Las máscaras, sin embargo, permanecerán obligatorias en espacios cerrados, así como en paradas de autobuses y metros, explicó en una rueda de prensa el gobernador paulista, Joao Doria.

“El uso de mascarillas continuará siendo obligatorio en áreas internas, estaciones y centrales del transporte público en Sao Paulo, aunque sean abiertas”, señaló.

Sao Paulo es la región de Brasil más castigada por la pandemia del coronavirus y hasta hoy acumulaba 153.571 del total de 613.066 fallecidos contabilizados en todo el país desde que la covid llegó a esta nación, en febrero de 2020, además de sumar 4,4 millones de los más de 22 millones infectados en todo el territorio brasileño.

A inicios de mes, el Gobierno paulista había condicionado la flexibilización del uso del tapabocas a cuatro metas: la vacunación completa de un 75 % de la población y una significativa reducción en el promedio diario de hospitalizados, casos y muertes, hasta los 300, 1.100 y 50, respectivamente.

No obstante, hasta el momento la región no ha alcanzado el objetivo establecido en ninguno de los cuatro indicadores, aunque la decisión anunciada este miércoles contó con el aval del comité científico instaurado al comienzo de la crisis sanitaria para auxiliar en el combate al coronavirus.

En ese sentido, el gobernador afirmó que el estado deberá alcanzar el 75 % de la población vacunada con la pauta completa ya en los próximos días, mientras que el comité de salud evaluó que los demás índices permanecen en una tendencia “progresiva” a la baja.

Pese al anuncio de la Gobernación, cada municipio del estado tiene autonomía para decidir si acata o no la decisión, debido a que las medidas de combate a la pandemia deben siempre obedecer las orientaciones más restrictivas siempre y cuando haya divergencias entre los gobiernos regionales y municipales.

Con la medida, Sao Paulo se suma a otras regiones de Brasil que han flexibilizado el uso de las mascarillas, como Brasilia y Río de Janeiro, donde el gobierno regional fue el primero del país a ponerle fin a su obligatoriedad, el pasado 28 de octubre.

El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

Este mismo martes, la mayor organización armada del narcotráfico descartó un acuerdo de paz con Petro, quien culminará su mandato de cuatro años el 7 de agosto.

Ambas negociaciones eran las principales banderas de la Paz Total, un plan diseñado por el primer presidente de izquierda del mayor productor mundial de cocaína para lograr el desarme de todos los grupos armados.

Calarcá, por su lado, continuó atentando contra la fuerza pública y civiles en las zonas en las que opera su guerrilla, principalmente en la frontera con Venezuela y en la Amazonía.

Una de sus principales fuentes de financiación es la deforestación para dar paso a la ganadería, así como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Petro aseguró en una reunión con sus ministros transmitida en redes sociales que pidió al consejero presidencial de paz, Otty Patiño, frenar esas negociaciones.

“Si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer?”, dijo.

“A mí me gustaría la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, agregó.

- Sin opciones -

Más temprano el abogado del Clan del Golfo, el principal cártel narcotraficante del país, descartó que los diálogos con el gobierno vayan a terminar en la firma de un acuerdo de paz.

A menos de cuatro meses de que termine su mandato, casi todos los procesos han enfrentado rupturas, suspensiones o escasos avances.

Petro también intentó pactar el fin del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la más longeva del continente, pero esas negociaciones de rompieron luego de un ataque de los rebeldes en la frontera que dejó más de 100 muertos a inicios del año pasado.

De igual manera con otra disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. El guerrillero más buscado del país deidió levantarse de la mesa y aumentó sus atentados con coches bomba y drones.

Analistas estiman que los grupos armados se fortalecieron durante la Paz Total, muy criticada por la oposición, expresidentes y miliares en retiro en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

Petro enfrentó presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien le impuso sanciones por supuestamente hacer pocos esfuerzos por frenar al narcoráfico.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Chadwick Willacy, de 58 años, fue declarado muerto a las 18H15 hora local (22H15 GMT) en la prisión estatal de Raiford, informó el Departamento de Correccional de Florida en un comunicado.

Willacy fue sentenciado a pena de muerte en 1991 por el asesinato el año anterior de su vecina, Marlys Satger, de 56 años, quien lo había sorprendido en su casa mientras robaba.

En lo que va de 2026 se han llevado a cabo ocho ejecuciones en Estados Unidos, cinco de ellas en Florida.

En total, 47 condenados a muerte fueron ejecutados en Estados Unidos el año pasado, el mayor número desde 2009, cuando hubo 52.

Florida fue el estado donde más se aplicó la pena capital el año pasado: 19 veces. Los estados de Alabama, Carolina del Sur y Texas llevaron a cabo cinco cada uno.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias sobre su aplicación.

El presidente Donald Trump defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su alcance a “los delitos más viles”.

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios y el control que ejercen grupos delictivos.

El lunes “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín” en la cárcel Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, informó el ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en redes.

“Deja como resultado el fallecimiento de cinco personas privadas de libertad”, añade el escueto texto.

Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.

La Fiscalía venezolana anunció la víspera una investigación sobre el incidente.

La cárcel consta de tres instalaciones: Yare I, II y III.

En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

Decenas de presos fueron trasladados a Yare III tras estas operaciones.

La instalación vecina, Yare II, sirve como prisión política.

La semana pasada al menos 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera fueron excarcelados de ese centro de detención, constató un equipo de la AFP.

La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 105 muertes en cárceles venezolanas durante 2024 vinculadas con las precarias condiciones de reclusión.

Fuente: AFP.