Las máscaras, sin embargo, permanecerán obligatorias en espacios cerrados, así como en paradas de autobuses y metros, explicó en una rueda de prensa el gobernador paulista, Joao Doria.

“El uso de mascarillas continuará siendo obligatorio en áreas internas, estaciones y centrales del transporte público en Sao Paulo, aunque sean abiertas”, señaló.

Sao Paulo es la región de Brasil más castigada por la pandemia del coronavirus y hasta hoy acumulaba 153.571 del total de 613.066 fallecidos contabilizados en todo el país desde que la covid llegó a esta nación, en febrero de 2020, además de sumar 4,4 millones de los más de 22 millones infectados en todo el territorio brasileño.

A inicios de mes, el Gobierno paulista había condicionado la flexibilización del uso del tapabocas a cuatro metas: la vacunación completa de un 75 % de la población y una significativa reducción en el promedio diario de hospitalizados, casos y muertes, hasta los 300, 1.100 y 50, respectivamente.

No obstante, hasta el momento la región no ha alcanzado el objetivo establecido en ninguno de los cuatro indicadores, aunque la decisión anunciada este miércoles contó con el aval del comité científico instaurado al comienzo de la crisis sanitaria para auxiliar en el combate al coronavirus.

En ese sentido, el gobernador afirmó que el estado deberá alcanzar el 75 % de la población vacunada con la pauta completa ya en los próximos días, mientras que el comité de salud evaluó que los demás índices permanecen en una tendencia “progresiva” a la baja.

Pese al anuncio de la Gobernación, cada municipio del estado tiene autonomía para decidir si acata o no la decisión, debido a que las medidas de combate a la pandemia deben siempre obedecer las orientaciones más restrictivas siempre y cuando haya divergencias entre los gobiernos regionales y municipales.

Con la medida, Sao Paulo se suma a otras regiones de Brasil que han flexibilizado el uso de las mascarillas, como Brasilia y Río de Janeiro, donde el gobierno regional fue el primero del país a ponerle fin a su obligatoriedad, el pasado 28 de octubre.

Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano.

Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, precisó entonces.

El miércoles, Trump aseguró que su conversación con Maduro fue breve: “Le dije solo un par de cosas”. “Es mucho más que una campaña de presión”, afirmó.

Días antes, el mandatario había señalado que Estados Unidos comenzaría “muy pronto” a apuntar a “narcotraficantes venezolanos” en operaciones “en tierra”.

En medio de las maniobras militares, autoridades aeronáuticas estadounidenses emitieron una alerta por el incremento de actividad militar en el Caribe.

Esto llevó a ocho aerolíneas internacionales a suspender operaciones desde y hacia Venezuela al argumentar razones de seguridad.

Tras la alerta, Washington suspendió brevemente los vuelos de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines con deportados venezolanos. Las deportaciones se retomaron el miércoles con la llegada de 266 repatriados desde Estados Unidos.

- “Terrorismo psicológico” -

Fuerzas militares estadounidenses han bombardeado a 20 presuntas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con un saldo de 83 muertos.

El primer ataque estadounidense contra una lancha en el Caribe, el 2 de septiembre, se saldó con 11 muertos, según publicó el propio Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Recientemente la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque en esa acción en aguas del Caribe. Ese segundo impacto mató en el agua a sobrevivientes del primer misil.

Ese segundo ataque contra personas flotando en aguas internacionales es considerado como un posible crimen de guerra por legisladores demócratas, que han prometido presionar para lograr una investigación en el Congreso.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo nada que ver con esa decisión, y responsabilizan al almirante que supervisó la operación.

Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También aumentó en agosto la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Maduro denuncia que las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

El mandatario, cuyas dos reelecciones (2018 y 2024) Washington desconoce al tacharlas de fraudulentas, afirma que el país ha resistido ante “22 semanas de guerra psicológica” y “asedio”.

“Me gusta la prudencia, a mí no me gusta la diplomacia de micrófonos, cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se dé”, añadió Maduro.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo la noche del miércoles que las últimas semanas Venezuela ha estado sometida a una “guerra psicológica” que “pasó a terrorismo psicológico”.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.

Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.

La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos”.

La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.

Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar.

El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.

Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis “diez veces superior a la terapéutica”, según la investigación.

Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de “rumores de prisión”.

Sheinbaum descartó que el incremento salarial impacte en la inflación, que se mantiene dentro del objetivo del Banco de México (Banxico, central) de 3% +/- un punto porcentual.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aseguró que la reducción de la jornada laboral tendrá beneficios para la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina, que se contrajo 0,3% interanual en el tercer trimestre en medio de las tensiones con Estados Unidos por las amenazas arancelarias de Donald Trump.

El salario mínimo general crecerá 13%, hasta 315,04 pesos diarios (17,2 dólares), equivalentes a 9.582,47 pesos mensuales (524,5 dólares). En la frontera norte el aumento será menor pero el salario mínimo estará fijado en 440,87 pesos diarios (24,1 dólares).

La jornada laboral se reducirá dos horas cada año a partir de 2027, después de que el Congreso de mayoría oficialista apruebe las reformas legales correspondientes en 2026.

Ambos acuerdos se lograron “por consenso” entre representantes de los trabajadores y del sector empresarial, subrayó Sheinbaum.

Estos cambios en las leyes laborales se suman a otros recientes como el que duplicó el término mínimo legal de vacaciones pagadas de seis a 12 días y el que otorgó derechos y prestaciones a trabajadores de plataformas digitales.

México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más horas trabajadas en el año por empleado, con 2.207, según los datos más recientes del organismo, de 2023.

Fuente: AFP.