La Cámara de Senadores convocó para este martes a una audiencia pública, con representantes tanto del sector público como privado, para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Durante el evento, los senadores e invitados especiales expresaron sus posiciones respecto a esta propuesta legislativa, que plantea una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

El senador Enrique Salyn Buzarquis afirmó que, más que prohibir la actividad, se debe establecer un marco regulatorio más efectivo para impedir el robo de energía eléctrica. “Sería un trágico error castigar a las empresas legales”. En otro momento, habló sobre el impacto positivo mediante los ingresos obtenidos por las empresas legalmente constituidas, que abonan un precio diferencial por la energía suministrada.

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Uno de los que se expresó en contra del proyecto es el senador Eduardo Nakayama, quien considera imprudente la aprobación de una propuesta que impediría obtener más recursos para el país y promover el aumento de inversiones. “Tiene que haber un análisis previo”.

Por su parte, el senador José Oviedo explicó que no se puede prohibir la tenencia de criptomonedas, lo cual es uno de los errores conceptuales planteados en el documento. A su vez, adelantó que prepara otro proyecto que buscará regular el uso intensivo de energía eléctrica en el país.

Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, dijo que se debe analizar si es que los empresarios del rubro de criptominería quieren realizar una inversión a largo plazo y si quieren darle un valor social. “Es intolerable en un país como el nuestro el robo de energía, el que lo hace tiene que tener una sanción criminal”, añadió.

Asimismo, resaltó que desde el gobierno se apunta a promover una política tarifaria para esta y cualquier tipo de industria, además de fijar un marco normativo que permita determinar cuál es el tipo de inversión para promover el desarrollo del país. A su criterio, no será oportuno tomar una determinación tan radical como esta, por lo que insta a que se haga un análisis minucioso sobre los beneficios que podría traer la criptominería.

Víctor Arévalos, técnico especialista en máquinas mineradoras, aseguró que la suspensión de la criptominería podría poner en riesgo la inversión y generación de fuentes de trabajo, además del potencial de innovación que este sector puede aportar al país. “Las medidas propuestas podrían perjudicar a las empresas que intentan cumplir con las regulaciones, afectando a toda la industria detrás de ella”.

Ricardo Prieto, de la Cámara Paraguaya de Blockchain, sostuvo que un proyecto como este prácticamente “podría destruir todo lo que ha construido en este rubro”, tanto en Paraguay como a nivel mundial, por lo que lo considera como “un contrasentido”. Desde el gremio buscan aportar conocimiento y desarrollar el sistema de este nuevo modelo de negocios, agregó.

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Los representantes de la ANDE volvieron a hacer énfasis en la sustracción ilegal de energía, que genera pérdidas millonarias. En ese sentido, destacaron que las empresas legalmente constituidas y registradas permiten obtener un importante flujo de caja a la institución, por lo que el debate debe centrarse en el combate a la actividad ilegal.

Derlis Gregor, investigador en tecnología, aseguró que la suspensión de actividades de criptominería supondría pérdidas para las empresas y también para la propia ANDE, además de sobrevenir en disputas legales y demandas por incumplimiento. Concentrar los esfuerzos para combatir la ilegalidad sería mucho más efectivo, a su parecer, además de establecer un marco regulatorio para las nuevas granjas de criptominería.

En su edición de hoy, la agencia UOL publicó nuevos documentos acerca de la operación de espionaje de la Abin a Paraguay.

Según los informes, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) ejecutó una de las fases de la operación de espionaje contra Paraguay en la víspera del viaje del canciller Mauro Vieira a Paraguay en marzo del 2023. El entonces ministro, Julio Arriola, fue una de las víctimas.

El 31 de marzo la Abin accedió a dispositivos informáticos de las autoridades del Gobierno para obtener informaciones sigilosas sobre la negociación de tarifas de la usina hidroeléctrica de Itaipú.

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Un programa de invasión fue utilizado para acceder a informaciones de autoridades paraguayas con el aval del actual director de Abin, Luiz Fernando Correa, según confesó a la Policía Federal uno de los funcionarios involucrados en la acción.

Los nuevos documentos indican que el espionaje continuó durante el gobierno de Lula. La Abin obtuvo de manera anticipada el discurso que daría el canciller Arriola durante la visita de Mauro Vieira.

“Vamos a leerlo detenidamente, informarnos y hacer las preguntas pertinentes para ubicarnos en el contexto”, respondió esta mañana el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, en un contacto con la 730 AM.

Ratificó que se mantiene la postura firme del Paraguay de recibir explicaciones oficiales de Brasil a nivel diplomático.

“No es el momento de reclamar ante la justicia, sino de recibir el documento de la Cancillería brasileña que fue el compromiso de ellos. Estamos con ganas de reconstruir la relación que siempre nos tuvieron cerca, Brasil es nuestro principal aliado comercial. La postura es recibir las explicaciones pertinente de que ocurrió y ver si se pueden reanudar las negociaciones”, concluyó.

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Así lo destacó el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, durante la reunión del Consejo de Ministros, convocada hoy por el jefe de Estado para evaluar los logros obtenidos a pocos meses de cumplirse dos años de gestión.

“En dos años de gestión, estamos igualando lo que hizo el gobierno anterior en cinco años, con 35.000 soluciones habitacionales. A la fecha, llevamos adelante la ejecución de 27.520 viviendas, de las cuales 18.274 ya están culminadas y fueron entregadas. En agosto, podríamos igualar o incluso superar los números del gobierno anterior”, enfatizó el ministro Juan Carlos Baruja.

Uno de los principales impulsores de este resultado es el programa Che Róga Porã, que nació como promesa de campaña y hoy beneficia a numerosas familias trabajadoras de clase media. “Mañana inauguramos 38 viviendas que comenzaron a construirse en agosto del año pasado. Las familias ya ingresan mañana a sus casas pero recién en 30 días comenzarán a pagar su primera cuota, con una tasa del 6,5%”, remarcó.

El ministro de Urbanismo subrayó que Paraguay está marcando un hito en la región, con la tasa de Che Róga Porã, lo que ubica al país incluso por debajo de Brasil, donde el interés que ofrece un programa similar es del 10,5%.

Hasta la fecha, ya se aprobaron 952 créditos por un total de USD 27 millones y se encuentra en plena gestión una nueva línea de financiamiento de USD 200 millones provenientes del Gobierno de la República de China (Taiwán), proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado y aguarda tratamiento en Diputados.

En otro punto, el ministro Juan Carlos Baruja destacó los avances del Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta, que ya alcanzó un 85% de ejecución y se estima la conclusión de las obras para este año. “Hoy por hoy, ya hay familias viviendo en viviendas nuevas y sostenibles, indicó.

La fiscal Natalia Chávez informó que la universidad entregó la lista de 40 estudiantes matriculados del cuarto año que habrían sido los “padrinos” de la actividad en la que usaron a un animal como diversión durante el festejo de los nuevos ingresantes.

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“Se han solicitado informes a la facultad y recibimos la lista de los supuestos participantes en el evento. Son 40 alumnos del cuarto año”, expresó en conversación con el programa Cuenta Final de Universo 970 AM.

Estas personas serán convocadas por la Fiscalía para explicar lo ocurrido, defenderse y podrán tener un abogado defensor para audiencia indagatoria. Las investigaciones apuntan a un hecho de punible contra la ley de protección animal y el otro de coacción.

Chávez aclaró que la lista incluye solo a los del cuarto año, pero los nuevos ingresantes que participaron del bautismo también son llamados para declarar.

Todo depende de los resultados del estudio que se le practicará al cuerpo del animal, de comprobarse que perdió la vida durante el bautismo, los 40 universitarios se exponen a entre 5 y 6 años de pena privativa de libertad.

Por su parte, desde la universidad se pusieron a disposición de la justicia y ya iniciaron un sumario administrativo contra las personas involucradas.