El programa Hambre Cero contempla dentro de la ley, dos articulados que garantizan y blindan el Arancel Cero en las Universidades, además de modificar la fuente de financiamiento a una más segura que la actual.

Para tratar de dimensionar el alcance del monto requerido para cubrir este rubro, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que, se necesitan 20 millones de dólares, dentro de un presupuesto total de 15.000 millones de dólares. Esto equivale a menos del 0,1 % del total del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

“Uno se da cuenta que es un número absolutamente manejable por ese presupuesto que tenemos cada año. Existe mucho ruido y, sobre todo, que se distorsionan informaciones”, dijo el titular del Tesoro.

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La gratuidad universitaria pasará ser cubierta por Fuente 10 (alimentada con la recaudación de impuestos), que proveerá los 4.000 millones de guaraníes mensuales requeridos para el efecto.

“Estamos con suficientes recursos en Tesorería como para hacer frente sin problema, a esta necesidad”, confirmó el ministro de Economía.

Hasta antes de la promulgación de la ley Hambre Cero, el Arancel Universitario dependía de la Ley del Fonacide, la cual quedó derogada con el nuevo programa de Universalización de la Alimentación Escolar.

El Fonacide, a su vez, dependía de los recursos obtenidos por Paraguay en Itaipú, en concepto de cesión de energía. En este momento, ni siquiera fue definida la tarifa 2024, con lo cual, toda la parte administrativa está paralizada.

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Las organizaciones señalaron que el peaje aplicado por Argentina, la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal en territorio argentino y las iniciativas privadas relacionadas con el dragado y mantenimiento del río Paraguay deben analizarse de manera conjunta, ya que todas impactan sobre una misma cadena logística. Según sostienen, el objetivo debe ser preservar la competitividad del comercio exterior mediante decisiones sustentadas en criterios técnicos y económicos.

En ese contexto, los gremios manifestaron su inquietud por la intención de mantener durante al menos 25 años una tarifa de USD 1,30 por tonelada de registro neto en la nueva concesión del tramo argentino del río Paraná. Afirmaron que ese monto nunca fue considerado razonable por el sector y cuestionaron que aún no exista claridad sobre la relación entre la tarifa propuesta, las inversiones previstas y las mejoras que recibirán los usuarios.

Asimismo, advirtieron que la metodología utilizada para calcular esa tarifa podría generar un impacto desproporcionado sobre los convoyes de barcazas, afectando directamente la competitividad de productos paraguayos como la soja, la harina y el aceite, además de encarecer las importaciones de combustibles e insumos.

Respecto al río Paraguay, los gremios reconocieron los avances alcanzados por el Estado para mejorar la navegabilidad, aunque sostuvieron que las futuras obras deben basarse en evaluaciones técnicas y económicas transparentes, evitando inversiones sobredimensionadas o nuevas tarifas que no respondan a las necesidades reales de la vía fluvial.

El comunicado también cuestiona que un proyecto privado de concesión para el dragado y mantenimiento del río Paraguay haya obtenido una resolución favorable de prefactibilidad sin un proceso previo de información y consulta suficiente con los principales usuarios. En ese sentido, los gremios consideran indispensable conocer el alcance de las obras, el nivel de inversión, la metodología tarifaria y el impacto económico antes de avanzar con la iniciativa.

Finalmente, solicitaron que todas las decisiones relacionadas con las vías navegables comerciales sean adoptadas mediante procesos transparentes, con participación efectiva de los usuarios y mecanismos claros de rendición de cuentas. Además, reafirmaron su disposición a trabajar junto con las autoridades paraguayas y de los países involucrados para fortalecer la navegación sin comprometer la competitividad del comercio exterior.

La fiscal Teresa Sosa este martes encabezó la comitiva que se constituyó en las nuevas Oficinas de Gobierno, específicamente en la Dirección de Informática del MEC.

El objetivo de esta diligencia fue recabar mayores evidencias para elaborar un informe técnico, en el marco de la investigación abierta por la expedición y registro de cientos de títulos universitarios apócrifos.

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En entrevista con Universo 970 AM, la representante del Ministerio Público explicó que la finalidad es poder determinar cuáles fueron los usuarios que tomaron participación en el proceso de inscripción de títulos y certificados de estudio fraudulentos.

“Acá lo que se investiga es si es que estas personas estaban haciendo uso de un documento no auténtico. Ya sabemos que los certificados y documentos son falsos”, añadió Sosa.

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De momento, no supo precisar con certeza el número exacto de títulos que estarían en situación irregular y carecerían de autenticidad, aunque la cifra superaría los 500 diplomas falsos, de acuerdo a las estimaciones.

Los registros datan, incluso, del año 2000, por lo que este esquema tendría varias décadas operando en el MEC. La sospecha recae sobre funcionarios corruptos, ya que son los únicos con acceso autorizado para realizar estos registros en el sistema.

El documento, firmado por la ing. Gianina Rojas el pasado 25 de junio y remitido a la Municipalidad de Asunción, originalmente requería la tala de 34 ejemplares. Entre los argumentos expuestos por la contratista no solo se citan condiciones fitosanitarias de riesgo o muerte celular en ciertas especies, sino también el hecho de que varios árboles “interrumpen” la ejecución física del nuevo diseño de camineros peatonales y obras civiles.

Ante este pedido, el director de Gestión Ambiental de la Comuna, Máximo Barreto, confirmó que el municipio decidió limitar el número a 22 ejemplares, 17 ubicados en el interior de la plaza y 5 en sus alrededores.

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Respecto a los árboles con fallas físicas, la evaluación técnica detalla que existen ejemplares con ahuecamiento de fuste, pudrición interna y raíces colapsadas. Dada la alta concurrencia peatonal de la zona céntrica, la empresa sostuvo que representan una amenaza latente de caída sobre transeúntes, vehículos e infraestructura de servicios públicos (ANDE, Copaco y Essap).

EL PLANO DE ARQUITECTOS Y ESPECIES SANAS

El punto central del informe técnico radica en que varios de los ejemplares señalados para la tala se encuentran en estado “óptimo” o “excelente”, pero interfieren con las cotas y el ancho reglamentario de los senderos proyectados en la Fase I del proyecto del Centro Histórico de Asunción (CHA).

Entre los casos expuestos figuran:

• Lapachos y especies nativas en buen estado: Al menos cuatro lapachos negros de hasta 17 metros de altura catalogados en condición óptima, además de un Yvyra Pytã de 17,2 metros y un lapacho rosado de 9,67 metros, fueron marcados para su retiro debido a que sus troncos coinciden exactamente con la traza de los nuevos camineros unificados.
• Afectación a las obras civiles: Especies como un lapachillo de 5,89 metros sobre la vereda y un yvyraju de 14,10 metros sobre la calle México fueron incluidos porque la ejecución de las excavaciones dañaría irreversiblemente su sistema radicular.
• Interferencia operativa: Un lapacho negro de 11 metros sobre la calle Eligio Ayala fue calificado con riesgo de vuelco, al tiempo que dificulta el montaje de andamios y la construcción de las zapatas para el muro perimetral.

El informe contempla la remoción de cuatro ejemplares de Ficus por provocar levantamientos severos de veredas y cordones en la zona perimetral —donde se contempla el soterramiento de redes de servicios—, y dos Leucaenas por ser consideradas especies exóticas invasoras de rápida propagación.

PLAN DE COMPENSACIÓN

Como medida de mitigación, y en cumplimiento de la Ley N° 4.928/13 de Protección al Arbolado Urbano, el Consorcio Palma ofreció aplicar un esquema de compensación de 10 a 1. Esto implicaría la siembra y seguimiento de 340 plantines de especies nativas (como lapachos, jacarandás e Yvyra Pytã), a ser distribuidos entre sectores de la propia Plaza Uruguaya y las áreas de la Costanera Norte y Sur, bajo la supervisión de la Dirección de Gestión Ambiental capitalina.

Fuente: UH