La petición fue hecha ante la insistencia del líder de la negacionista ultraderecha brasileña en boicotear la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años, autorizada el pasado miércoles por el Ministerio de Salud a regañadientes y pese a las resistencias del propio jefe de Estado.

Desde que el Gobierno anunció la inclusión de los menores en el plan nacional de inmunización, Bolsonaro ha puesto en duda la seguridad y la eficacia de la vacuna para niños; ha insistido en que no autorizará que su hija de 11 años sea inmunizada y ha instado a los padres a que desistan de ese propósito.

Para sustentar su petición, el jefe de Estado alegó informaciones falsas, como que en Brasil no había registro de niños muertos por coronavirus y que ningún estudio había demostrado la eficacia de la vacuna anticovid en menores de edad.

“Presenté un recurso para que el Supremo Tribunal Federal prohíba a Bolsonaro difundir fake news sobre la vacunación infantil contra la covid y para que le imponga una multa diaria de 200.000 reales (unos 35.714,3 dólares) en caso de que insista en esa conducta”, afirmó el senador opositor en un mensaje en Twitter.

“Esa saña asesina no puede proseguir”, agregó el legislador del partido Rede Sustentabilidade y que fue vicepresidente de la comisión parlamentaria que investigó las omisiones en la gestión del Gobierno frente a la pandemia y que acusó al líder ultraderechista de crímenes contra la humanidad por su actitud negacionista.

De acuerdo con el senador, al mentir sobre la vacunación infantil, Bolsonaro “repite la reprobable conducta que adoptó durante toda la pandemia al usar las prerrogativas de su cargo para divulgar informaciones falsas y, de esa forma, sabotear la vacunación contra la covid”.

“Además de confundir y desinformar a la población sobre un asunto de mucha importancia para la salud y la vida de los brasileños, la saña del titular del Poder Ejecutivo contra las vacunas repercute en las acciones adoptadas por el Ministerio de Salud”, agregó.

El Ministerio, tras intensas presiones políticas y de entidades médicas, anunció la inmunización de los niños de entre 5 y 11 años casi veinte días después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) autorizara el uso de la vacuna del laboratorio Pfizer en Brasil para la población de esta edad.

El Ministerio desistió de su idea inicial de condicionar la vacunación de los niños a la presentación de prescripción médica.

La demora del Gobierno en dar su visto bueno fue criticada por científicos y médicos, que recordaron que otros 30 países ya están vacunando niños, y rechazaron los obstáculos con que Bolsonaro intenta atrasar o impedir el inicio de la campaña de inmunización.

El jefe de Estado llegó a pedir la divulgación de los nombres de los técnicos de la Anvisa que autorizaron la vacunación de los niños para que pudiesen ser censurados públicamente.

El jueves, en una entrevista, alegó que no le constaba la muerte de ningún niño por covid en Brasil y advirtió, sin aportar pruebas, de “posibles efectos colaterales a partir de los 22, 23 o 24 años”, si los padres deciden vacunar hoy a sus hijos contra el coronavirus.

“Yo me pregunto: ¿alguien sabe de algún niño que haya muerto de covid? Tengo delante a 10 personas y nadie levantó la mano”, señaló el capitán retirado del Ejército.

Según datos del Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia al menos 311 menores de entre 5 y 11 años han fallecido por la covid-19 en el país suramericano, aunque algunas entidades médicas sostienen que la cifra es mayor.

Brasil, el segundo país con más muertes y el tercero con más contagios de covid-19 en el mundo, acumula cerca de 620.000 víctimas y 22,4 millones de casos desde el inicio de la pandemia.

El Senado de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley según el cual la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, tendrá nueve meses para vender la red social, caso contrario, la aplicación se prohibirá en las tiendas de ‘apps’ estadounidenses, informan medios locales.

El visto bueno de la medida contó con 79 votos a favor y 18 en contra, mientras que la Cámara de Representantes ya la había aprobado el pasado sábado. Ahora, la legislación será enviada al presidente Joe Biden para su respectiva firma, con lo que entraría automáticamente en vigor.

El Congreso aprobó el proyecto de ley argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de TikTok con China. Legisladores y expertos en seguridad han afirmado que existen riesgos de que el Gobierno chino se apoye en ByteDance para acceder a datos sensibles pertenecientes a sus usuarios estadounidenses o para difundir propaganda, reporta The New York Times.

Según el diario, es probable que la medida se enfrente a desafíos legales, así como a la posible resistencia de Pekín, que podría bloquear la venta o exportación de tecnología. Tampoco está claro quién tiene los recursos para comprar TikTok, ya que su precio será elevado.

Desde la red social denunciaron que la iniciativa del Congreso “pisotearía los derechos a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses”.

“Uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA”, prosiguió el texto, firmado también por el ministerio de Seguridad argentino.

Vahidi es Ministro del Interior de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra actualmente en Pakistán y Sri Lanka.

En ese sentido, la oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina, que a su vez solicitó a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto, según el comunicado.

El 12 de abril, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992, así como el de la AMIA dos años después, fueron ordenados por Irán, en un fallo considerado “histórico” por la comunidad judía.

La Cámara de Casación Penal Federal II señaló entonces al movimiento chiita Hezbolá como el perpetrador, declaró a Irán como un “Estado terrorista” y calificó el atentado a la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”.

En dos fallos separados divulgados ese día, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la necesidad de enjuiciar “en ausencia” a los acusados libaneses e iraníes, absolvieron al exmecánico argentino Carlos Telleldín por su supuesta implicación y redujeron condenas a otros acusados de encubrir la pesquisa.

- Memorándum de entendimiento -

El atentado a la AMIA fue el segundo contra la colectividad judía argentina, la más numerosa de Latinoamérica, después del perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos. Ambos ataques están impunes.

En 2006, tribunales argentinos pidieron la extradición de ocho iraníes, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.

Luego de ocupar este cargo en Defensa, el teniente general Vahidi fue nombrado ministro del Interior en 2021. Pero para el momento del ataque de Buenos Aires, el funcionario era comandante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones encubiertas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En 2013, la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán por el que se acordaba crear una “comisión de la verdad” para investigar el atentado. Además, se permitía a los fiscales argentinos interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba contra la AMIA.

El memorándum se alcanzó con el aval del Congreso argentino, pero nunca fue ratificado por el Poder Legislativo en Teherán.

Su firma obtuvo entonces la vehemente oposición de líderes de la comunidad judía, que lo tacharon de “inconstitucional”, y la mandataria fue acusada de encubrir a los responsables del atentado.

Esta causa contra Kirchner y varios de sus funcionarios fue abierta por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando la gobernante cumplía el último año de su segunda presidencia. Días después y cuando debía ser interpelado en el Congreso, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien, en un caso que conmocionó al país.

En octubre de 2021, la justicia argentina dictó el sobreseimiento de Kirchner, que para entonces era vicepresidenta de Alberto Fernández, luego de que un tribunal estimara que no hubo delito de parte de la entonces jefa de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación del memorándum.

“Algunos pactan. Otros exigimos la detención de los responsables del atentado a la AMIA”, escribió en la red X el subsecretario de prensa de la presidencia argentina, Javier Lanari, en un comentario reproducido por el presidente Javier Milei.

Fuente: AFP

El sector público registró en marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos (309 millones de dólares al cambio oficial), “logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año”, dijo Milei en cadena nacional.

“Es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008″, prosiguió, refiriéndose al primer año de gobierno de su rival política Cristina Kirchner.

Haber logrado esto “en tan solo tres meses de gobierno es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial”, estimó Milei.

El presidente asumió en diciembre determinado a reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares.

Para ello emprendió un draconiano ajuste que incluye, entre otros, la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población.