inmunizarlos. Eso sirvió para hacer seguimiento de esas negativas a vacunar”, base de las actuales denuncias, añadió.

En 2025, Argentina registró unos 35 casos de sarampión y unos 700 confirmados de tos convulsa con siete niños fallecidos.