Porque “el pueblo” lo pidió, Bolsonaro facilita la compra de armas en Brasil

Brasilia.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió hoy una de sus principales promesas de la campaña electoral y firmó un decreto que flexibiliza la venta de armas a civiles, tal como "el pueblo lo decidió" en un referendo realizado en 2005.

El líder de la ultraderecha brasileña y capitán de la reserva del Ejército hizo alusión a ese referendo de 2005, en el que el 63 % de los brasileños se pronunciaron en contra de que se prohíba la venta de armas a civiles, lo cual en la práctica nunca se cumplió del todo y fue obstaculizado por diversas normativas.

“Como el pueblo soberanamente decidió por ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma”, afirmó Bolsonaro, al mostrar el bolígrafo con el que firmó el decreto.

“Infelizmente, en la época, el Gobierno (de Luiz Inácio Lula da Silva) se valió de decretos y normas para negar ese derecho” que la sociedad había “reclamado” en el referendo, apuntó.

La legislación actual permitía la tenencia de armas a mayores de 25 años sin antecedentes penales, con una ocupación lícita, probada capacidad psicológica para su uso y que justificasen su necesidad; lo cual se mantiene en el decreto, que aún así relaja los requisitos y amplia el universo de potenciales compradores de armamento.

La liberación de la venta de armas fue uno de los mascarones de proa de la campaña que llevó a Bolsonaro a ganar las elecciones de octubre pasado, en la que aseguró que esa medida le permitirá a la sociedad ejercer el “derecho a la autodefensa” ante una violencia que cada año causa unas 60.000 muertes, según datos oficiales.

La promesa electoral fue, sin embargo, algo matizada, ya que el decreto no contempla autorizar el porte de armas, como prometía el entonces candidato, sino que se limita a flexibilizar la compra y la tenencia en domicilios o locales comerciales.

Asimismo, establece que la compra de armas sólo será permitida a aquellas personas que demuestren una “efectiva necesidad” y define a priori algunos de esos casos.

Son agentes públicos de las áreas de seguridad e inteligencia, de la administración penitenciaria y militares activos o retirados, así como personas que residan en zonas rurales o urbanas, en ese último caso con índices anuales superiores a diez homicidios cada 100.000 habitantes, lo que abarca a prácticamente todo el país.

También son contemplados los dueños o responsables de comercios e industrias, lo cual es una completa novedad, y los coleccionistas o cazadores.

Las únicas limitaciones son para las residencias en las que haya niños o personas con alguna deficiencia mental, en cuyos casos el potencial comprador de un arma deberá demostrar que posee en su domicilio una caja fuerte o un “lugar seguro” para guardarla.

El decreto establece que quienes se encuadren en esas figuras podrá adquirir hasta cuatro armas de fuego, siempre y cuando tengan más de 25 años de edad y una “ocupación lícita”, sean aprobados en cursos psicotécnicos y de tiro, y no tengan antecedentes policiales o procesos pendientes en la Justicia.

Según Bolsonaro, de ese modo se garantiza que “el ciudadano de bien pueda tener paz dentro de su casa” y que el arma pase a ser un factor inhibidor para los delincuentes.

El opositor Partido de los Trabajadores (PT), cuyo candidato presidencial para las elecciones de octubre, Fernando Haddad, pedía distribuir “libros en vez de armas”, anunció que se propone acudir a la Justicia para intentar la anulación de esa medida.

“Es un tema que no puede ser objeto de un decreto, porque implica la preservación de la vida”, declaró el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara Alta.

Sin embargo, a tenor de lo declarado ya por algunos magistrados, el decreto tendría plena validez legal, pues no altera cláusulas de la Constitución consideradas “pétreas” o intocables.

“Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea”, declaró esta semana el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli.

Mujer deberá indemnizar a su exesposo con casi 13 millones de pesos tras escracharlo en redes

Según el fallo que trató las injurias, la denunciada contaba con diferentes perfiles falsos desde donde gestionaba los agravios. Su defensora brindó otra versión de los hechos

Una mujer deberá indemnizar a su ex marido con casi 13 millones de pesos por realizar escraches virtuales en su contra. Así resolvió la Justicia de Control y Garantías de La Banda, Santiago del Estero, en el marco de una audiencia para analizar el delito de injurias concretado a través de publicaciones en redes sociales.

El proceso judicial que culminó con una sentencia indemnizatoria del juez Pedro Carlos Juri por una suma de 12.800.000 de pesos duró tres años y dio cuenta de que la demandada hostigaba a su ex pareja por medio de distintos perfiles falsos que utilizaba para agraviarlo en las redes.

“Este es un fallo ejemplar, que sienta precedentes en la Justicia de Santiago del Estero”, declaró a Noticiero 7 el abogado querellante Rolando Gómez Vélez, quien agregó: “Esto ha sido una odisea judicial”.

Al respecto, el abogado que representó al particular damnificado comentó que el trámite en la Justicia tuvo su inicio antes de la pandemia en virtud de “una mujer” que, “no contenta con la separación de su pareja, comenzó a escracharlo mediante numerosas publicaciones en redes sociales”.

“Él -relato Gómez Vélez-, cansado de estos escraches, se contactó conmigo con el objetivo de frenar este tipo de publicaciones que lo injuriaban. Entonces le enviamos una carta documento para intimarla al cese de las publicaciones, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales y civiles. Ella no contestó la carta documento y dio pie a realizar la denuncia por calumnias e injurias.

Las injurias se inscriben dentro de los delitos que protegen el honor y están previstas en el artículo 110 del Código Penal de la Nación. Esta cláusula, en rigor, sanciona con una multa al que “intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física”.

Tras la apertura del expediente, según detalló el abogado, el Ministerio Público Fiscal de La Banda dispuso el secuestro y requisa del celular de la mujer demandada. En esa diligencia se constató que ella, en efecto, era la titular de las cuentas desde donde se efectuaban los posteos. “Con eso, más las capturas de pantallas que tenía mi cliente de esas publicaciones, se pudo comprobar la culpabilidad”, explicó.

En ese contexto, el abogado querellante precisó que su cliente se dedicaba al comercio y que los comentarios en internet de su exesposa le habían generado una “notable disminución en su cartera de clientes”. Por esa razón, abundó, “pedimos ante el juez el resarcimiento por los daños y perjuicios y el cese de las publicaciones”.

Luego agregó: “El juez no puede obligar a alguien a no hacer esto si la persona no quiere. Pero sí puede obligarla a pagar la indemnización en concepto de daño moral causado al honor, el buen nombre y la dignidad de mi cliente, entendido esto como un derecho personalísimo de raíz constitucional, que debe tener efectivamente una tutela procesal efectiva”.

Y concluyó: “Al juez no le ha quedado otra opción que fallar a favor de mi cliente. Más allá de que las injurias hayan sido verdaderas o falsas, lo que hacen es menoscabar el honor, independientemente de qué es a lo que se esté refiriendo”.

Por otro lado, en diálogo con El Liberal, la abogada defensora de la mujer demandada, Elizabeth Maldonado, contó su versión de los hechos, atravesados, según dijo, por una “violencia de género, tanto económica, física, y psicológica por años” de parte de su ex marido para con ella. Los ex esposos tienen tres hijos en común y el hombre cuenta con una medida de prohibición de acercamiento hacia su exesposa.

En la versión de la abogada, el conflicto judicial se originó a través de una demanda de alimentos en contra del hombre, que “siempre fue renuente a pagar y por ello se lo condenó a multas diarias, por burlarse con pagos irrisorios, a los fines de burlarse de mi clienta y de lo que ordenaba la jueza de familia”.

Bajo esos términos, para la letrada el padre de los tres chicos “nunca demostró hasta la fecha reales ingresos de su supuesta empresa, porque nunca mostró de qué trabaja o cuáles son sus ingresos reales”. A su vez, sobre las publicaciones en las redes sociales la defensora explicó que el hombre “denunció como injurias un reclamo por ser deudor, y la supuesta pérdida de clientes de una empresa que nunca se llegó a probar sus libros contables, y balances hasta el día de hoy, por el cual la jueza de Familia lo volvió a condenar a una multa diaria (...)”.

Además, entre otros asuntos, explicó al diario santiagueño que la indemnización “no está firme” debido al recurso de apelación que presentó ante la alzada. Consideró también que “esta sentencia además de ser un retroceso, viola los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional, en especial con relación a la perspectiva de género la ley que ampara en la Argentina establece un principio en el Art. 7 inc. c, el principio de transversalidad que toda norma se debe aplicar teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

La abogada intimó al letrado Gómez Vélez para que se retracte por “su violencia mediática en los medios de prensa”, ya que, según consignó, “es falso que se le secuestró el celular” en la causa. Luego concluyó: “El pedido del pago de la cuota alimentaria a un deudor moroso no debe ser respondido como una despechada, muy sexista y con un estereotipo machista que la ley de protección integral desea erradicar, como las políticas públicas del Estado”.


Denuncian el ‘robo’ de los genitales de 7 hombres con un acto de brujería

Un sospechoso confesó haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como 'juju' en Ghana para robar su último 'trofeo' a un joven tras un contacto físico no especificado.

Siete residentes de la ciudad de Kasoa, en Ghana, perdieron sus miembros viriles en una sola semana en circunstancias inexplicables: todos denunciaron que sus genitales se desvanecieron tras un supuesto hechizo después de un contacto físico con desconocidos, sin ofrecer más detalles sobre el encuentro.

A juzgar por los relatos, las víctimas no fueron castradas a machetazos y tampoco parece que sufrieron agresiones físicas en el momento del ‘robo’ de sus penes. El último caso ocurrió este lunes, y el sospechoso confesó ante la Policía local haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como ‘juju’ para obtener el ‘trofeo’.

La última víctima, un joven que vendía zapatos en la ciudad, se quedó sin pene durante el encuentro con dos desconocidos que afirmaron ser de Níger y expresaron interés por su mercancía, pidiendole asistencia ante aparentes problemas con el idioma local, recoge Pulse.

Según el reporte, en el proceso, uno de los desconocidos se acercó al vendedor y tras un contacto físico no especificado le provocó un ‘shock’ repentino que recorrió todo su cuerpo y la sensación de una extraña pesadez en la zona genital.

El joven ghanés se dio cuenta de que su miembro viril había desaparecido y entró en pánico en un frenesí de gritos y exigencias para que le devolvieran su pene. Los residentes locales acudieron en ayuda y capturaron al misterioso ‘cliente’, llevándolo a la comisaría. Durante el interrogatorio, el sospechoso afirmó haber empleado magia ‘juju’ para robar los genitales al vendedor.

Los intentos del ‘brujo’ de revertir su hechizo y devolver el órgano fueron infructíferos. El medio local asegura que víctimas anteriores de este tipo de brujería tuvieron más suerte. Sin embargo, aunque lograron recuperar sus genitales, no lograron tener erecciones.

Colombia rompe relaciones con Argentina, tras expresiones de Milei

Las agresivas expresiones del presidente argentino Javier Milei contra su par colombiano Gustavo Petro, determinó el rompimiento de relaciones entre los dos países.


El Gobierno de Colombia resolvió la expulsión de todo el cuerpo diplomático de Argentina en su país, tras las declaraciones que el presidente Milei hizo en contra del mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien en una entrevista con CNN llamó “asesino terrorista”.

“Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”, dijo el Gobierno de Colombia en un comunicado.

Las decisión de Colombia se produce luego de que en conversación con Andrés Oppenheimer, Milei dijera, en referencia al pasado guerrillero de Petro, que “mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

De acuerdo a la Cancillería de Colombia, el alcance de la expulsión “se comunicará a la embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”.

CNN solicitó a la Cancillería de Argentina comentarios sobre esta decisión y está en espera de respuesta.

Antes de conocerse la decisión, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, anticipó en su cuenta de X que el Gobierno colombiano “está explorando todas las medidas” para responder a las declaraciones de Milei en contra de Petro. “Pronto se anunciarán decisiones”, señaló.

Fuente: CNN / Agencias