Andrés Arriola, uno de los fiscales que investiga el accidente aéreo con derivación fatal ocurrido ayer por la mañana en Loma Plata, departamento de Boquerón, habló de las últimas diligencias al respecto.

Se dispone del circuito del aeródromo, de la Dinac y del hotel donde estuvieron hospedados los tripulantes y el exarquero, antes del último vuelo de la aeronave. Las imágenes serán analizadas por peritos, en busca de más detalles que puedan aportar a la investigación.

De momento, Vargas está libre, pero sujeto a la investigación y pendiente de demostrar que la avioneta es de su propiedad. “Intimamos en el plazo de cinco días a que traiga la documentación”, confirmó Arriola.

Otro detalle que será investigado es el testimonio de una vecina, quien estaba cerca del sitio donde cayó la avioneta y dijo haber visto a dos personas que se llevaron un bolso.

De confirmarse, debió haber sido lo poco que se salvó del fuego, pues entre los restos de la avioneta encontraron un bolsón repleto de dólares quemados. Si bien no se hallaron indicios del transporte de drogas, no es un dato menor que el piloto al mando era el presunto narco “El señor de los cielos”, fallecido en el percance.

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Su nombre es Alberto Franco Báez de 37 años, domiciliado en Salto del Guairá, y además del alias, “El señor de los cielos”, también lo llamaban “vaka resa”. La segunda víctima fatal es Carlos Alberto Morínigo Mendoza de 43 años, residente en Capiatá, pero oriundo de Horqueta.

La avioneta siniestrada es de la marca Beechcraft, tipo Sierra B24R, año 1974, serie N° MC.248, matrícula ZP-THW. La máquina estaba al día en su mantenimiento, en regla con sus documentaciones y contaba con seguro.

El valor aproximado sería de 86.000 dólares y, además de hacer el cruce de información entre los ingresos legales de Vargas para determinar si su capacidad financiera condice con sus gastos, también investigarán la eventual existencia de otros hechos punibles.

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Este lunes 12 de mayo será la primera feria de la semana en la Universidad Metropolitana de Asunción, sobre la calle República Dominicana casi Avda. España, según informó el especialista en empleo, Enrique López Arce.

Será de 9:30 a 11:30 y ofrecerán 100 vacancias para el primer empleo y el empleo joven.

Mañana martes, desde las 9.30 hasta las 11.30 se realizará otra feria en el local gastronómico Ña Gregoria, sobre la calle Yegros esquinta Tte. Fariña.

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La convocatoria va dirigida a madres que quieran trabajar en cocina o como cajeras.

También mañana martes, pero de 13:30 a 15:30, en el patio de comidas del supermercado El Pueblo de Mariano Roque Alonso. La feria va dirigida a padres.

Por último, el viernes 16 de mayo, desde las 14:00 en la ciudad de San Lorenzo, la fábrica Pretec ofrecerá vacancias para operarios.

Todo comenzó el 19 de abril pasado, cuando el oficial José Gabriel Jiménez de la Comisaría 24 de Asunción, comunicó al Ministerio Público la aprehensión de un adolescente implicado en un supuesto robo de motocicleta, sin embargo, fue rápidamente liberado por disposición de la fiscal Fátima Girala.

Jiménez grabó la conversación telefónica con la fiscal Girala donde la agente ordenaba la liberación del adolescente argumentando que el procedimiento no se realizó en flagrancia y tampoco existía una orden judicial.

Para el oficial Jiménez hay una clara inacción fiscal y lamentó que la liberación se dio a través de una llamada telefónica, en tanto que para la Fiscalía este procedimiento y otros que realiza el uniformado carecen de sustento legal. Inclusive, dicen que se toma atribuciones que no le corresponden al verificar vehículos como si fuera perito.

En ese sentido, la agente fiscal indicó que su unidad recibió el ingreso de otras causas relacionadas a cuatro motocicletas incautadas por el mismo agente en procedimientos realizados durante esa madrugada, sin que exista denuncia previa en la base de datos sobre presuntos robos o hurtos que guarden relación con dichas motocicletas.

De las cuatro motocicletas, solo una presentaba vestigios de posible adulteración, por lo que la agente fiscal solicitó las pericias técnicas correspondientes, cuyos resultados arrojaron un dictamen negativo en 3 de los 4 casos,.

Ante esto, la fiscal Girala pidió que se tomen las medidas para garantizar que los procedimientos policiales sean realizados en coordinación con el Ministerio Público. Además, solicitó que un superior supervise que las grabaciones realizadas por el agente sean utilizadas solo con fines laborales y no para las redes sociales.

Tras detectar el ataque, el MITIC activó el protocolo de respuesta de incidentes del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERT). En entrevista con la radio Universo 970 AM, Martínez explicó que se coordina directamente con los responsables de tecnología de cada institución afectada para garantizar una respuesta rápida y efectiva. El objetivo principal es detener la propagación del ataque y asegurar la integridad de los datos.

Las instituciones vulneradas incluyen el Ministerio de Salud, Justicia, Trabajo, la Secretaría Nacional de Deportes, la Cámara de Diputados, el Gabinete Civil, la Presidencia y la Dirección de Meteorología. El equipo técnico del MITIC trabaja en conjunto con las áreas de tecnología de estas entidades para identificar los puntos de acceso comprometidos y fortalecer la seguridad.

Además de contener el ataque, el MITIC está realizando un análisis profundo para determinar el alcance de la vulneración de datos. Se prioriza la protección de información sensible, especialmente aquella relacionada con datos personales y familiares de ciudadanos paraguayos.

Según Martínez, aunque algunos grupos cibercriminales suelen actuar con fines comerciales o para exponer vulnerabilidades, en este caso aún no se identificó el propósito específico. No obstante, las acciones preventivas buscan evitar cualquier posible uso indebido de los datos.

El director de Ciberseguridad destacó que el MITIC está reforzando la infraestructura digital para prevenir futuros ataques. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad adicionales, capacitaciones a los equipos técnicos de cada entidad y la revisión de protocolos para asegurar respuestas más ágiles ante posibles incidentes similares.