El caso es brutal. Un hombre fue detenido por asesinar a machetazos y mutilar a la actual pareja de su ex novia en localidad misionera de Cerro Corá. La mujer también resultó herida al ser atacada por el sospechoso, quien fue acusado del delito de homicidio agravado y tentativa de femicidio.

El macabro crimen se descubrió este miércoles, cerca de las 15, en un camino de tierra del Paraje Las Quemadas, a unos 40 kilómetros de Posadas. El acusado, identificado como José Andrés Q. (37), fue detenido con un machete en su mano junto al cadáver mutilado de Lorenzo Ramón da Rosa (40).

Según las fuentes del caso, se cree que José Andrés Q. discutió con su ex pareja Teresa del Carmen Venencio (42), actual novia de Da Rosa. En el momento de la pelea, la víctima quiso intervenir y fue atacado a machetazos por el sospechoso.

Teresa también fue agredida por su ex y resultó herida, pero pese a ello pudo llamar a la Policía para alertar de lo ocurrido.

Al arribar al lugar, los agentes de la Policía de Misiones se encontraron con el horror. El cuerpo Da Rosa, quien se movilizaba con muletas porque le habían amputado una pierna, estaba mutilado, contaba con múltiples heridas punzo cortantes en el rostro, cuero cabelludo y cuello. El homicida también la había abierto el pecho y el abdomen, con evisceración.

La espantosa escena que se encontraron los agentes al llegar al lugar del crimen incluía las muletas de madera de la víctima unidas en forma de cruz con las viseras justo delante del cadáver. Al lado dl cuerpo había colocado el corazón de Da Rosa.

José Andrés Q. quedó detenido en el lugar de inmediato. Por su parte, Teresa tuvo que ser derivada al Hospital Ramón Madariaga de la capital misionera, donde fue atendida por las heridas que le produjo su ex.

El caso quedó en manos del juez de Instrucción N°6, de Posadas, Ricardo Balor, quien ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Da Rosa, entre otras diligencias. En el lugar trabajaron los agentes de la Policía Científica y de la Unidad Regional X de Posadas, en el marco de una causa que se investiga como homicidio y tentativa de femicidio.

En mayo pasado, también en Misiones, se conoció el femicidio de Claudia Benítez, la taxista misionera que había creado un servicio exclusivo para mujeres y que fue degollada.

El miércoles 17 de mayo pasado un grupo de vecinos del barrio Nemesio Parma salieron de sus casas para observar un auto que se prendía fuego al costado de la ruta. Era un Chevrolet Corsa blanco. Pertenecía a Benítez. Ese fue sólo el principio de una macabra historia que derivó, primero en la desaparición de Claudia por algunas horas y luego en el hallazgo de su cuerpo maniatado con nudos profesionales en sus manos, degollado y arrojado en un pozo con una prenda en la cabeza.

Así, tras meses de investigación, la Justicia detuvo a Franco Jesús Ramos, acusado de un femicidio previo, y quedó detenido e imputado.

La nueva norma será sometida a una votación de la Junta Educativa estatal el 19 de abril y ya ha sido aprobada por el Departamento de Educación, dos entes que dirigen personas designadas por DeSantis, informó este miércoles la prensa local. No necesitará un voto parlamentario para entrar en vigor.

De aprobarse, los profesores tendrán prohibido enseñar “de forma intencionada” temas relacionados con “la orientación sexual o identidad de género” a los estudiantes desde preescolar hasta el último año de la educación secundaria.

La iniciativa del año pasado, apodada “No digas gay” por sus detractores, se aplicaba hasta alumnos de ocho o nueve años.

DeSantis la convirtió en una de las leyes emblemáticas de su batalla cultural contra políticos, profesores y empresas a los que acusa de querer imponer su ideología progresista a los demás.

El gobernador ha cortejado a los votantes más conservadores con sus polémicas propuestas sobre educación e inmigración en los últimos meses.

Se trata de una estrategia que lo ha convertido en la estrella ascendente de la derecha estadounidense y en uno de los republicanos favoritos para las presidenciales de 2024, aunque él aún no ha anunciado su candidatura.

La nueva ley educativa ha suscitado el rechazo de activistas pro-LGBTQ como la organización Equality Florida.

“Este ha sido el objetivo todo el tiempo: la censura generalizada y la prohibición de libros dirigidos a las personas LGBTQ al servicio de sus ambiciones presidenciales (de DeSantis)”, tuiteó el grupo este miércoles.

“Ahora los educadores, de cualquier grado, y sus medios de vida están en el punto de mira por reconocer que las personas LGBTQ existen”, añadió.

La Policía Federal (PF) lanzó este miércoles una operación contra una facción del Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más poderosa de Brasil, que planeaba asesinar a varias autoridades y funcionarios brasileños, entre ellos al exjuez y actual senador, Sergio Moro.

En un comunicado, la PF informó de que la facción pretendía desplegar su plan –que también incluía “extorsión mediante secuestro”– en cinco estados del país, entre ellos Sao Paulo y Brasilia.

Para la operación, bautizada como Sequaz, fueron desplegados 120 agentes para ejecutar siete mandatos de prisión preventiva, cuatro de prisión temporal y 24 órdenes de registro. Según la prensa local, durante la mañana de Brasil, nueve ya fueron detenidos.

El comunicado no identifica ni a la facción criminal ni a los objetivos, pero el propio Moro, el exjuez que encabezó la megaoperación anticorrupción Lava Jato, dijo en las redes sociales que se trata “de unos planes de represalia del PCC” contra él, su familia y otros agentes públicos.

Según el sitio de noticias G1, esos planes de represalias responderían a que, cuando era ministro de Justicia en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, Moro ordenó el traslado de Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, el líder del PCC, y otros miembros de la banda a prisiones de máxima seguridad.

Además, era partidario de aislar a esos presos endureciendo las condiciones carcelarias, como las visitas, como una forma de debilitar a la banda. Todo eso habría irritado al PCC, que también estaría planeando el secuestro de Moro para negociar la liberación de Marcola, según G1.

“Era un ataque nacional”, explicó el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien en las redes sociales felicitó a la PF por “investigar e identificar un plan de homicidios contra varios agentes públicos”.

La expectación es máxima en Costa Rica, en cuya capital se encuentra la sede de la Corte, como en El Salvador, Estado acusado de violar los derechos humanos de Beatriz (nombre ficticio).

Se trata de una mujer diagnosticada en 2013 con una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, a quien se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.

En enero de 2022 la Corte IDH comenzó a tratar el caso de Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito, en contra de El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años.

Habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto como homicidio agravado, elevando la condena a entre 30 y 50 años de prisión.

“Que la Corte haya aceptado oír este caso marca fuertemente (…) que la negación de cualquier servicio de salud, incluyendo aquellos que son controvertidos como el aborto, es una violación de derechos humanos”, señaló María Antonieta Alcalde, de la ONG mexicana Ipas, parte de la acusación.

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.

En la audiencia se escucharán testimonios de familiares de Beatriz, dos médicos que la atendieron y dos peritos que realizaron la investigación. Se esperan manifestaciones de mujeres afuera del tribunal en San José, así como en San Salvador.

Es el último paso antes de que el tribunal interamericano emita su sentencia, que podría demorarse seis meses.

– Historia –

Beatriz, originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 km al sureste de San Salvador, tenía 20 años cuando le confirmaron en febrero de 2013 su segundo embarazo, ya diagnosticada de lupus y tras un primer parto de riesgo.

Un mes después se diagnosticó malformación congénita en el feto incompatible con la vida, con “probabilidad de que ella muriera” si se extendía el embarazo.

Gisela de León, directora jurídica del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó a la AFP que a Beatriz “se le violaron sus derechos a la vida a la integridad personal”.

Fue obligada a continuar 81 días con el embarazo a sabiendas de la inviabilidad del feto, hasta que se le practicó una cesárea. El bebé murió cinco horas después.

“Estamos alegando que el sufrimiento al que se le sometió sabiendo que su derecho a la vida estaba en riesgo es una forma tortura”, afirmó De León.

También consideran que fueron violados sus derechos a la vida privada y familiar al permanecer internada casi en la totalidad de los 81 días.

El Estado no le permitió desde un principio realizar el aborto. Apeló a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y esta determinó que “no ha lugar” a la interrupción del embarazo.

De León explicó que esta acción judicial en su contra “violó su derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”.

– Por Beatriz –

La muerte de Beatriz a consecuencia de un accidente no ha hecho que su familia desista en buscar justicia por su caso.

Su hermano Humberto dijo a la AFP que el objetivo de este proceso es que ninguna “otra mujer pasara por lo que ella pasó”. Una determinación que, asegura, Beatriz tomó cuando aún estaba viva.

“Quería la justicia que en El Salvador no pudo tener y se le fue negada”, insistió Humberto, de 30 años.

La situación en la que vivía su familia “en una zona rural de El Salvador, marginada, muy pobre y excluida” es para Humberto un estigma que afecta a las mujeres en sus derechos.

“Los lugares que en El Salvador son muy pobres dan lugar a que este tipo de situaciones sucedan hacia las mujeres porque no tienen acceso a un sistema que les garantice la salud reproductiva”, destacó.