La abogada Alicia Olazar, del departamento jurídico del ente, expresó que aumenta el número de posibles embaucados con la ilusión de un cargo en la previsional.

“Se estima que son 800 las personas que recurrieron a este grupo que se dedicaba al ilícito, el número coincide con los registros de asistencia (de personal) que se encontraron en una vivienda allanada”, dijo la profesional en comunicación con la 1080 AM.

Puntualizó que, todos los indicios apuntan a que la a bogada Fátima Agüero era la que lideraba la banda de estafadores, y que, la trama de este caso específico de estafa se montó para operar rápidamente para sacar dinero a los incautos.

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“Los montos que pedían a cambio de supuestos cargos a la que accedería, van desde 5, 6, 7 millones, llegando en algunos casos incluso a 20 millones de guaraníes. Tomando en cuenta esto, se tiene que habrían obtenido 6.000 millones de guaraníes en 4 meses”, acotó.

Los embaucadores, agregó, jugaban de acuerdo a plazos específicos, de manera que, cuando los engañados se dieran cuenta del fraude, ya hayan sido despojados de su dinero.

Olazar sostuvo que los responsables del engaño operaban con el esquema similar al conocido como Ponzi, esto es, cada uno de los estafados que traían a otras víctimas, recibían la promesa de que tendrían “descuentos” en el costo.

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El comisario Édgar Ramírez, de la Comisaría de Ñemby, informó que el hecho ocurrió esta mañana en esa ciudad y que recibieron una denuncia, tras lo cual, acudieron de inmediato al sitio.

“Los delincuentes estaban a bordo de una moto, al salir del lugar que estaban asaltando fueron sorprendidos por una patrulla que teníamos por la zona,ven el móvil y empiezan a disparar y el personal responde de la misma forma y uno cae abatido y el otro presumiblemente está herido”, comentó el comisario, en un contacto con Telefuturo.

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El cómplice logró escapar, pero se presume que resultó herido y en este momento continúan en busca de él.

En poder del abatido encontraron un arma de fuego y una mochila que contenía la evidencia de lo hurtado: una cajita repleta de anillos y otras joyas.

El procedimiento sigue en curso y se aguarda la llegada del médico forense y al Fiscalía para las diligencias de rigor.

Ricardo Benítez Mena, de 28 años, permaneció con paradero desconocido desde el último viernes, luego de que sus familiares y allegados hayan perdido todo contacto con él.

Según la denuncia, este joven había acudido en compañía de su hermano y unos amigos a una casa de citas ubicada en el barrio Loma Clavel de Villa Ygatimí, a fin de compartir un encuentro.

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Cuando el grupo decidió retirarse del establecimiento ya en la madrugada del sábado, Benítez salió caminando solo con dirección al microcentro de la ciudad, por lo que sus acompañantes le perdieron el rastro.

Minutos después de despedirse, su teléfono celular dejó de emitir señal, aparentemente luego de haberse apagado, acrecentando aún más las sospechas sobre esta llamativa desaparición.

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La Policía Nacional, con ayuda de pobladores y parientes, inició una afanosa búsqueda que en la tarde de ayer tuvo el peor desenlace tras encontrar su cuerpo sin vida en aguas del río Jejuimi, ubicado en el mismo barrio.

La inspección del médico forense Dr. Virgilio González concluyó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento), sin hallarse rastros de violencia en el cadáver del joven.

La diligencia debía realizarse ante el juez Humberto Otazú, aunque finalmente no pudo concretarse debido a recursos planteados por los procesados, lo que obligó a recalendarizar la audiencia.

El principal obstáculo radica en que la Cámara de Apelaciones no pudo estudiar los recursos presentados, luego de que el abogado Enrique Kronaweter, defensor de uno de los imputados, promoviera la recusación de los camaristas.

Ante esta situación, el expediente fue remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá resolver la recusación para destrabar el proceso. Hasta el momento, no existe una fecha definida para dicha resolución.

Mientras tanto, el reloj judicial sigue avanzando. El próximo 30 de abril vence el plazo para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podría derivar en una acusación formal y la elevación de la causa a juicio oral y público.

La investigación se inició tras una denuncia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, vinculada a supuestas operaciones con fondos desviados durante la gestión de Nicolás Leoz.

Según los datos del Ministerio Público, en 2016 se habrían firmado contratos de fideicomiso por más de G. 23.000 millones y USD 2,16 millones, que presuntamente fueron utilizados para canalizar recursos de origen ilícito con fines personales y familiares.