“El criminal siempre vuelve a la escena del crimen (…) el asesino de miles de familias de Mariúpol vino a admirar las ruinas de la ciudad y (sus) tumbas. Cinismo y falta de remordimiento”, escribió el consejero de la presidencia ucraniana Mijailo Podoliak en Twitter.

Este fue el primer viaje de Putin a zona ocupada desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.

Mariúpol, en el sureste de Ucrania, cayó en manos de Moscú en mayo de 2022 tras meses de asedio y bombardeos que devastaron la ciudad.

“El criminal internacional Putin visitó la Mariúpol ocupada, de noche “probablemente para no ver a la luz del día la ciudad asesinada por su ‘liberación'”, escribió el consejo municipal de la ciudad portuaria en Telegram.

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Putin efectuó el viaje apenas dos días después de que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pidiera su captura por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

El Ministerio ucraniano de Defensa afirmó en Twitter que el mandatario ruso visitó Mariúpol “como un ladrón (…) al amparo de la noche”. 

“En primer lugar, es más seguro. Además, la oscuridad le permite destacar lo que quiere mostrar, y mantiene la ciudad que su ejército destruyó por completo y a sus pocos habitantes supervivientes lejos de miradas indiscretas”, declaró el ministerio.

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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que Putin decidió realizar el viaje en el último momento. Fue una visita “muy espontánea”, subrayó.

“Sus desplazamientos en la ciudad tampoco estaban previstos”, añadió, en referencia a la visita a un teatro local y un encuentro con algunos habitantes de la localidad.

La visita del mandatario ruso a Mariúpol se suma a la del sábado a la península de Crimea, en el marco del noveno aniversario de su anexión por Moscú en 2014.

Safina Namukwaya tachó de “milagro” el nacimiento de sus gemelos el miércoles en un centro médico de la capital, Kampala, donde había recibido un tratamiento de fertilidad.

“Es un logro extraordinario”, dijo a la AFP el doctor Edward Tamale Sali, que siguió el embarazo y el parto.

Añadió que la madre y los bebés, una niña y un niño, siguen en observación, pero están en buen estado de salud.

“No hay forma de expresar mi alegría en este momento”, dijo Namukwaya, que vive en una zona rural a unos 120 kilómetros al oeste de Kampala.

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La mujer ya había tenido una primera hija en 2020 tras varios años de intentos infructuosos, que le valieron el apodo de “mujer maldita”.

Con su primer marido, fallecido en 1992, no tuvo hijos.

Su actual pareja, al que conoció cuatro años después, no asistió al parto.

“Quizá no esté contento de que haya dado a luz a gemelos (…) por miedo a las responsabilidades que eso puede conllevar”, declaró Namukwaya.

A mediados de la década de 1970, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron para perseguir y eliminar a disidentes de izquierda ( y de otras corrientes democráticas) más allá de las fronteras nacionales, como parte de un plan secreto conocido como “Operación Cóndor”.

Cientos de personas fueron asesinadas bajo este programa de terror estatal apoyado por Estados Unidos, en el que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sin contar las miles de víctimas de esas dictaduras en sus propios territorios.

En el 50º aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y puso en el poder al general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, repasamos la guerra encubierta que Chile y otros países libraron contra la izquierda.

La mayoría de los asesinados y secuestrados por la Operación Cóndor fueron detenidos en Argentina, donde muchos militantes de izquierda chilenos, paraguayos y uruguayos se exiliaron antes de que la presidenta María Estela Martínez de Perón fuera derrocada en 1976.

En un garaje de Buenos Aires, militares argentinos y uruguayos detuvieron y torturaron a cientos de disidentes de varios países.

Guyana ve el referéndum como un caso de anexión y pidió a la Corte Internacional de Justicia el 14 de noviembre que detuviera partes de la votación. El tribunal no ha emitido una decisión, pero incluso si falla en contra de Venezuela, el gobierno de Maduro tiene la intención de celebrar las elecciones el domingo.

El área de 61.600 millas cuadradas (159.500 kilómetros cuadrados) representa dos tercios de Guyana. Sin embargo, Venezuela siempre ha considerado a Esequibo como propio porque la región estaba dentro de sus fronteras durante el período colonial español, y durante mucho tiempo ha disputado la frontera decidida por árbitros internacionales en 1899, cuando Guyana todavía era una colonia británica.

El compromiso de Venezuela de perseguir el reclamo territorial ha fluctuado a lo largo de los años. Su interés volvió a despertarse en 2015, cuando ExxonMobil anunció que había encontrado petróleo en cantidades comerciales frente a la costa de Esequibo.

El último capítulo de la disputa ha sembrado la ira entre los residentes de la zona, la mayoría de los cuales son indígenas, contra el gobierno de Guyana. La información sobre el referéndum les ha llegado principalmente a través de publicaciones inexactas en las redes sociales que sólo han creado confusión entre los guyaneses.

“Nos sentimos abandonados como pueblo de esta tierra. No se está haciendo nada por nosotros en este momento”, dijo Michael Williams, un líder indígena de la aldea de Annai en Esequibo. “El gobierno (…) sólo viene cuando quiere nuestros votos. Ahora bien, existe esta disputa. Nadie está aquí para decirnos: ‘Estos son los problemas’. Esto puede llegar. Preparémonos para ello. Estamos negociando. Esperamos lo mejor.’ Nadie vendrá a decirnos eso”.

La frontera en disputa fue decidida por árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos representó a Venezuela en el panel en parte porque el gobierno venezolano había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

Los funcionarios venezolanos sostienen que los estadounidenses y los europeos conspiraron para engañar a su país y arrebatarles la tierra y argumentan que un acuerdo de 1966 para resolver la disputa anuló efectivamente el arbitraje original. Guyana , el único país de habla inglesa en América del Sur, sostiene que el acuerdo inicial es legal y vinculante y pidió a la corte mundial en 2018 que lo dictamine como tal.

Los votantes venezolanos tendrán que responder el domingo si “están de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a la ley”, el límite de 1899 y si apoyan el acuerdo de 1966 “como único instrumento legal válido” para llegar a una solución.