Tres ensayos de tratamiento para COVID-19 fueron suspendidos por falta de confiabilidad

Los expertos en ensayos clínicos dijeron que, de alguna manera, estas demoras eran reconfortantes: demuestran que los investigadores han estado siguiendo los procedimientos de seguridad adecuados.

Debido a posibles problemas de confiabilidad, esta semana fueron suspendidos dos ensayos clínicos de gran repercusión, los cuales ya estaban en las últimas fases: la prueba para una vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson y el estudio de Eli Lilly de un medicamento para combatir el COVID-19. Solo un mes antes, se suspendió el ensayo para la vacuna de AstraZeneca porque dos voluntarios se enfermaron de gravedad.

Los expertos en ensayos clínicos dijeron que, de alguna manera, estas demoras eran reconfortantes: demuestran que los investigadores han estado siguiendo los procedimientos de seguridad adecuados. Pero, por el momento, son pocos los detalles acerca del carácter de la enfermedad de los voluntarios. Y pese a que las suspensiones de ensayos para vacunas son comunes, algunos expertos afirmaron que es más inesperado, y quizás más preocupante, suspender las pruebas de tratamientos (como la del medicamento de anticuerpos de Eli Lilly), replica el portal Infobae del The New York Times.

Ese ensayo estaba probando un tratamiento en pacientes hospitalizados: un grupo de personas que ya estaban enfermas y en el que no sería sorprendente un deterioro de su salud. Así que, para que se suspendiera un ensayo de ese tipo, las preocupaciones de seguridad debieron ser significativas, dijeron.

“He trabajado en más de 50 comités de monitoreo, y es algo que no se hace muy a menudo”, comentó Tim Friede, bioestadístico del Centro Médico Universitario de Gotinga, en Alemania, al referirse a su participación como evaluador de seguridad en las pruebas de medicamentos.

Por el momento, las empresas responsables de los ensayos no han dicho gran cosa. En un comunicado de septiembre, AstraZeneca afirmó que suspendió sus pruebas para investigar “un solo evento de una enfermedad inexplicable”. Pero se dice que dos voluntarios vacunados desarrollaron la misma enfermedad, una inflamación de la médula espinal llamada mielitis.

Johnson & Johnson mencionó que la suspensión del ensayo clínico de su vacuna se debía a que se presentó una enfermedad “que no tenía explicación”. El ensayo del tratamiento con anticuerpos de Eli Lilly se suspendió porque hubo una diferencia— hasta ahora no divulgada— en la salud del grupo que recibió el fármaco y el grupo que recibió un placebo.

Cuando las personas se ofrecen como voluntarios en un ensayo que está en las últimas etapas, llamadas fase tres, se les administra un tratamiento o un placebo de manera aleatoria, y ni ellos ni su médico saben cuál de los dos recibieron, luego se les hace un seguimiento estricto durante las semanas siguientes. Tal vez a las personas que participan en el ensayo de una vacuna se les practique un chequeo completo cada mes y cualquier síntoma que experimenten se registre en una bitácora. Es posible que a las personas que reciben un medicamento mientras están hospitalizadas se les realicen pruebas de sangre y exámenes médicos.

Los síntomas moderados, como un salpullido leve o un dolor de cabeza, no son suficientes como para suspender un ensayo clínico. Pero cuando los investigadores observan un problema grave —conocido como “evento adverso”— tienen que informarlo a las empresas patrocinadoras. Y luego estas deben informarlo tanto a la Administración de Alimentos y Medicamentos como a sus asesores independientes, conocidos como comités para la evaluación de los datos y la confiabilidad.

Si el comité de la empresa considera que el evento adverso es muy preocupante, quizás suspenda el ensayo, incluso sin saber todavía si el evento se presentó en alguien que recibió el tratamiento o el placebo.

Cuando se suspende un ensayo, es posible que un comité de confiabilidad solicite que se “desenmascare” al voluntario del estudio de doble ciego que sufrió el evento adverso, es decir, que se sepa si el voluntario recibió el placebo o el tratamiento. Si el voluntario recibió el placebo, quiere decir que el tratamiento no fue la causa del evento, y el ensayo puede proseguir.

Si resulta que el voluntario sí recibió el tratamiento, el comité realiza una serie de labores detectivescas. Los miembros revisan los expedientes médicos. Tal vez soliciten más información acerca de las condiciones de salud de los voluntarios o incluso ordenen otras pruebas, no solo para las personas en las que se presentaron los eventos adversos, sino para todas las del ensayo clínico.

El comité usa estos datos para concluir si lo más probable es que el tratamiento haya tenido alguna relación con el evento. Por ejemplo, en muy pocas ocasiones, algunas vacunas pueden provocar un trastorno nerviosos llamado síndrome de Guillain-Barré. Pero la enfermedad tarda semanas en desarrollarse. Si un voluntario presenta síntomas de Guillain-Barré el día que le aplicaron la vacuna, esa no puede ser la causa.

Posteriormente, los reguladores evalúan la decisión de los comités y pueden aceptarla o solicitar más información. Para los ensayos que se realizan en varios países al mismo tiempo, esta evaluación puede hacer que la suspensión de un ensayo plantee un desafío aún mayor. Después de que el 6 de septiembre AstraZeneca suspendió sus ensayos a nivel global para una evaluación, los reguladores de Brasil, India, Japón, Sudáfrica y el Reino Unido dieron luz verde para que se reanudara el ensayo. Pero los reguladores estadounidenses siguen analizando los datos y mantienen suspendido el ensayo en Estados Unidos.

Si un comité de confiabilidad determina que lo más probable sea que un evento adverso no haya sido resultado de una vacuna ni de un tratamiento, puede autorizar a que se reanude el ensayo. Si, por otro lado, existe algún problema urgente —por ejemplo, un lote de medicamentos contaminados— el ensayo tendría que detenerse. Cuando los datos no son tan claros, es posible que el comité permita que se reanude el ensayo, pero que se realicen más pruebas o estudios. Quizás un segundo caso del mismo evento ya no sea algo casual, y esto obligaría a que se diera por concluido el ensayo clínico.

No obstante, existen diferencias importantes en la manera en que se suspenden los ensayos para las vacunas —como los de Johnson & Johnson y de AstraZeneca— y los de los fármacos, como los de Eli Lilly. Las vacunas están diseñadas para administrarse a millones o miles de millones de personas sanas, así que se requiere una inocuidad extrema. Con solo una persona que se enferme en un ensayo para vacuna se tiene que realizar un escrutinio más minucioso.

“No es poco común que esto suceda”, afirmó Anna Durbin, profesora de Salud a nivel Internacional en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. “En la gran mayoría de los casos, el ensayo continúa”.

Sin embargo, las suspensiones en las pruebas para tratamientos no son tan comunes. Existe una sencilla razón de esta diferencia: las personas que reciben los fármacos tienen una enfermedad, en ocasiones, muy seria. Por ejemplo, para el ensayo de Eli Lilly, los investigadores solo están reclutando personas que ya están hospitalizadas con COVID-19. En ese grupo de personas muy enfermas, incluso un deceso, tristemente, no sería una gran sorpresa.

Es por eso que a menudo se deben tener mayores indicios de un evento adverso para suspender el ensayo de un medicamento. De hecho, ese parece ser el caso de los ensayos que se han suspendido para los fármacos contra el COVID-19. Tan solo un paciente hizo que Johnson & Johnson detuviera su ensayo. Pero un vocero de los Institutos Nacionales de Salud afirmó que las pruebas de Eli Lilly se suspendieron porque el comité de confiabilidad descubrió que los pacientes que recibieron los anticuerpos presentaron una “situación clínica” diferente a la que presentaron quienes recibieron un placebo.

Independientemente del resultado de las suspensiones, muchos expertos consideraron que esta precaución era alentadora. “Esto me indica que la inocuidad se está tomando muy en serio”, comentó Durbin. “Es un ejemplo de la manera en que se deben hacer las cosas”.

La pobreza en Brasil registra la cifra más baja desde 2012

El presidente Lula da Silva celebró el dato en sus redes sociales.

En 2023, las tasas de pobreza y pobreza extrema cayeron en Brasil hasta el 27,5 % y el 4,4 %, respectivamente, lo que implica los niveles más bajos desde que comenzó el registro en el año 2012.

Los datos se desprenden de un estudio del Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que reporta la caída generalizada de la tasa de pobreza en 25 estados y en el Distrito Federal de Brasilia, es decir, en todas las entidades salvo en Acre, donde el índice registró un alza del 0,4 %.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha felicitado por las buenas cifras en sus redes sociales: “Empezando otro día de trabajo con buenas noticias. Menor tasa de pobreza de la serie histórica. Un buen día para todos”, escribió este miércoles en X.

El informe del IJSN parte de los datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares: Ingresos de Todas las Fuentes 2023 publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Las cifras recogen que Brasil disminuyó la tasa de pobreza del 31,6 % registrado en 2022 al 27,5 % en 2023. Lo que se traduce, en términos absolutos, a una reducción de 8,6 millones de personas, de 67,8 a 59,2 en 12 meses.

La mayor reducción se produjo en el estado de Amapá, al norte del país, donde el indicador cayó casi 15 puntos porcentuales, descendiendo desde el 47,8 % hasta el 33 % del año pasado.

La tasa de pobreza más alta del país se registra en Maranhao, con el 51,6 %, seguida de Acre (51,5 %). En el lado contrario, con los niveles más bajos, se encuentra Santa Catarina (11,6 %), seguida de Rio Grande do Sul (14,4 %).

En el caso de la pobreza extrema, en 2023 el índice bajó del 5,9 % al 4, 4%, también el menor nivel de la serie histórica. En términos absolutos más de 3 millones de personas salieron de esta categoría, descendiendo de 12,7 millones en 2022 hasta los 9,5 millones en 2023.

Quién es la modelo de 60 años que competirá por ser la nueva Miss Universo Argentina

Abogada y periodista, la mujer fue elegida como Miss Buenos Aires 2024.

Con 60 años, Alejandra Marisa Rodríguez se coronó como Miss Buenos Aires 2024. “Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza”, destacó la mujer que competirá el próximo 25 de mayo en busca de convertirse en Miss Universo Argentina.

Rodríguez, quien es abogada y periodista, tuvo la posibilidad de ser parte del certamen gracias a una modificación en el reglamento, ya que desde su origen en 1958 solamente se permitía la presencia de mujeres de entre 18 y 28 años. Ahora, el único requisito es tener más de 18. “Éramos 35 participantes de todas las edades, desde los 18 hasta 73 años, tenía la mayor. No había categoría de edades”, explicó la ganadora.

“Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza, porque estamos inaugurando una nueva etapa en la cual la mujer no es solo la belleza física, sino un conjunto de valores. Soy la primera de esta generación que arranca con esto”, comentó.

Rodríguez también manifestó que “lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, los cuidados normales, nada demasiado extraordinario y un poco de genética”, a la vez que agregó que intenta “comer comida orgánica, usar buenas cremas”.

En relación con sus gustos, comentó que hace “actividad física tres veces por semana” y que disfruta “mucho caminar, trotar un poquito”. En tanto, la cuenta de Instagram* del concurso sumó que “le gusta la naturaleza, el sol, la tranquilidad, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas, meditar”. También señala que “le hace feliz viajar para descubrir nuevos paisajes, personas y culturas”.

Además, publicó que “en cuanto a la música, le encanta el tango, la música latinoamericana y las letras profundas y poéticas, también le gusta la poesía, salir con amigas y disfrutar los buenos momentos que nos da la vida”.

Más allá de su tarea en el modelaje, Rodríguez también describió cómo es su actividad profesional: “Soy abogada y periodista recibida en la Universidad Nacional de La Plata [Buenos Aires]. Actualmente, me desempeño como abogada en el Área Legal de un hospital dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y ejerzo la profesión liberal en el ámbito del derecho de familia y civil”.

En cuanto al periodismo, dijo que le interesa el “turismo y exploración y/o lanzamiento de nuevos destinos turísticos y emprendimientos en Latinoamérica y el Caribe”.


Senado de EE.UU. aprueba proyecto de ley que prohibiría TikTok en el país

La cámara alta del Congreso aprobó la medida argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de la plataforma con China.

El Senado de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley según el cual la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, tendrá nueve meses para vender la red social, caso contrario, la aplicación se prohibirá en las tiendas de ‘apps’ estadounidenses, informan medios locales.

El visto bueno de la medida contó con 79 votos a favor y 18 en contra, mientras que la Cámara de Representantes ya la había aprobado el pasado sábado. Ahora, la legislación será enviada al presidente Joe Biden para su respectiva firma, con lo que entraría automáticamente en vigor.

El Congreso aprobó el proyecto de ley argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de TikTok con China. Legisladores y expertos en seguridad han afirmado que existen riesgos de que el Gobierno chino se apoye en ByteDance para acceder a datos sensibles pertenecientes a sus usuarios estadounidenses o para difundir propaganda, reporta The New York Times.

Según el diario, es probable que la medida se enfrente a desafíos legales, así como a la posible resistencia de Pekín, que podría bloquear la venta o exportación de tecnología. Tampoco está claro quién tiene los recursos para comprar TikTok, ya que su precio será elevado.

Desde la red social denunciaron que la iniciativa del Congreso “pisotearía los derechos a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses”.