El Director Jurídico del Instituto de Previsión Social, José González, anunció una batería de acciones judiciales contra personas físicas (con nombres y apellidos) y jurídicas, implicadas en irregularidades y evasión de aportes, que jaquean la sostenibilidad de la previsional.

En entrevista durante el programa A Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN, el funcionario pintó parte del cuadro caótico que dejó como herencia la administración anterior.

“Desde que asumimos en setiembre pasado, encontramos tres casos de informes de irregularidades comprobadas por la Contraloría, sobre los que nunca se movieron los expedientes”, señalo el titular jurídico del Instituto.

Uno de los episodios en cuestión, hace mención a un millonario crédito que se contrajo para el pago a proveedores, que luego se redobló con otro, aludiendo que no alcanzaba para honrar la deuda, con el ingrediente que el préstamo no tenía fuente de financiamiento. Ese crédito asciende a 250 millones de dólares, y es lo que dejo como “mono” la era Abdo al frente del IPS.

“Es una cifra muy importante, ya pusimos la denuncia a instancia de la Fiscalía. La Contraloría realizó la auditoría , un control, luego de terminar ese trabajo, saltan otras irregularidades, deudas sin fuentes de financiación, en uno de ellos incluso hay un embargo de 59.000 millones en el sistema financiero, cuando existen dos leyes que prohíben el embargo. No había un listado de juicios, no se sabe por qué hay juicios que fueron abandonados”, remarcó Gonzalez.

Apuntó al respecto el caso de fideicomisos para la construcción de cuatro hospitales, al que se agregó de forma irregular un quinto, pero que al final se comprobó que no tenía fuente de financiación.

LOS APORTES

González significó por otro lado, la irregularidad de los aportes obreros-patronales que no llegaron a pagarse (o depositarse) en las arcas del IPS, que en conjunto totalizan importes de hasta cinco años. Las demandas -dijo- suman 5.300 expedientes, que tras conciliarse los datos, se dará apertura a las demandas al sector privado.

A la caja de Pandora de la corrupción en IPS, manifestó el jefe jurídico del ente, corresponde una contundente respuesta de la Justicia, que debe caer sobre los responsables de la sucesión de ilícitos perpetrados.

“Se tiene evidentes indicios para presentar imputación, respaldados con reportes que remitió la Contraloría, indicios papa presentar imputación, reportes finales que emitió la contraloría. Los responsables fueron el presidente del IPS (Bataglia) y todos (los consejeros) que aprobaron el crédito (de US$ 250 millones”, acotó.

Añadió que la expectativa de pena que calza con el nivel de irregularidades detectadas, es la máxima, esto es, de hasta diez años de prisión. Y que solo un consejero se había opuesto a la operación irregular, por lo que las culpas alcanzan a todo el resto.

“Por los montos (de la corrupción) que se manejan, debe ser agravados, por lo que exhorto al Ministerio Público para accionar con fuerza, porque el perjuicio fue gigante”, sostuvo.

El jefe del departamento judicial de la previsional, manifestó por otro lado, que a la deuda que tiene el IPS, de USD 1.000 millones, debe contrastarse las deudas que tienen con la previsional, el sector privado, por un lado, y el Estado por el otro (de alrededor de 600 millones de dólares). Lo que le deben al Instituto está en el orden de los 1.300 millones de dólares americanos.

Otras “prendas” de la corrupción dejada por a era Abdo, son los contratos de arrendamientos de inmuebles del IPS a personas privadas y jurídicas, en donde resalta un elemento común, consistente en perjuicios millonarios para el IPS.

Este martes se tuvo conocimiento sobre la trágica muerte de una bebé en la comunidad indígena Jety Poty, distante a unos 130 kilómetros del casco urbano de Capitán Bado.

La víctima es una niña de apenas 7 meses de vida, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en medio de un yuyal por pobladores locales.

La madre de la bebé, una adolescente de 15 años, aparece como responsable de este horrendo crimen. “La madre ya le confesó al líder de la comunidad ayer a la tarde”, indicó a C9N la fiscal Esther Giménez.

La médica forense diagnosticó como probable causa de muerte una asfixia mecánica, a causa de un estrangulamiento. El cadáver presentaba rasguños y hematomas en el cuello.

Según lo manifestado por la joven, tomó la drástica decisión de acabar con su pequeña debido a que “estaba cansada de cuidarla”.

La adolescente fue detenida y llevada a la Comisaría de Mujeres de dicha jurisdicción, quedando a disposición del Ministerio Público, que formulará imputación en las próximas horas.

Este martes se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Juan Ramón Benegas, y representantes del grupo de indígenas apostado sobre la avenida Artigas.

Durante dicho encuentro, se logró sellar un acuerdo entre las partes, luego de que los nativos aceptaran la propuesta planteada por el Gabinete Social de la Presidencia, presidido por el ministro Rojas.

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Con ello, finalmente se logró el levantamiento de la medida de fuerza impulsada por los indígenas desde hace unas semanas frente a la sede del INDI, y que implicó el bloqueo temporal de Artigas.

La propuesta del gobierno consiste en replicar en las comunidades indígenas el modelo de trabajo implementado en distritos priorizados, en el marco de las “Mesas de Protección Social”, explicaron en conferencia de prensa.

Esto se llevará a cabo mediante la construcción de un plan comunitario que permitirá identificar, priorizar y gestionar las principales necesidades territoriales de manera coordinada con las instituciones del Estado.

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Horas después de sellarse el acuerdo, los nativos procedieron a retirar sus pertenencias para retornar a sus respectivas comunidades, ubicadas en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú.

Se prevé que el próximo lunes 5 de mayo inicie el relevamiento de datos en la zona de Canindeyú, para luego continuar la siguiente semana en Caaguazú.

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la institución realizará las verificaciones laborales durante el feriado.

“Vamos a verificar y a dejar notificaciones en los lugares donde se encuentren trabajadores, para que se les pague el salario correspondiente con el recargo del 100%. Este día no puede ser compensado con un día libre posterior, Queremos dejar esto en claro: el Ministerio va a estar trabajando el 1 de mayo”, informó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

Cabe mencionar que, el artículo 234 del Código Laboral establece que las horas trabajadas en días feriados deben abonarse con un recargo del 100%. Por ejemplo, si el trabajador cobra por jornal 107.627 guaraníes, por el día feriado trabajado, el monto a percibir debe ser de G 215.254.

Además, el Ministerio recuerda que se encuentran habilitados los canales de denuncia para reportar incumplimientos de obligaciones laborales.

Las personas pueden acercarse a la sede central, ubicada en Herrera y Paraguarí, de Asunción, a las oficinas regionales en todo el país, comunicarse al (021) 729 0100, escribir al WhatsApp (0993) 308 100 o enviar un correo a dgss@mtess.gov.py. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima o con identificación.