Tras dos semanas de deliberación, la corte respaldó la sentencia emitida en primera instancia contra el exmandatario y la mayoría de la veintena de condenados en el expediente.

“El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 -incluido Rafael Correa- y modifica la sentencia para dos”, informó la Fiscalía General del Estado en redes sociales.

Sin embargo, los jueces nacionales Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz sí aceptaron, aunque de forma parcial, las apelaciones de los exaltos funcionarios Alexis Mera y Walter Solís, de forma que la suspensión de derechos civiles que se les había impuesto, no será por 25 años sino por el tiempo que dure su condena original.

Para la exsecretaria presidencial Laura Terán la condena ha sido reducida a tres meses y seis días, y en el caso del empresario Alberto Hidalgo su cargo penal pasó de “autor” a “cómplice” y tuvo una reducción en su condena a 32 meses de prisión.

También se establecen “parámetros proporcionales” de compensación al Estado por los daños causados, de forma que los autores estén obligados a abonar una suma de 778.224 dólares cada uno y los cómplices 368.632 dólares.

La sentencia no ha sorprendido al exmandatario ecuatoriano, que reside en Bélgica desde 2017 y es requerido por la justicia de su país.

“Aunque es difícil de creer, era de esperarse. ‘Caso’ y ‘sentencia’ más ridículos no puede haber”, reaccionó Correa en un tuit.

“No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”, añadió y calificó el caso como “una de las páginas más oscuras de la historia de la patria”.

Según su abogado, Fausto Jarrín, tras la decisión la Corte Nacional de Justicia debe notificar la resolución por escrito a las partes, tras lo cual restan “recursos horizontales de aclaración y ampliación”.

“De ahí recién cierran todo y tenemos que presentar la casación para que vaya a otra sala”, explicó a Efe.

El caso “Sobornos” juzga una supuesta red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

En abril pasado, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, por su supuesta participación en el delito de cohecho, condena ahora ratificada en segunda instancia.

De ser refrendada en tercera y última instancia, la sentencia impedirá a Correa volver a participar en la política de su país dado que, en su caso, la condena es por cohecho.

Algunos de los acusados pidieron que se anule la sentencia por considerar que obedece a una supuesta “persecución política” por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, un excorreligionario de Correa con el que se enemistó tras dejar el poder en 2017.

El Senado de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley según el cual la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, tendrá nueve meses para vender la red social, caso contrario, la aplicación se prohibirá en las tiendas de ‘apps’ estadounidenses, informan medios locales.

El visto bueno de la medida contó con 79 votos a favor y 18 en contra, mientras que la Cámara de Representantes ya la había aprobado el pasado sábado. Ahora, la legislación será enviada al presidente Joe Biden para su respectiva firma, con lo que entraría automáticamente en vigor.

El Congreso aprobó el proyecto de ley argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de TikTok con China. Legisladores y expertos en seguridad han afirmado que existen riesgos de que el Gobierno chino se apoye en ByteDance para acceder a datos sensibles pertenecientes a sus usuarios estadounidenses o para difundir propaganda, reporta The New York Times.

Según el diario, es probable que la medida se enfrente a desafíos legales, así como a la posible resistencia de Pekín, que podría bloquear la venta o exportación de tecnología. Tampoco está claro quién tiene los recursos para comprar TikTok, ya que su precio será elevado.

Desde la red social denunciaron que la iniciativa del Congreso “pisotearía los derechos a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses”.

“Uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA”, prosiguió el texto, firmado también por el ministerio de Seguridad argentino.

Vahidi es Ministro del Interior de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra actualmente en Pakistán y Sri Lanka.

En ese sentido, la oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina, que a su vez solicitó a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto, según el comunicado.

El 12 de abril, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992, así como el de la AMIA dos años después, fueron ordenados por Irán, en un fallo considerado “histórico” por la comunidad judía.

La Cámara de Casación Penal Federal II señaló entonces al movimiento chiita Hezbolá como el perpetrador, declaró a Irán como un “Estado terrorista” y calificó el atentado a la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”.

En dos fallos separados divulgados ese día, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la necesidad de enjuiciar “en ausencia” a los acusados libaneses e iraníes, absolvieron al exmecánico argentino Carlos Telleldín por su supuesta implicación y redujeron condenas a otros acusados de encubrir la pesquisa.

- Memorándum de entendimiento -

El atentado a la AMIA fue el segundo contra la colectividad judía argentina, la más numerosa de Latinoamérica, después del perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos. Ambos ataques están impunes.

En 2006, tribunales argentinos pidieron la extradición de ocho iraníes, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.

Luego de ocupar este cargo en Defensa, el teniente general Vahidi fue nombrado ministro del Interior en 2021. Pero para el momento del ataque de Buenos Aires, el funcionario era comandante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones encubiertas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En 2013, la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán por el que se acordaba crear una “comisión de la verdad” para investigar el atentado. Además, se permitía a los fiscales argentinos interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba contra la AMIA.

El memorándum se alcanzó con el aval del Congreso argentino, pero nunca fue ratificado por el Poder Legislativo en Teherán.

Su firma obtuvo entonces la vehemente oposición de líderes de la comunidad judía, que lo tacharon de “inconstitucional”, y la mandataria fue acusada de encubrir a los responsables del atentado.

Esta causa contra Kirchner y varios de sus funcionarios fue abierta por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando la gobernante cumplía el último año de su segunda presidencia. Días después y cuando debía ser interpelado en el Congreso, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien, en un caso que conmocionó al país.

En octubre de 2021, la justicia argentina dictó el sobreseimiento de Kirchner, que para entonces era vicepresidenta de Alberto Fernández, luego de que un tribunal estimara que no hubo delito de parte de la entonces jefa de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación del memorándum.

“Algunos pactan. Otros exigimos la detención de los responsables del atentado a la AMIA”, escribió en la red X el subsecretario de prensa de la presidencia argentina, Javier Lanari, en un comentario reproducido por el presidente Javier Milei.

Fuente: AFP

El sector público registró en marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos (309 millones de dólares al cambio oficial), “logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año”, dijo Milei en cadena nacional.

“Es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008″, prosiguió, refiriéndose al primer año de gobierno de su rival política Cristina Kirchner.

Haber logrado esto “en tan solo tres meses de gobierno es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial”, estimó Milei.

El presidente asumió en diciembre determinado a reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares.

Para ello emprendió un draconiano ajuste que incluye, entre otros, la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población.