Además de mantener sus derechos políticos pese a su destitución, la sentencia del Senado no la priva de los beneficios vitalicios a que tienen derecho los jefes de Estado al dejar el cargo, como a ocho funcionarios públicos para atender sus necesidades y a dos vehículos oficiales.

Pese a que se preveía que su destitución la condenaba automáticamente a la pérdida de los derechos políticos por un período de ocho años, como ocurrió en 1992 cuando Fernando Collor fue sometido a un juicio político semejante, un recurso presentado a última hora por el Partido de los Trabajadores (PT) salvó a Rousseff de la inhabilitación política.

Antes de la votación definitiva, Lewandowski advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada no podría ni siquiera ser profesora o trabajar “en un merendero en una escuela pública”, ya que la inhabilitación comprende no sólo mandatos sino también cargos públicos.

Ante la petición del PT, el presidente del Tribunal Supremo aceptó realizar una primera votación para decidir si la presidente sería destituida y una segunda para establecer si se la inhabilitaba para “el ejercicio de cualquier función pública por el plazo de ocho años”.

En la primera votación, 61 de los 81 senadores votaron por la destitución y 20 la absolvieron, y en la segunda 42 parlamentarios se inclinaron por inhabilitarla, 36 por mantenerle los derechos y tres se abstuvieron. Pero la sanción exigía la aprobación de una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado (54 votos) por lo que Rousseff consiguió mantener sus derechos políticos.

La presidenta destituida también conserva los beneficios de los ex jefes de Estado, por lo que podrá nombrar a ocho funcionarios de su preferencia para que le sirvan como asesores, guardaespaldas y conductores.

La exmandataria también tendrá a su disposición dos automóviles públicos con matrícula oficial.

Igualmente tendrá derecho a regresar a su casa, en la ciudad de Porto Alegre, en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), aunque no volverá a tener a su disposición las aeronaves oficiales.

El decreto que establece los beneficios también prevé que el Estado asuma los costos de la transferencia de sus pertenencias personales y del llamado acervo presidencial, principalmente documentos, hasta su nuevo lugar de residencia.

El mismo decreto, sin embargo, establece que tendrá que desocupar el Palacio de la Alvorada, la residencia privada de los jefes de Estado, aunque no prevé un plazo, y la priva de seguir recibiendo salario mensual del Estado de 30.000 reales (9.090,9 dólares).

Rousseff, que había sido separada provisionalmente del cargo el 12 de mayo mientras el Senado la sometía a un juicio, fue destituida de forma definitiva luego de que los senadores la hallaran culpable de crímenes de responsabilidad por las maniobras con las que intentó maquillar las cuentas públicas.

La sentencia confirma definitivamente como presidente a Michel Temer, vicepresidente de Rousseff y que venía ejerciendo como interino desde el 12 de mayo.

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

“La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

“El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente”, afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está “estancada”.

Fuente: AFP.

Estas medidas apuntan a la infraestructura de transporte de petróleo, al imponer sanciones a más de 20 personas, empresas y buques que operan dentro de la red del magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según informó el Departamento del Tesoro.

“El Departamento del Tesoro está actuando con firmeza mediante ‘Furia Económica’, al apuntar contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intenta lucrarse a costa del pueblo iraní”, declaró en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aludiendo a una campaña de presión financiera contra Irán que emula el nombre de la operación militar estadounidense que desató la guerra.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, asesor del asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei, también asesinado el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra en Oriente Medio.

“Estados Unidos está actuando para limitar de forma decisiva la capacidad de Irán de generar ingresos mientras intenta mantener el estrecho de Ormuz como rehén”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado separado.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas, en represalia por la campaña bélica de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está ahora llevando a cabo un bloqueo naval de los puertos iraníes.

Fuente: AFP

El gobierno envió la noche del martes al Congreso un proyecto de ley, “con carácter de urgencia”, que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

“Y, algo importante, sin ninguna reducción salarial”, anunció Lula en su cuenta de X.

La propuesta recorta en cuatro horas la semana vigente para los trabajadores formales brasileños, que en su mayoría trabajan 44 horas repartidas en seis días. En la práctica daría un día más de descanso semanal a millones de asalariados, según el gobierno.

Convocados por sindicatos y organizaciones de izquierda, miles de manifestantes marcharon por la Explanada de los Ministerios en Brasilia para respaldar la reducción de la jornada laboral en la mayor economía de América Latina, constataron reporteros de la AFP.

La propuesta tendrá que abrirse paso en un congreso de mayoría conservadora.

Lula, de 80 años, enfrenta un creciente rechazo de su gestión, según encuestas. Su gobierno espera que el proyecto sea tramitado en los próximos 90 días.

“Estamos hablando de tres meses para que pueda aprobarse, convertirse en ley y ser sancionado por el presidente Lula para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras”, dijo a la prensa el secretario de la Presidencia, Guilherme Boulos.

De ser aprobado, el escenario político será “favorable” para Lula, dijo a la AFP Agatha Alana, una profesora de 29 años que salió a respaldar el proyecto de ley en Brasilia.

Fuente: AFP.