VIDEO | Escándalo Real: Las reinas Sofía y Letizia protagonizan un tenso cruce

Tras la salida de una misa, doña Sofía y la reina Letizia dejaron en evidencia su mala relación ante el mundo cuando en la puerta de la Catedral en Palmas ambas forcejearon para impedir que la esposa del exRey Juan Carlos I se sacara una fotos con sus nietas, Leonor y Sofía.

En un video se puede apreciar los momentos previos y el desenlace a una escena bochornosa para la corona española. Tras la misa de Pascuas, la familia real salía de la Catedral en Palmas siendo los primeros en retirarse.

Entre los flashes de los fotógrafos y personas que se acercaban para saludar, cada uno de los integrantes trataba de mostrar la mejor postura ante la avalancha de personas.

De repente, un reportero gráfico en puerta apunta a la reina Sofía para una fotografía, la misma reune con ambos brazos a sus dos nietas para ser retratadas, sin embargo la madre de las infantas, la Reina Letizia, se cruza por delante prohibiendo la toma.

Para agregar más fuego, la esposa de Felipe VI trata de retirar a sus hijas de los brazos de Sofía. En ese momento, Letizia toca el pelo a Leonor, Princesa de Asturias y heredera de la Corona española, y aparta de su hombro la mano de su abuela, ante la atenta mirada de su esposo y su suegro Juan Carlos I.

Pero no todo termina allí, Letizia se dirige a la entrada de la Catedral escoltando a sus dos hijas, en donde nuevamente dio lugar a un nuevo cruce entre suegra y nuera.

Intentando conseguir una foto con sus dos nietas, Sofía vuelve a acercarse a las niñas provocando nuevamente la insistencia de Letizia de que no haya registro fotográfico entre las tres.

Sofía besa la frente de Leonor y Letizia se encarga de borrar ese mismo beso.

La deteriorada relación entre ambas mujeres de la Casa Real data de hace años sumando un nuevo capitulo el reciente hecho en el domingo de Pascuas.

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¿Qué votaron los ecuatorianos? Los 11 puntos del referendo en Ecuador

Con nueve de sus 11 preguntas planteadas en el referendo del domingo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, obtuvo el paso la extradición de connacionales y endurecer condenas contra el crimen organizado, según un conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Sí tuvo el respaldo de 60% a 73% de los sufragios válidos. El No se impuso en las preguntas sobre el restablecimiento del trabajo por horas (69%) y el reconocimiento del arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales (65%), informó a la prensa la titular del CNE, Diana Atamaint.

Sondeos previos y una encuesta a boca de urna habían anticipado el triunfo mayoritario del Sí.

Noboa expresó que ahora Ecuador tiene “más herramientas para luchar contra la delincuencia”.

De las cinco propuestas en referendo y seis en consulta popular, buena parte apuntó a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en un estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.

Referendo:

- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado (Sí 73%).

Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.

- Permitir la extradición (Sí 65%).

La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.

- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional (Sí 60%).

Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.

- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales (No 65%).

En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.

- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas (No 69%).

La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.

Consulta popular:

- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles (Sí 71%).

Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.

- Incremento de penas para 10 delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato (Sí 68%).

Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.

- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo (Sí 68%).

- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas (Sí 65%).

- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías (Sí 65%).

- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado incautados (Sí 62%).

Las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.

En el caso de la consulta popular, las propuestas aprobadas serán tramitadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría, pero está dispersa.

Cientos de miles protestaron en Colombia en la mayor manifestación contra Petro

Al menos 500.000 personas protestaron este domingo en las principales ciudades de Colombia, en la mayor manifestación que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder hace veinte meses y en momentos en que su popularidad está en rojo.

El variopinto grupo de convocantes incluyó organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro, y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores: rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia.

Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza”, dijo a la AFP Martha Estrada, pensionada de 64 años con un sombrero tricolor en Bogotá.

En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregan en la central Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial, constató la AFP.

Petro llegó al poder hace casi dos años como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras.

Con 60% de desaprobación, según la encuestadora Invamer, el mandatario ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo.

En Cali (suroeste), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte) los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: “¡Fuera Petro!”.

En las principales capitales hubo en total cerca de medio millón de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350.000 personas, de acuerdo con la Personería.

Petro sin embargo calculó la cifra de manifestantes en 250.000, y aseguró en X que varias concentraciones fueron “débiles” y que su “principal objetivo” fue “derrocar el gobierno del cambio” con un “un golpe blando”.

“MARCHA DE LAS BATAS BLANDAS”

No es la primera manifestación contra el gobierno pero sí la más multitudinaria.

Uno de sus proyectos de reformas, el de la salud, dividió al país cuando el mandatario empezó a implementar por vía administrativa varios de sus ejes centrales ante las dificultades de lograr apoyos en el Congreso.

El presidente aspira a reducir la participación de privados en la prestación de servicios sanitarios, y en los últimos días intervino varias de las entidades que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.

Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo.

Con el nombre de “marcha de las batas blancas”, los médicos manifestaron su “desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del gobierno”.

Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazaron que el gobierno “esté interviniendo algunas de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en Colombia para administrar directamente el sistema”.

“Estoy aquí como ciudadano, médico y colombiano. (…) Como médico se ve el deterioro porque no hay medicamentos para dar a los pacientes, porque los pacientes demoran en la atención”, relató el doctor Julio Rivero, de 35 años, en Bogotá.

PAZ MALTRECHA

Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad, y a la violencia de rebeldes y narcos en el campo.

“Este señor protege más a los malandros (criminales) de la guerrilla que a la gente buena de este país. (...) Es el momento de unirnos para que sienta que no somos los ricos, somos todos, la clase media trabajadora, que necesitamos un cambio”, dijo Betty Ospina, manifestante de 67 años.

La ambiciosa política de “Paz Total” con la que el gobierno aspira desactivar seis décadas de conflicto armado sufre reveses.

Sus detractores rechazan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz, pese a las frecuentes violaciones a lo pactado y las pocas muestras de voluntad de deponer las armas.

Las negociaciones con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido varias crisis por asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública.

Un 70% de los colombianos cree que el país está “empeorando”, según Invamer.

Las protestas llegan además en medio de una crisis hídrica debido a una grave sequía que tiene a más de 10 millones de personas en racionamiento de agua en Bogotá. El fin de semana volvieron las lluvias, pero no han sido suficientes, según autoridades.

El presidente ordenó suspender la exportación de energía a Ecuador y el viernes decretó un “día cívico” con la solicitud de ahorrar agua y energía y “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo” en Bogotá.

La medida fue vista por algunos críticos de Petro como un golpe a la convocatoria de protestas de este domingo.

Referendo anticrimen en Ecuador avanza empañado por asesinato de un jefe carcelario

El jefe de una cárcel de Ecuador fue asesinado el domingo en medio de un referendo para establecer la extradición y endurecer penas contra el crimen organizado, que se desarrolla bajo un clima de terror por la muerte a tiros de dos alcaldes esta semana, la imparable violencia y una crisis eléctrica.

Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera Portoviejo (suroeste), fue “víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida”, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI) en un comunicado.

En Ecuador, las penitenciarías son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre reclusos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

Parrales, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa (cerca a Portoviejo), según medios locales.

El crimen empaña la consulta popular, a la que 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.

En el sur minero dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes. Hace un mes también mataron a la jefa municipal de un balneario en el Pacífico.

Una docena de políticos han muerto a tiros desde 2023, cuando los homicidios treparon al récord de 43 por cada 100.000 habitantes frente a 6 en 2018.

Noboa sufragó en el poblado costero de Olón (suroeste) bajo un fuerte resguardo militar y recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del Consejo Electoral previsto para esta noche.

OXÍGENO PARA NOBOA

El referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, dijo temprano en la inauguración de la jornada, que concluirá hacia las 17H00 locales (22H00 GMT) tras diez horas de votación.

La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe. Un 59% del electorado estaba de acuerdo, según la investigadora Comunicaliza, en un país con voto obligatorio.

La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.

La profesora Alexandra Rocha, de 25 años, votó a favor de la extradición. “Siento que las leyes aquí no son suficientemente fuertes como para que las personas que cometen un delito paguen por lo que están haciendo”, justificó.

De 36 años y elegido en atípicos comicios para 18 meses (hasta mayo de 2025), Noboa incluyó preguntas sobre la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen y el aumento de las penas para delitos como narcotráfico.

Sondeos estimaban que el Sí triunfará hasta con 65% de la votación, en un contexto de masacres en las calles, violencia política, creciente poderío de los narcotraficantes y una crisis eléctrica.

“Que gane el Sí, al presidente Noboa le representa más oxígeno de popularidad, de aceptación”, manifestó a la AFP el coordinador de Ciencia Política de la privada Universidad San Francisco, Pablo Medina.

Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos.

Entonces decretó el estado de conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas “terroristas” y “beligerantes”.

“DESASTRE TOTAL”

El viernes, el gobierno reveló una lista de “objetivos militares” encabezada por capos mexicanos y colombianos.

En Colombia, el barón de la cocaína Pablo Escobar libró una lucha sin cuartel contra el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos, marcada por una ola de coches bomba, secuestros y asesinatos.

Noboa militarizó desde enero las cárceles, centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

La mano dura ha reducido el índice de homicidios de acuerdo con el gobierno; pero la violencia se recrudeció en el último mes.

“Todo voté no, no estoy conforme con este tipo de gobierno, nos ha llevado a un desastre total” y la extradición “no sirve para nada”, manifestó a la AFP Dulce Negrete, de 61 años y empleada privada.

En el último tramo de la consulta apareció una crisis energética. El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de centrales hidroeléctricas.

Ante la emergencia, el Ejecutivo dio asueto obligatorio el jueves y viernes, y aseguró que habrá luz este domingo.

Seis de las preguntas van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo). La mayoría persigue dar un inédito protagonismo a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco.