Dos niñas murieron y cuatro están en estado grave, luego de que el autobús escolar en el que viajaban fuera embestido por un tren de carga este jueves en la ciudad brasileña de Jandaia do Sul.

En el autobús se movilizaban tres monitores y 25 niños y adolescentes del instituto de educación especial Apae. Según los reportes, el conductor del vehículo “ni oyó, ni vio” acercarse al tren, aunque el maquinista asegura que había tocado el claxon para avisar del cruce.

Las autoridades han abierto una investigación sobre homicidio culposo y lesiones culposas al volante.

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La Policía Federal (PF) lanzó este miércoles una operación contra una facción del Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más poderosa de Brasil, que planeaba asesinar a varias autoridades y funcionarios brasileños, entre ellos al exjuez y actual senador, Sergio Moro.

En un comunicado, la PF informó de que la facción pretendía desplegar su plan –que también incluía “extorsión mediante secuestro”– en cinco estados del país, entre ellos Sao Paulo y Brasilia.

Para la operación, bautizada como Sequaz, fueron desplegados 120 agentes para ejecutar siete mandatos de prisión preventiva, cuatro de prisión temporal y 24 órdenes de registro. Según la prensa local, durante la mañana de Brasil, nueve ya fueron detenidos.

El comunicado no identifica ni a la facción criminal ni a los objetivos, pero el propio Moro, el exjuez que encabezó la megaoperación anticorrupción Lava Jato, dijo en las redes sociales que se trata “de unos planes de represalia del PCC” contra él, su familia y otros agentes públicos.

Según el sitio de noticias G1, esos planes de represalias responderían a que, cuando era ministro de Justicia en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, Moro ordenó el traslado de Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, el líder del PCC, y otros miembros de la banda a prisiones de máxima seguridad.

Además, era partidario de aislar a esos presos endureciendo las condiciones carcelarias, como las visitas, como una forma de debilitar a la banda. Todo eso habría irritado al PCC, que también estaría planeando el secuestro de Moro para negociar la liberación de Marcola, según G1.

“Era un ataque nacional”, explicó el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien en las redes sociales felicitó a la PF por “investigar e identificar un plan de homicidios contra varios agentes públicos”.

La expectación es máxima en Costa Rica, en cuya capital se encuentra la sede de la Corte, como en El Salvador, Estado acusado de violar los derechos humanos de Beatriz (nombre ficticio).

Se trata de una mujer diagnosticada en 2013 con una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, a quien se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.

En enero de 2022 la Corte IDH comenzó a tratar el caso de Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito, en contra de El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años.

Habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto como homicidio agravado, elevando la condena a entre 30 y 50 años de prisión.

“Que la Corte haya aceptado oír este caso marca fuertemente (…) que la negación de cualquier servicio de salud, incluyendo aquellos que son controvertidos como el aborto, es una violación de derechos humanos”, señaló María Antonieta Alcalde, de la ONG mexicana Ipas, parte de la acusación.

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.

En la audiencia se escucharán testimonios de familiares de Beatriz, dos médicos que la atendieron y dos peritos que realizaron la investigación. Se esperan manifestaciones de mujeres afuera del tribunal en San José, así como en San Salvador.

Es el último paso antes de que el tribunal interamericano emita su sentencia, que podría demorarse seis meses.

– Historia –

Beatriz, originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 km al sureste de San Salvador, tenía 20 años cuando le confirmaron en febrero de 2013 su segundo embarazo, ya diagnosticada de lupus y tras un primer parto de riesgo.

Un mes después se diagnosticó malformación congénita en el feto incompatible con la vida, con “probabilidad de que ella muriera” si se extendía el embarazo.

Gisela de León, directora jurídica del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó a la AFP que a Beatriz “se le violaron sus derechos a la vida a la integridad personal”.

Fue obligada a continuar 81 días con el embarazo a sabiendas de la inviabilidad del feto, hasta que se le practicó una cesárea. El bebé murió cinco horas después.

“Estamos alegando que el sufrimiento al que se le sometió sabiendo que su derecho a la vida estaba en riesgo es una forma tortura”, afirmó De León.

También consideran que fueron violados sus derechos a la vida privada y familiar al permanecer internada casi en la totalidad de los 81 días.

El Estado no le permitió desde un principio realizar el aborto. Apeló a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y esta determinó que “no ha lugar” a la interrupción del embarazo.

De León explicó que esta acción judicial en su contra “violó su derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”.

– Por Beatriz –

La muerte de Beatriz a consecuencia de un accidente no ha hecho que su familia desista en buscar justicia por su caso.

Su hermano Humberto dijo a la AFP que el objetivo de este proceso es que ninguna “otra mujer pasara por lo que ella pasó”. Una determinación que, asegura, Beatriz tomó cuando aún estaba viva.

“Quería la justicia que en El Salvador no pudo tener y se le fue negada”, insistió Humberto, de 30 años.

La situación en la que vivía su familia “en una zona rural de El Salvador, marginada, muy pobre y excluida” es para Humberto un estigma que afecta a las mujeres en sus derechos.

“Los lugares que en El Salvador son muy pobres dan lugar a que este tipo de situaciones sucedan hacia las mujeres porque no tienen acceso a un sistema que les garantice la salud reproductiva”, destacó.

El proyecto de ley ingresó en 2017 al Congreso, y fue aprobado en la Cámara Alta por 45 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Para que se convierta en ley solo resta la ratificación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, que debe aprobar las modificaciones incorporadas en el Senado.

El gobierno confía en que la iniciativa pueda convertirse en ley antes de próximo 1 de mayo, conmemoración internacional del Día del Trabajo.

La iniciativa fue presentada al Congreso por diputados del Partido Comunista, entre ellos Camila Vallejo, actual ministra vocera de gobierno.

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite, no contemplaba inicialmente la gradualidad en su implementación, pero tras su paso por el Senado se estableció que este cambio se hará en un plazo de cinco años.

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De esta forma, en el plazo de un año la jornada laboral semanal será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación de la ley y a 40 horas luego de cinco años.

La normativa establece que la nueva extensión de la jornada laboral no podrá significar la reducción de las remuneraciones de los asalariados y el gobierno la justifica para que los trabajadores tengan más tiempo para realizar actividades diferentes al trabajo.

En enero de 2005 Chile aplicó una primera reducción de su jornada laboral semanal, de 48 a 45 horas.

De aprobarse esta segunda reducción, Chile se sumará a Ecuador como los dos únicos países de América Latina en establecer por ley las 40 horas semanales. En Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son 48 horas.

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Brasil, El Salvador, Guatemala y Venezuela tienen una jornada laboral de entre 42 y 45 horas semanales, según datos actualizados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

América Latina es una de las regiones del mundo donde más horas se trabaja al año y tiene una de las tasas de informalidad laboral más altas, según la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).