Supremo argentino confirma que juicio contra Cristina Fernández no se cancela

Buenos Aires.- La Corte Suprema de Justicia de Argentina garantizó este jueves que la revisión que va a hacer de la documentación del primer juicio por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) no supone suspender la vista, cuyo inicio está previsto para el martes próximo.

“El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”, explica el Supremo en un comunicado.

En los últimos días, se generó una fuerte polémica después de que la Corte pidiera el martes al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado del juicio, los legajos de la causa para analizar unos planteamientos realizados por la defensa de la exmandataria, lo que puso en duda que la vista pudiera llegar a suspenderse y se llegó a hablar, por parte del Gobierno, de fallo político e “impunidad”.

No obstante, el juicio tenía que haber empezado el pasado 26 de febrero, pero ya se postergó al 21 de mayo por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integraban el tribunal, quien acabó falleciendo en marzo.

En un texto con 10 puntos colocado en la página web del Centro de Información Judicial, el alto tribunal aclara lo acontecido con el recurso presentado por Fernández en la causa en la que está llamada a sentarse por primera vez en el banquillo, acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.

En esta se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -ya detenido desde 2016-, en la sureña provincia de Santa Cruz.

La Corte comienza destacando que están en su poder, además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco del mismo expediente, por lo que “el paso jurídicamente correcto” fue solicitar la documentación de todos ellos al TOF2.

“De la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes”, destaca el Supremo, integrado por los jueces Carlos Rosenkrantz -presidente del tribunal-, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

En función de esta situación, se subraya que se solicitó “con carácter de urgente” el expediente principal al Tribunal Oral, una medida que es “habitual” en la Corte y “ha sido adoptada en numerosas oportunidades”.

“En el contexto actual de las causas mencionadas podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados”, remarca el texto difundido.

El Supremo justifica que se este modo se evita reincidir en anteriores experiencias en las que “por no haber ejercido un control oportuno”, los procesos culminaron “nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”.

“La Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia”, concluye el texto.

La controvertida revisión de la Corte llevó en la noche el miércoles a que grupos de ciudadanos convocados a través de las redes sociales participaran de cacerolazos en barrios de Buenos Aires para exigir que no se suspenda el proceso, en un año en que se celebran elecciones y cuando Fernández, afectada por múltiples causas judiciales, todavía no ha anunciado si será o no candidata.

También el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, el fiscal Diego Luciani y las querellas pidieron que el debate comenzase en tiempo y forma. Cri

La pobreza en Brasil registra la cifra más baja desde 2012

El presidente Lula da Silva celebró el dato en sus redes sociales.

En 2023, las tasas de pobreza y pobreza extrema cayeron en Brasil hasta el 27,5 % y el 4,4 %, respectivamente, lo que implica los niveles más bajos desde que comenzó el registro en el año 2012.

Los datos se desprenden de un estudio del Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que reporta la caída generalizada de la tasa de pobreza en 25 estados y en el Distrito Federal de Brasilia, es decir, en todas las entidades salvo en Acre, donde el índice registró un alza del 0,4 %.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha felicitado por las buenas cifras en sus redes sociales: “Empezando otro día de trabajo con buenas noticias. Menor tasa de pobreza de la serie histórica. Un buen día para todos”, escribió este miércoles en X.

El informe del IJSN parte de los datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares: Ingresos de Todas las Fuentes 2023 publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Las cifras recogen que Brasil disminuyó la tasa de pobreza del 31,6 % registrado en 2022 al 27,5 % en 2023. Lo que se traduce, en términos absolutos, a una reducción de 8,6 millones de personas, de 67,8 a 59,2 en 12 meses.

La mayor reducción se produjo en el estado de Amapá, al norte del país, donde el indicador cayó casi 15 puntos porcentuales, descendiendo desde el 47,8 % hasta el 33 % del año pasado.

La tasa de pobreza más alta del país se registra en Maranhao, con el 51,6 %, seguida de Acre (51,5 %). En el lado contrario, con los niveles más bajos, se encuentra Santa Catarina (11,6 %), seguida de Rio Grande do Sul (14,4 %).

En el caso de la pobreza extrema, en 2023 el índice bajó del 5,9 % al 4, 4%, también el menor nivel de la serie histórica. En términos absolutos más de 3 millones de personas salieron de esta categoría, descendiendo de 12,7 millones en 2022 hasta los 9,5 millones en 2023.

Quién es la modelo de 60 años que competirá por ser la nueva Miss Universo Argentina

Abogada y periodista, la mujer fue elegida como Miss Buenos Aires 2024.

Con 60 años, Alejandra Marisa Rodríguez se coronó como Miss Buenos Aires 2024. “Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza”, destacó la mujer que competirá el próximo 25 de mayo en busca de convertirse en Miss Universo Argentina.

Rodríguez, quien es abogada y periodista, tuvo la posibilidad de ser parte del certamen gracias a una modificación en el reglamento, ya que desde su origen en 1958 solamente se permitía la presencia de mujeres de entre 18 y 28 años. Ahora, el único requisito es tener más de 18. “Éramos 35 participantes de todas las edades, desde los 18 hasta 73 años, tenía la mayor. No había categoría de edades”, explicó la ganadora.

“Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza, porque estamos inaugurando una nueva etapa en la cual la mujer no es solo la belleza física, sino un conjunto de valores. Soy la primera de esta generación que arranca con esto”, comentó.

Rodríguez también manifestó que “lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, los cuidados normales, nada demasiado extraordinario y un poco de genética”, a la vez que agregó que intenta “comer comida orgánica, usar buenas cremas”.

En relación con sus gustos, comentó que hace “actividad física tres veces por semana” y que disfruta “mucho caminar, trotar un poquito”. En tanto, la cuenta de Instagram* del concurso sumó que “le gusta la naturaleza, el sol, la tranquilidad, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas, meditar”. También señala que “le hace feliz viajar para descubrir nuevos paisajes, personas y culturas”.

Además, publicó que “en cuanto a la música, le encanta el tango, la música latinoamericana y las letras profundas y poéticas, también le gusta la poesía, salir con amigas y disfrutar los buenos momentos que nos da la vida”.

Más allá de su tarea en el modelaje, Rodríguez también describió cómo es su actividad profesional: “Soy abogada y periodista recibida en la Universidad Nacional de La Plata [Buenos Aires]. Actualmente, me desempeño como abogada en el Área Legal de un hospital dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y ejerzo la profesión liberal en el ámbito del derecho de familia y civil”.

En cuanto al periodismo, dijo que le interesa el “turismo y exploración y/o lanzamiento de nuevos destinos turísticos y emprendimientos en Latinoamérica y el Caribe”.


Senado de EE.UU. aprueba proyecto de ley que prohibiría TikTok en el país

La cámara alta del Congreso aprobó la medida argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de la plataforma con China.

El Senado de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley según el cual la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, tendrá nueve meses para vender la red social, caso contrario, la aplicación se prohibirá en las tiendas de ‘apps’ estadounidenses, informan medios locales.

El visto bueno de la medida contó con 79 votos a favor y 18 en contra, mientras que la Cámara de Representantes ya la había aprobado el pasado sábado. Ahora, la legislación será enviada al presidente Joe Biden para su respectiva firma, con lo que entraría automáticamente en vigor.

El Congreso aprobó el proyecto de ley argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de TikTok con China. Legisladores y expertos en seguridad han afirmado que existen riesgos de que el Gobierno chino se apoye en ByteDance para acceder a datos sensibles pertenecientes a sus usuarios estadounidenses o para difundir propaganda, reporta The New York Times.

Según el diario, es probable que la medida se enfrente a desafíos legales, así como a la posible resistencia de Pekín, que podría bloquear la venta o exportación de tecnología. Tampoco está claro quién tiene los recursos para comprar TikTok, ya que su precio será elevado.

Desde la red social denunciaron que la iniciativa del Congreso “pisotearía los derechos a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses”.