Ordenan embargar inmuebles de la Muni de CDE por no pagar salarios

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se niega a abonar los salarios e indemnizaciones de funcionarios desvinculados. Como consecuencia, se dispuso el embargo de algunos inmuebles como parte del primero de 11 expedientes

Un mandamiento de embargo ejecutivo fue emitido para la Municipalidad de Ciudad del Este, a la que se le intima a pagar 1.271 millones de guaraníes reclamados por Óscar Ramón Ayala Duarte, Jorge Jiménez, Bruno López, Pedro Frutos Villalba y Alfonzo Acosta.

Al no verificarse el pago se procederá a trabar embargo sobre los bienes de dominio privado suficientes hasta cumplir la suma mencionada en guaraníes.

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“Esto viene de un embargo de pago de funcionarios, ya en la administración anterior donde salió ya el pago, pero el intendente no cumplió, ni siquiera hizo que los funcionarios puedan volver a sus lugares de trabajo”, explicó el concejal esteño Ernesto Guerín, en un contacto con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Esta primera orden de embargo corresponde a tan solo uno de los 11 expedientes, en los cuales se incluye a unos 300 funcionarios, quienes reclaman el pago de sus haberes.

Explicó que, Prieto tenía la orden de reponer a los funcionarios y pagar por los salarios caídos, sin embargo, desacató la disposición y la deuda que inicialmente era de 150 millones por este caso, ahora superó los 1.200 millones.

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Aquí no se incluyen los demás reclamos que totalizarían unos 20.000 millones de guaraníes y sus consecuentes embargos, de no ser cumplidos los pagos.

El predio del Shopping París, una escuela y el polideportivo municipal son algunos de los bienes que serían alcanzados en la primera tanda de embargos.

Policía y Dinavisa intervienen tras robo de fármacos en el Hospital San Jorge

La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) tomaron intervención tras la denuncia de robo de fármacos en el Hospital San Jorge. El lote incluye fentanilo y otros medicamentos de uso controlado.

Agentes de la Comisaría 22ª de Asunción, junto con personal de los departamentos de Investigaciones y Criminalística, en la tarde de ayer se constituyeron en el Hospital San Jorge, ubicado sobre Avenida Ñu Guazú.

La comitiva policial llegó hasta el citado centro asistencial, que funciona dentro del predio del Comando del Ejército, para recabar datos en relación al supuesto hurto de medicamentos en el sitio.

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De igual manera, tomaron intervención funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), quienes recibieron la denuncia sobre la llamativa desaparición de un lote de fármacos de uso controlado.

La lista abarca 18 tipos de medicamentos, en su mayoría de alto costo, incluyendo ampollas de fentanilo, tabletas de Clonazepam, además de antibióticos. El valor total ronda los G. 804 millones.

Fuimos a constituirnos para revisar las condiciones de la farmacia y ver si tenían todas las áreas requeridas para el almacenamiento de productos controlados, y también para que nos puedan proveer las marcas y lotes de los medicamentos”, indicó al canal C9N Jorge Iliou, titular de Dinavisa.

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La tarea del ente consistirá en intentar hacer una trazabilidad y detectar los posibles puntos de comercialización informal donde podrían estar ofreciéndose los fármacos. “Es donde generalmente más se encuentran estos productos”, añadió.

La detección de este faltante se dio como resultado de un inventario semestral efectuado en el Hospital San Jorge.

Condenan a funcionarias municipales por expedición irregular de registros de conducir

El Ministerio Público logró la condena de dos funcionarias municipales de San Lorenzo por la expedición irregular de registros de conducir.

La agente fiscal Natalia Cacavelos obtuvo la condena de Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, a dos años de pena privativa de libertad. Asimismo, Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión, ambas por la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado

. Las sentencias fueron dictadas con suspensión de la ejecución de la condena.

Las ahora condenadas fueron halladas culpables de participar en un esquema de expedición irregular de registros de conducir, mediante la entrega anómala de certificados de vida y residencia, exigidos como requisito para la tramitación del documento.

Según lo determinado en juicio oral, cobraban entre Gs. 25.000 y Gs. 30.000 por cada certificado, conforme a lo denunciado por el intendente de San Lorenzo.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

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Ladrón de motos muere baleado tras forcejear con un policía

Un delincuente perdió la vida tras un forcejeo con un agente de la Policía Nacional en el distrito de Mbocayaty. El mismo acababa de hurtar una motocicleta junto a su cómplice, quien logró ser detenido.

En la jornada de ayer fue reportado un robo de motocicleta en la ciudad de Mbocayaty, departamento de Guairá, siendo acusados por este hecho delictivo dos criminales.

Se trata de Arnaldo Antonio Ramírez González, de 24 años, y Aldo Enrique Céspedes Almada, de 23 años, ambos con frondosos antecedentes penales.

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Luego de recepcionar la denuncia, la Policía Nacional realizó un patrullaje por la zona y logró divisar a ambos ladrones, iniciándose posteriormente una breve persecución.

Los agentes primeramente capturaron a Ramírez, mientras que su cómplice logró darse a la fuga, internándose en una zona boscosa en inmediaciones de la Escuela Agrícola local.

Luego de una intensa búsqueda, uno de los uniformados localizó a Céspedes, quien intentó herirlo atacándolo con un puñal para luego tratar de despojarlo de su arma reglamentaria.

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Durante un forcejeo entre ambos, se produjo un disparo que impactó en el brazo y hombro izquierdo del joven delincuente. El mismo fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Villarrica, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Por su parte, Arnaldo Ramírez permanece detenido en la Comisaría N° 9 Mbocayaty, a disposición de la Fiscalía.