La última víctima fatal es un paciente de 81 años que se encontraba internado “en grave estado” con un cuadro de neumonía y presentaba comorbilidades, precisó la cartera en un comunicado.

El brote en el sanatorio ubicado a 1.300 km al norte de Buenos Aires comenzó el pasado 18 de agosto y afectó a 11 personas, entre ellas ocho miembros del sanatorio.

La bacteria, que se trasmite por vía inhalatoria o a través del agua, provoca fiebre e infección pulmonar y fue identificada tras estudios del Instituto Malbrán, referente nacional en infectología.

El sanatorio fue cerrado preventivamente y está en curso una investigación para establecer la fuente de contagio, indicó el ministro de Salud provincial Luis Medina Ruiz.

“Iniciamos una investigación clínica y epidemiológica. La clínica privada seguirá cerrada hasta contar con los resultados”, precisó a la prensa local.

Hasta el momento no se han registrado casos posteriores relacionados con el brote luego del último reportado el 25 de agosto. Posibles casos de covid-19, influenza o hantavirus ya fueron descartados.

Según explicó el sábado la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, “aún resta la tipificación (de la bacteria), pero se sospecha que sea legionella pneumophila”.

La promulgación de la ley, que contempla duras penas por mantener relaciones entre personas del mismo sexo, tendrá consecuencias en la cooperación con el país africano, según un comunicado de la Casa Blanca.

Esa ley es “una trágica violación de los derechos humanos universales”, declaró el presidente, sumándose al coro de protestas internacionales que generó esa norma.

También dijo que Washington estudiará la posibilidad de imponer sanciones a Uganda y restringir la entrada en Estados Unidos de ugandeses implicados en abusos contra los derechos humanos o corrupción.

Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también objetó la ley al señalar que Estados Unidos estaba “profundamente preocupado” por la aprobación de la norma.

“El fracaso de Uganda en salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTQ es parte de una degradación más amplia de las protecciones de los derechos humanos que ponen a los ciudadanos ugandeses en riesgo”, agregó Blinken.

Biden dijo que pidió al Consejo de Seguridad Nacional que analice “los compromisos de Estados Unidos con Uganda en todos sus aspectos”, incluyendo la asistencia a la lucha contra el sida y otras ayudas e inversiones

De ser aceptado por la jueza María Eugenia Capuchetti, el pedido conllevaría el cierre de la etapa de investigación, pese al rechazo de la vicepresidenta que reclama que se investigue si hubo autores intelectuales y financistas del ataque.

La causa quedó catalogada por el fiscal Carlos Rívolo como “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”.

Los acusados, que cumplen prisión preventiva, son Fernando Sabag Montiel, de 35 años, quien gatilló un arma a centímetros de la cara de Kirchner sin que saliera un disparo, y su novia Brenda Uliarte (23 años), acusados como “coautores”. Mientras que Nicolás Carrizo, de 27 años, está imputado como “partícipe necesario”. Es quien empleaba a la pareja en su emprendimiento de venta callejera de copos de azúcar.

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En un escrito difundido este lunes, el fiscal consideró que la conducta de los tres acusados fue “premeditada” y que idearon “un plan” para asesinar a la vicepresidenta.

Según el fiscal “de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”.

Agregó que “tampoco se han hallado elementos relevantes (…) que apunten a la colaboración de terceros con dinero para el atentado”.

El ataque se produjo el 1 de septiembre de 2022 frente al domicilio de Kirchner, cuando Sabag Montiel, armado con una pistola, se mezcló entre un grupo de simpatizantes, se acercó a ella y apretó el gatillo.

En aquellos días un tribunal estaba juzgando a la expresidenta (2007-2015) por un caso de corrupción, por el que luego fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política, cargos que apeló.

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Kirchner rechazó este lunes el dictamen de Rívolo en una carta publicada en sus redes.

“El fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo. No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas que partirlas en pedacitos”, escribió.

Agregó que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.

“Para CFK (iniciales de su propio nombre) no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”, sostuvo la vicepresidenta, quien desistió de postularse para las elecciones generales de octubre al considerarse proscripta por la justicia.

El “satélite de reconocimiento militar nº 1” será “lanzado en junio” para “enfrentar las acciones militares peligrosas de Estados Unidos y sus vasallos”, aseguró Ri Pyong Chol, vicepresidente de la comisión militar central del partido gobernante, citado por KCNA.

Japón aseguró el lunes que Pyongyang le había notificado de que planeaba lanzar en las próximas semanas un “satélite”.

El despacho del primer ministro, Fumio Kishida, indicó el lunes en Twitter que las autoridades nipones creían que el lanzamiento involucraría un “misil balístico”.

Según Tokio, Pyongyang informó a la guardia costera japonesa de que lanzará un cohete entre el 31 de mayo y el 11 de junio, el cual caerá en aguas del mar Amarillo, el mar de China Oriental o el este de la isla Luzón, en Filipinas.

Corea del Norte ha intensificado sus lanzamientos de misiles los últimos meses, algunos de los cuales activaron los sistemas de emergencia en partes de Japón.

El desarrollo de un satélite de reconocimiento fue uno de los principales proyectos de defensa de Pyongyang desvelados el año pasado por el dirigente norcoreano Kim Jong Un.