La votación fue suspendida a las 11.11 hora local (15.11 GMT), cuatro horas después de que se abrieran los colegios electorales, en momentos que había largas filas ante los centros de votación en Santo Domingo y en las otras 17 ciudades que se trataba de implementar este sistema.

La suspensión es inédita en un país que ha gozado de estabilidad en las últimas décadas y que, al margen de las habituales denuncias de fraude, celebraba elecciones regularmente desde 1966.

LOS PROBLEMAS TÉCNICOS

Los problemas técnicos fueron constatados por las autoridades electorales en la noche del sábado y comunicados a los partidos políticos y a los observadores internacionales.

La falla técnica provocó que no aparecieran todos los partidos o candidatos en la pantalla de las máquinas de votación, lo que generó airadas críticas de las fuerzas políticas afectadas en las primeras horas del día.

A pesar de conocer los errores, la Junta Central Electoral (JCE) no decidió interrumpir el proceso hasta que se constató que los fallos se produjeron de forma generalizada en aquellas circunscripciones en donde se usaba el voto automatizado.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que la nueva fecha de las elecciones se decidirá en acuerdo con “el liderazgo nacional”.

La Ley Electoral fija un plazo de 30 días para convocar las elecciones después de que se confirme la anulación del proceso, aunque algunos sectores políticos no descartan que se hagan coincidir con las presidenciales y legislativas del próximo 17 de mayo.

UNA CASCADA DE ACUSACIONES CRUZADAS

La suspensión de las votaciones causó un torrente de acusaciones cruzadas entre los principales partidos políticos y un aluvión aún mayor de críticas hacia la autoridad electoral.

El líder opositor Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que la suspensión de los comicios es un grave atropello a los derechos democráticos” de los ciudadanos, lo que desemboca en una “grave crisis institucional”.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación del presidente, Danilo Medina, aseveró que se produjo un “sabotaje” en las máquinas de votación y acusó de participar en él a “sectores internos” del organismo electoral.

Aunque no acusó abiertamente a la oposición de ser responsable del presunto sabotaje, el presidente del PLD, Temístocles Montás, sí sostuvo que los opositores son los principales beneficiarios del mismo.

Del mismo modo, arremetió contra Abinader por “presionar” a la Junta para que suspendiera las elecciones y acusó a la oposición de haber desacreditado el sistema de voto automatizado desde que se puso en prueba.

LAS POLÉMICAS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO

El voto automatizado permite elegir el candidato en una pantalla y después imprime la papeleta, que se debe introducir en la urna; su gran ventaja es que permite acelerar el recuento.

Las máquinas de votación se usaron por vez primera, con gran polémica, en las primarias del pasado 6 de octubre, que celebraron el PLD y el PRM, los dos mayores partidos del país.

El expresidente Leonel Fernández, principal opositor a esta tecnología, desacreditó constantemente el sistema que, según su versión, fue clave para cometer un fraude en su contra y favorecer en las primarias a Gonzalo Castillo, ahijado político del actual mandatario y ahora aspirante presidencial.

Debido a estas polémicas, la autoridad electoral decidió acotar el uso del voto automatizado en las municipales a 1.772 recintos, el 11 % del total, pero que representan cerca del 60 % del electorado.

En el resto de las circunscripciones, en su mayoría en zonas rurales, los electores estaban marcando su voto a mano en las boletas de papel, como se hizo siempre.

EL COSTE DE LA SUSPENSIÓN

La suspensión ha tenido un alto coste para un país de 10 millones de habitantes y un nivel de renta medio.

La JCE adquirió 55.000 máquinas de votación, que podrían no volver a utilizarse, a un coste de 19 millones de dólares desembolsados a la empresa Digiworld, ganadora de la licitación.

A este dinero, se suma el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para la organización de las elecciones, que ascendía a 3.182,9 millones de pesos (unos 60 millones de dólares).

A parte de los presupuestos oficiales, la suspensión también tuvo repercusión en el bolsillo de algunos ciudadanos.

Una electora, Beatriz Díaz, dijo a Efe en un colegio electoral que su hija se había desplazado desde Estados Unidos por las elecciones y se tuvo que marchar “sin poder votar”.

Las llamas avanzaban en las colinas próximas al lago Castaic, propagándose rápidamente al punto de carbonizar unas 1.400 hectáreas en menos de dos horas.

El fuego es avivado por los fuertes y secos vientos de Santa Ana, tradicionales en California en esta época del año, y que recobraron intensidad esta semana en la región, esparciendo las columnas de humo y las brasas.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación alrededor del lago, que está a casi 60 kilómetros al norte de Los Ángeles, y cercano a la ciudad de Santa Clarita.

“Estoy rezando porque nuestra casa no se queme”, dijo un residente de la zona a la emisora KTLA mientras empacaba sus cosas en su carro.

Imágenes mostraban en la televisión local a la policía recorriendo el vecindario para instar a las personas a evacuar.

El sur de California atraviesa una temporada difícil con voraces incendios forestales que arrasaron comunidades enteras alrededor de la capital del entretenimiento, y se cobraron al menos 28 vidas.

Fuente: AFP

“La llamada obispa que habló el martes en el Servicio Nacional de Oración es una izquierdista radical que odia a Trump. Tuvo un tono desagradable, no fue convincente ni inteligente”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente asistió el martes a una misa en la Catedral Nacional de Washington dirigida por la obispa Mariann Edgar Budde, de la Diócesis Episcopal de Washington.

En su discurso, la religiosa sermoneó al nuevo dirigente por los decretos firmados contra las personas LGBTQ y los migrantes después de asumir el lunes su segundo mandato presidencial.

“Le pido que tenga piedad, señor presidente”, dijo la obispa, que habló del “miedo” que, según ella, se siente en todo el país.

“Hay niños gays, lesbianas y transgéneros en familias demócratas, republicanas e independientes”, sostuvo.

También defendió a los trabajadores extranjeros que “pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada (...) pero la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes”, argumentó.

El presidente, que previamente se limitó a decir que el oficio “no fue demasiado emocionante”, cargó duramente contra la obispa en su red social.

“Además de sus comentarios inapropiados, el sermón fue muy aburrido y muy poco inspirador. ¡No es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!”, publicó.

Entre las decenas de órdenes ejecutivas firmadas a última hora del lunes por Trump figuran medidas para suspender la llegada de solicitantes de asilo y expulsar a los migrantes que se encuentran en el país de forma ilegal.

Trump también decretó que solo se reconocerán dos sexos: el masculino y el femenino, pero no el transgénero.

AFP

El secretario interino del DHS, Benjamine Huffman, “restableció los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) con efecto inmediato”, informó el departamento en un comunicado.

Estos protocolos conocidos como “Quédate en México” fueron introducidos por Trump en 2019 durante su primer mandato (2017-2021).

Biden tropezó con la oposición de varios estados gobernados por los republicanos en su intento por eliminar esa política pero al cabo de una batalla judicial la Corte Suprema se lo autorizó.

Bajo el programa, las personas que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos y solicitaban asilo recibían avisos para comparecer en una corte de inmigración y eran enviadas de regreso a México.

Se les decía cuándo debían regresar a un puerto de entrada para su próxima vista judicial.

Según la oenegé American Immigration Council, el programa “no proporcionó el debido proceso a los migrantes”.

Según sus datos, solo el 7,5%, o incluso menos, de las personas sujetas al programa lograron contratar a un abogado.

“La falta de asesoría, combinada con el peligro e inseguridad que enfrentaban las personas en las ciudades fronterizas, hacía casi imposible que cualquiera sometido al MPP lograra obtener asilo con éxito”, afirma la organización.

Para diciembre de 2020, de los 42.012 casos de “Quédate en México” completados solo “521 personas” ganaron en las cortes migratorias.

Horas después de llegar al poder para un segundo mandato Trump promulgó el lunes una batería de medidas contra la migración ilegal.

Además de resucitar “Quédate en México”, decidió declarar una emergencia nacional en la frontera con México y seguir construyendo el muro fronterizo.

También decidió aplicar “caso por caso” el programa humanitario (parole) que otorga permiso temporal a migrantes para permanecer en Estados Unidos.

El expresidente demócrata Joe Biden lo usó para permitir la entrada de  cientos de miles de nacionales de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela por un periodo de dos años si tenían un patrocinador en el país y pasaban una verificación de seguridad.

Washington aceptó cada mes a hasta 30.000 personas de estos países bajo esas condiciones.

Trump anuló asimismo la posibilidad para los migrantes de obtener legalmente una cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) para llegar a un puerto de entrada.

Fuente: AFP