Presidente de Perú enfrenta a la justicia

El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció este lunes ante la Fiscalía, que le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno, pero se negó a responder acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio.


Fuente: AFP

 

Al salir de la Fiscalía luego de una audiencia de dos horas y media, detractores del mandatario izquierdista lanzaron huevos contra el vehículo oficial que lo trasladaba.

Vestido con una llamativa casaca roja, el presidente de 52 años se presentó ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una causa relacionada con la destitución el 20 de julio del ministro del Interior Mariano González.

La Fiscalía sospecha que con la abrupta salida González, quien estuvo apenas dos semanas en al frente de la cartera de Interior, Castillo buscó impedir la designación de un equipo especial de la policía para ubicar a dos miembros de su entorno prófugos de la justicia.

Castillo, quien no puede ser juzgado pues goza de inmunidad, también fue convocado para responder sobre un presunto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú y en el marco de una investigación por supuestamente liderar una red de corrupción.

El abogado presidencial, Benji Espinoza, precisó que Castillo no respondió a las preguntas de los fiscales cogiéndose a su derecho a guardar silencio y que se limitó a hacer una declaración negando las imputaciones que le formula la Fiscal de la Nación.

“El presidente ha respondido (a la Fiscal de la Nación) que cuando se tengan todos los elementos (de las seis causas en su contra) va a dar las explicaciones que quieran”, dijo a la prensa el abogado.

Según el defensor, “el presidente ha proclamado su inocencia y luego, cuando vinieron las preguntas, negó los cargos”.

Castillo explicó luego a un grupo de simpatizantes que lo esperaba en la sede del Ejecutivo que “hemos ido a decirle a la Fiscal de la Nación que no solo las rechazo, niego rotundamente estas falsas acusaciones que se vienen dando”.

La Fiscalía abrió seis pesquisas contra Castillo, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.

En tanto, su esposa Lilia Paredes había sido citada por el mismo caso en una sede judicial pero a último momento se suspendió la audiencia, dijo su abogado.

A la primera dama se le imputan los delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la presunta red que encabeza su esposo, según la fiscalía, que cursó una solicitud para prohibirle salir del país por 36 meses.

 

– “Cuentos e historietas” –

 

“Cuando estamos coordinando para sacar adelante este país tenemos que estar citados a otros sitios (Fiscalía) para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas y cuentos”, dijo recientemente Castillo, en un intento por relativizar las investigaciones y el interés mediático que despiertan.

Castillo ha declarado dos veces en la Fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.

La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado.

Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

Yenifer Paredes, de 26 años, cuñada de Castillo, cumple desde hace una semana 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima, bajo cargo de integrar la “organización criminal liderada por el señor presidente de la República”, según el fiscal Jorge García Juárez.

En sus más de 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.

Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la Fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, debido a sus fueros.

Las imputaciones de supuesta corrupción al más alto nivel de gobierno no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y del centrista Martín Vizcarra en 2020.

Como Castillo, ambos exmandatarios tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.

Mujer deberá indemnizar a su exesposo con casi 13 millones de pesos tras escracharlo en redes

Según el fallo que trató las injurias, la denunciada contaba con diferentes perfiles falsos desde donde gestionaba los agravios. Su defensora brindó otra versión de los hechos

Una mujer deberá indemnizar a su ex marido con casi 13 millones de pesos por realizar escraches virtuales en su contra. Así resolvió la Justicia de Control y Garantías de La Banda, Santiago del Estero, en el marco de una audiencia para analizar el delito de injurias concretado a través de publicaciones en redes sociales.

El proceso judicial que culminó con una sentencia indemnizatoria del juez Pedro Carlos Juri por una suma de 12.800.000 de pesos duró tres años y dio cuenta de que la demandada hostigaba a su ex pareja por medio de distintos perfiles falsos que utilizaba para agraviarlo en las redes.

“Este es un fallo ejemplar, que sienta precedentes en la Justicia de Santiago del Estero”, declaró a Noticiero 7 el abogado querellante Rolando Gómez Vélez, quien agregó: “Esto ha sido una odisea judicial”.

Al respecto, el abogado que representó al particular damnificado comentó que el trámite en la Justicia tuvo su inicio antes de la pandemia en virtud de “una mujer” que, “no contenta con la separación de su pareja, comenzó a escracharlo mediante numerosas publicaciones en redes sociales”.

“Él -relato Gómez Vélez-, cansado de estos escraches, se contactó conmigo con el objetivo de frenar este tipo de publicaciones que lo injuriaban. Entonces le enviamos una carta documento para intimarla al cese de las publicaciones, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales y civiles. Ella no contestó la carta documento y dio pie a realizar la denuncia por calumnias e injurias.

Las injurias se inscriben dentro de los delitos que protegen el honor y están previstas en el artículo 110 del Código Penal de la Nación. Esta cláusula, en rigor, sanciona con una multa al que “intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física”.

Tras la apertura del expediente, según detalló el abogado, el Ministerio Público Fiscal de La Banda dispuso el secuestro y requisa del celular de la mujer demandada. En esa diligencia se constató que ella, en efecto, era la titular de las cuentas desde donde se efectuaban los posteos. “Con eso, más las capturas de pantallas que tenía mi cliente de esas publicaciones, se pudo comprobar la culpabilidad”, explicó.

En ese contexto, el abogado querellante precisó que su cliente se dedicaba al comercio y que los comentarios en internet de su exesposa le habían generado una “notable disminución en su cartera de clientes”. Por esa razón, abundó, “pedimos ante el juez el resarcimiento por los daños y perjuicios y el cese de las publicaciones”.

Luego agregó: “El juez no puede obligar a alguien a no hacer esto si la persona no quiere. Pero sí puede obligarla a pagar la indemnización en concepto de daño moral causado al honor, el buen nombre y la dignidad de mi cliente, entendido esto como un derecho personalísimo de raíz constitucional, que debe tener efectivamente una tutela procesal efectiva”.

Y concluyó: “Al juez no le ha quedado otra opción que fallar a favor de mi cliente. Más allá de que las injurias hayan sido verdaderas o falsas, lo que hacen es menoscabar el honor, independientemente de qué es a lo que se esté refiriendo”.

Por otro lado, en diálogo con El Liberal, la abogada defensora de la mujer demandada, Elizabeth Maldonado, contó su versión de los hechos, atravesados, según dijo, por una “violencia de género, tanto económica, física, y psicológica por años” de parte de su ex marido para con ella. Los ex esposos tienen tres hijos en común y el hombre cuenta con una medida de prohibición de acercamiento hacia su exesposa.

En la versión de la abogada, el conflicto judicial se originó a través de una demanda de alimentos en contra del hombre, que “siempre fue renuente a pagar y por ello se lo condenó a multas diarias, por burlarse con pagos irrisorios, a los fines de burlarse de mi clienta y de lo que ordenaba la jueza de familia”.

Bajo esos términos, para la letrada el padre de los tres chicos “nunca demostró hasta la fecha reales ingresos de su supuesta empresa, porque nunca mostró de qué trabaja o cuáles son sus ingresos reales”. A su vez, sobre las publicaciones en las redes sociales la defensora explicó que el hombre “denunció como injurias un reclamo por ser deudor, y la supuesta pérdida de clientes de una empresa que nunca se llegó a probar sus libros contables, y balances hasta el día de hoy, por el cual la jueza de Familia lo volvió a condenar a una multa diaria (...)”.

Además, entre otros asuntos, explicó al diario santiagueño que la indemnización “no está firme” debido al recurso de apelación que presentó ante la alzada. Consideró también que “esta sentencia además de ser un retroceso, viola los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional, en especial con relación a la perspectiva de género la ley que ampara en la Argentina establece un principio en el Art. 7 inc. c, el principio de transversalidad que toda norma se debe aplicar teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

La abogada intimó al letrado Gómez Vélez para que se retracte por “su violencia mediática en los medios de prensa”, ya que, según consignó, “es falso que se le secuestró el celular” en la causa. Luego concluyó: “El pedido del pago de la cuota alimentaria a un deudor moroso no debe ser respondido como una despechada, muy sexista y con un estereotipo machista que la ley de protección integral desea erradicar, como las políticas públicas del Estado”.


Denuncian el ‘robo’ de los genitales de 7 hombres con un acto de brujería

Un sospechoso confesó haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como 'juju' en Ghana para robar su último 'trofeo' a un joven tras un contacto físico no especificado.

Siete residentes de la ciudad de Kasoa, en Ghana, perdieron sus miembros viriles en una sola semana en circunstancias inexplicables: todos denunciaron que sus genitales se desvanecieron tras un supuesto hechizo después de un contacto físico con desconocidos, sin ofrecer más detalles sobre el encuentro.

A juzgar por los relatos, las víctimas no fueron castradas a machetazos y tampoco parece que sufrieron agresiones físicas en el momento del ‘robo’ de sus penes. El último caso ocurrió este lunes, y el sospechoso confesó ante la Policía local haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como ‘juju’ para obtener el ‘trofeo’.

La última víctima, un joven que vendía zapatos en la ciudad, se quedó sin pene durante el encuentro con dos desconocidos que afirmaron ser de Níger y expresaron interés por su mercancía, pidiendole asistencia ante aparentes problemas con el idioma local, recoge Pulse.

Según el reporte, en el proceso, uno de los desconocidos se acercó al vendedor y tras un contacto físico no especificado le provocó un ‘shock’ repentino que recorrió todo su cuerpo y la sensación de una extraña pesadez en la zona genital.

El joven ghanés se dio cuenta de que su miembro viril había desaparecido y entró en pánico en un frenesí de gritos y exigencias para que le devolvieran su pene. Los residentes locales acudieron en ayuda y capturaron al misterioso ‘cliente’, llevándolo a la comisaría. Durante el interrogatorio, el sospechoso afirmó haber empleado magia ‘juju’ para robar los genitales al vendedor.

Los intentos del ‘brujo’ de revertir su hechizo y devolver el órgano fueron infructíferos. El medio local asegura que víctimas anteriores de este tipo de brujería tuvieron más suerte. Sin embargo, aunque lograron recuperar sus genitales, no lograron tener erecciones.

Colombia rompe relaciones con Argentina, tras expresiones de Milei

Las agresivas expresiones del presidente argentino Javier Milei contra su par colombiano Gustavo Petro, determinó el rompimiento de relaciones entre los dos países.


El Gobierno de Colombia resolvió la expulsión de todo el cuerpo diplomático de Argentina en su país, tras las declaraciones que el presidente Milei hizo en contra del mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien en una entrevista con CNN llamó “asesino terrorista”.

“Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”, dijo el Gobierno de Colombia en un comunicado.

Las decisión de Colombia se produce luego de que en conversación con Andrés Oppenheimer, Milei dijera, en referencia al pasado guerrillero de Petro, que “mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

De acuerdo a la Cancillería de Colombia, el alcance de la expulsión “se comunicará a la embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”.

CNN solicitó a la Cancillería de Argentina comentarios sobre esta decisión y está en espera de respuesta.

Antes de conocerse la decisión, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, anticipó en su cuenta de X que el Gobierno colombiano “está explorando todas las medidas” para responder a las declaraciones de Milei en contra de Petro. “Pronto se anunciarán decisiones”, señaló.

Fuente: CNN / Agencias