A las 16.40 locales (20.40 GMT) el fluido de energía fue interrumpido en Caracas, y en al menos una docena más de estados, de los 23 que tiene del país petrolero.

Según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el apagón se debió a un “ataque electromagnético” a la principal hidroeléctrica del país, que ha afectado a millones de ciudadanos en casi todas las regiones.

“Los primeros indicios recibidos de la investigación (…) orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país”, dijo el ministro al canal estatal VTV.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, responsabilizó al Ejecutivo por el “fracaso” en la administración de la electricidad, un área que está controlada por militares desde hace una década, cuando los apagones empezaron a hacerse frecuentes en el país.

“Intentaron esconder la tragedia con racionamientos en todo el país, pero el fracaso es evidente: destruyeron el sistema eléctrico y no tienen respuestas”, apuntó en Twitter el líder opositor, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.

El país con las mayores reservas probadas de petróleo no registraba un apagón de esta magnitud desde el pasado marzo, aunque los fallos del servicio se registran a diario en varias regiones, sobre todo en los estados del oeste y en las zonas fronterizas.

Una vez más, la falta de luz ha traído consigo problemas como la caída de la telefonía móvil, la interrupción en el suministro de agua potable, la paralización de transacciones comerciales en algunos comercios y la desconexión del internet que, según estimaciones, llegó a 94 %.

En el caso de Caracas, al no haber electricidad se suspendieron nuevamente las operaciones del Metro, razón por la que decenas de miles de usuarios se vieron obligados a salir de las estaciones y caminar largas distancias en calles y avenidas abarrotadas.

Mientras tanto, otros miles de caraqueños intentan subirse a las pocas unidades de transporte público terrestre que están operativas y que también circulan con el doble de su capacidad a cuestas.

En marzo pasado, Venezuela acumuló 11 días a oscuras luego de dos mega apagones que paralizaron el país y por los que el Gobierno de Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición local y a la Administración estadounidense de Donald Trump.

Estos fallos dejaron pérdidas superiores a los 100 millones de dólares, según estimaciones de empresarios.

La oposición, por su parte, asegura que la corrupción en el ministerio de Energía Eléctrica y malos manejos de miles de millones de dólares destinados al sector son los responsables de la crisis actual.e

La presión sobre el gobierno paulista creció luego de que se viralizara un video de un agente de la Policía Militar (PM) que arrojó desde un puente hacia el agua a una persona detenida, la cual sobrevivió.

Ese fue el último de varios hechos de violencia policial que en las últimas semanas impactaron a Sao Paulo, motor económico del país.

Ante las críticas, el gobierno del estado argumenta que los índices de criminalidad se redujeron durante la gestión de De Freitas, exministro del gobierno Bolsonaro (2019-2023).

En marzo de este año, De Freitas había minimizado una denuncia ante las Naciones Unidas por el accionar policial: “Me da lo mismo”, declaró.

Sin embargo, tras los episodios recientes, el gobernador admitió este jueves que “es momento de tener humildad y decir: bueno, hay algo que no está funcionando”.

También afirmó que estaba “completamente equivocado” en oponerse a que los policías porten una cámara de video obligatoria para registrar todas sus acciones, con grabación automática e ininterrumpida.

De Freitas había promovido un cambio por un modelo de cámara que los agentes podrían apagar a discreción. Pero ahora prometió que se mantendrá el criterio actual.

A principios de noviembre, un agente de la PM fuera de servicio le disparó once veces por la espalda a un joven negro que había robado productos de limpieza en un mercado de la zona sur de la capital paulista.

Dos días más tarde, un niño de cuatro años murió baleado durante un operativo de la PM en la ciudad de Santos, en el que también perdió la vida un adolescente.

Dos semanas después, un estudiante de medicina de 22 años que estaba desarmado fue ejecutado por un agente de la PM, tras resistirse al arresto por vandalizar una patrulla.

Al menos 580 personas murieron por el accionar policial en Sao Paulo entre enero y septiembre de 2024, según cifras oficiales, lo que marca un aumento de 55% respecto del mismo período del año anterior.

La letalidad policial impacta aun más a la población negra: entre enero y agosto, las muertes de negros a manos de la policía aumentaron 83%, contra el 59% para ciudadanos blancos, según un estudio del Instituto Sou da Paz con base en cifras oficiales.

Fuente: AFP

“En este momento, creo que lo más importante es que veamos una desescalada de las tensiones, que garanticemos que los civiles estén protegidos en toda Siria y, quizás lo más importante, que realmente haya un proceso político que avance”, dijo Blinken luego de una reunión de la OTAN en Bruselas.

Siria es escenario del peor estallido de violencia de los últimos años después que rebeldes lanzaron una ofensiva en una tentativa de controlar áreas del territorio sirio bajo control del gobierno del presidente Bashar al Asad.

“Tenemos todavía intereses de seguridad en Siria, particularmente el interés en asegurarnos de que ISIS no resucite y no regrese”, apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Fuerzas aliadas derrotaron al grupo Estado Islámico en Irak en 2017 y en Siria en 2019, pero los combatientes yihadistas todavía operan en áreas remotas desérticas sirias, aunque ya no controlan territorio.

El ejército estadounidense tiene alrededor de 900 soldados en Siria y 2.500 en Irak como parte de la coalición internacional que se estableció en 2014 para ayudar a combatir a los yihadistas.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Los países deben presentar por escrito las candidaturas el 3 de febrero, según la resolución aprobada este miércoles durante un consejo permanente, el órgano ejecutivo de la organización.

Unos días después, el 10 de febrero, está prevista una sesión para que los candidatos presenten a los Estados miembros en “detalle sus propuestas e iniciativas” y al día siguiente a la sociedad civil.

Por el momento dos países, Surinam y Paraguay, postularán a sus ministros de Relaciones Exteriores Albert Ramdin y Rubén Ramírez, respectivamente.

No se descarta que otros Estados presenten candidaturas.

Almagro, un diplomático uruguayo que habrá cumplido dos mandatos, cuenta con el fuerte respaldo de Estados Unidos, pero se ignora a quién apoyará la futura administración del presidente electo republicano Donald Trump.

El magnate concede prioridad a la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.

En otra sesión extraordinaria, el 5 de mayo, los países miembros de la OEA elegirán al secretario general adjunto, cargo ocupado actualmente por Néstor Méndez.