Presidente de Chile admite abusos policiales y se abre a cambiar Constitución

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que ha habido casos de abusos y excesos policiales durante las protestas en Chile, y se mostró favorable a realizar cambios en la actual Constitución.


Fuente: EFE

"Ha habido excesos, abusos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los Tribunales de Justicia", advirtió Piñera en conversación con el diario El Mercurio.

Las protestas, que cumplen este sábado 22 días, han dejado 20 fallecidos, seis de ellos ciudadanos extranjeros, y del total de las muertes 5 ocurrieron presuntamente a manos de agentes del Estado.

Además, según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal pero independiente, se contabilizan 1.915 heridos, de los que más de la mitad son por disparos (de bala, perdigones, balines de goma o arma de fuego no identificada).

Sin embargo, al ser preguntado si se han registrado violaciones a los derechos humanos durante el transcurso de las protestas, Piñera prefirió apuntar a la "prudencia" y no emitir ninguna opinión al respecto.

En lo que sí fue tajante el presidente chileno fue a la hora de defender la salida de los militares a las calles para hacerse cargo del orden público en los primeros días, cuando se decretaron los estados de emergencia y toques de queda en casi todas las regiones del país, por primera vez desde la vuelta a la democracia.

Incluso agregó que si las circunstancias se repitiesen, volvería a hacerlo.

Sobre la posibilidad de modificar la Constitución, originada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada varias veces a lo largo de la vuelta de la democracia, Piñera se mostró favorable a los cambios.

Una idea que, sin embargo, queda a medio camino de la demanda social que se exige en las calles: una nueva Carta Magna y no una actualización de la existente.

La ciudadanía hace ya tres semanas que sale a diario a manifestarse contra la desigualdad social que existe en Chile en masivas protestas en todo el país, pidiendo cambios en el modelo liberal de Chile en materias como pensiones, salud, educación, transporte, costes de los servicios básicos o los medicamentos.

A las peticiones concretas, con el paso del tiempo, se sumó la idea de que el país necesita una nueva Constitución, más allá de pedir la renuncia del mandatario.

"Los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás. No quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia. Esto es para ahora", indicó el presidente.

En ese sentido, Piñera señaló varios puntos que la actual Carta Magna chilena necesitaría actualizar.

Por un lado consideró que es necesario "definir mejor los derechos de las personas" y establecer cómo se van a cumplir y respetar.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, puntualizar más claramente cuáles serán sus obligaciones con respecto a la población porque, a su juicio, "hay muy poco de eso" en la actual normativa.

Además insistió en que es necesario "crear mejores mecanismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz con claridad" y cambiar ciertas funciones o atribuciones de algunas instituciones estatales como la Contraloría General o la Fiscalía entre otros, "que no están funcionando todo lo bien" que él quisiera.

Las protestas se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.

 

Queman y saquean edificio histórico de una universidad en Chile

Un edificio patrio en el centro de Santiago de Chile se incendió este viernes cerca de la Plaza Italia, donde cientos de miles de personas se manifestaban en el día que se cumplen tres semanas de protestas en el país, que ya dejaron 20 fallecidos, seis de ellos ciudadanos extranjeros.


Fuente: EFE

El fuego se propagó rápidamente entre el segundo y el tercer piso del inmueble, que era utilizado como rectoría y decanato de varias facultades de la Universidad Pedro de Valdivia.

La columna de humo que emanaba del incendio era fácilmente visible desde varios puntos de la capital chilena mientras numerosas compañías de Bomberos Voluntarios se apuraban para llegar al lugar y luchas contra las llamas, que engulleron la mayor parte del edificio.

Los carros de Bomberos tuvieron que cruzar por el medio de la multitudinaria manifestación de Plaza Italia, donde los ciudadanos congregados abrían paso rápidamente para dar acceso hacia la emergencia, que se encontraba a dos cuadras de la movilización.

Los bomberos controlaron las llamas en una hora e incluso fueron ayudados por los propios manifestantes con las mangueras y aparatos de extinción.

Parte del techo del edificio, que anteriormente fue ocupado por el Comité Olímpico de Chile (COCh), cedió durante las tareas de extinción, que una vez desplegadas las numerosas unidades de bomberos se centraron en intentar que las llamas no se propaguen a los edificios colindantes.

Felipe Guevara, el intendente de la región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, dijo a la televisión nacional chilena que "un grupo de encapuchados" habría entrado al edificio y, tras saquearlo, le habrían prendido fuego.

El rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Rafael Rosell, dijo a ese mismo medio que "es muy triste para Santiago perder su patrimonio" y que un hecho así ocasiona "un daño muy grande a la comunidad".

La protesta de este viernes se convocó con la idea de replicar la masiva movilización del pasado viernes 26 de octubre, cuando 1,2 millones de personas se agolparon en la céntrica plaza de Santiago para mostrar su descontento hacia la desigualdad social y pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera.

Las protestas se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.

 

Lula, al salir de la cárcel: "Trabajaron para criminalizar a la izquierda"

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva acusó este viernes a la Justicia, la Policía y al Estado brasileño de intentar "criminalizar" a la izquierda por los 580 días que permaneció encarcelado en Curitiba (sur) por una condena de corrupción.


Fuente: EFE

“Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia. Trabajaron para criminalizar a la izquierda, a Lula y al Partido de los Trabajadores”, dijo un emocionado Lula en las inmediaciones de las instalaciones en las que estuvo encarcelado ante una multitud de seguidores.

Lula, de 74 años, dejó la cárcel gracias a una decisión de la Corte Suprema adoptada este jueves.

El antiguo jefe de Estado (2003-2010) dio un breve discurso interrumpido por vítores ante un público teñido de color rojo, el mismo que el del partido que lidera, el de los Trabajadores.

“Salgo de aquí con un gran sentimiento de agradecimiento. Quiero probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un Gobierno que no mienta en Twitter como hace (Jair) Bolsonaro”, manifestó.

Lula, que se benefició de una decisión del Supremo que deroga el encarcelamiento en segunda instancia, estuvo preso 1 año y 7 meses por una condena promulgada por Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia, que le consideró culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero por beneficios recibidos de una constructora.

“Hay un grupo de mafiosos en este país. Ese golpe que hicieron para intentar, liderados por la red Globo (TV), ponerme como un ladrón”, acusó el antiguo líder sindical.

También atacó a Moro, quien fue nombrado por Bolsonaro: “Si tomamos a Dallagnol (otros de los jueces que lo procesó), Moro y otros inspectores y los metes dentro de un exprimidor, lo que sobra de ellos no es ni 10 % de la honestidad que yo represento en este país”.

De sus planes de futuro, adelantó que viajará este viernes mismo a Sao Paulo, donde espera encontrarse con su familia y sus colegas del sindicato de los metalúrgicos.

“Mañana me encuentro en el sindicato y después las puertas de Brasil estarán abiertas para que lo pueda recorrer”, cerró.

 

Tras más de un año en prisión, justicia brasileña decreta la libertad de Lula da Silva

La Justicia brasileña autorizó este viernes la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde hace 1 año y 7 meses, después de la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo de Brasil.


Fuente: EFE

La excarcelación de Lula fue solicitada hoy por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.

El juez Danilo Pereira Jr, de la 12 Sala Criminal de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, analizó el pedido presentado por los abogados y autorizó su libertad, lo que podría ocurrir en los próximos minutos u horas.

Lula está en prisión desde el 7 de abril de 2018, cuando empezó a cumplir una pena de 8 años y 10 meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a modo de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS, a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras.

La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte Suprema, que ya presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se ha pronunciado.

Lula se benefició así del fallo de la Corte, que anuló una jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la que había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que ésta se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.

Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el "tránsito en juzgado" ("cosa juzgada" en español) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.

Los integrantes de la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, rechazaron la nueva decisión del Supremo y expresaron su temor de que "afecte a los resultados de su trabajo".