El Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Diego Arzamendia, peticionó que la Cámara de Apelaciones anule la decisión del tribunal.

Cabe recordar que los caseros Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, en junio de 2021. Se confirmó que estos acusados prestaron servicios en las propiedades del exdiputado Tomás Rivas en 2017 y cobraban salarios asignados por la Cámara Baja.

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Los antecedentes del caso señalan que el tribunal presidido por la jueza Laura Ocampos e integrado por los magistrados Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee fallaron a favor del político de Ybycuí teniendo en cuenta lo que establece el Artículo 25 inciso 10 del Código Procesal Penal e hizo lugar a la extinción de la acción penal.

El fiscal Arzamendia tomó intervención debido a que la defensa de Rivas recusó al fiscal original de la causa, Luis Piñanez. El Ministerio Público sostiene que los tres magistrados incurrieron en una errónea aplicación del Art. 25 inc. 10 del CPP, dado que no hubo acuerdo ni consentimiento de la Fiscalía para la reparación económica.

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Los tres magistrados unánimemente admitieron el pago de G. 121.800.000 a la Cámara de Diputados, en concepto de devolución del dinero que cobraron en forma irregular tres caseros de Rivas, quienes supuestamente trabajaban en la Cámara Baja, pero no cumplían funciones en la sede parlamentaria, sino en la casa del exlegislador.

Asimismo, el tribunal dispuso el pago de G. 47.000.000, el año pasado, por parte de Rivas, a través de la Contraloría General de la República, para la reparación de escuelas ubicadas en barrios pobres.

Un automóvil tuvo problemas de movilidad sobre la ruta PY 01, poco después del semáforo para el desvío a la Avda. Cadete Boquerón. El vehículo quedó paralizado sobre un carril y los ocupantes activaron la luz de stop, pese a lo cual, una motocicleta chocó contra la parte trasera del rodado.

De los dos ocupantes de la moto, uno sufrió una fractura de fémur y otro tuvo excoriaciones. Ambos fueron trasladados conscientes y estables a un centro asistencial, según explicó a los medios el capitán de bomberos, Santiago Martínez.

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La mujer que iba en el auto con su familia relató que al salir a la ex avenida Acceso Sur tuvieron problemas mecánicos y prendieron la luz de stop. Negó que no hayan activado este mecanismo y pidió conseguir imágenes para demostrarlo.

Por su parte, el motociclista, en evidente estado de ebriedad, aseguró que el auto no tenía ninguna luz encendida, cayó en algunas incoherencias y finalmente dijo que no sabe qué pasó.

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A las 17:45 de ayer viernes, feriado patrio y Día de la Madre, fue aprehendida Élida López de 42 años, luego de una denuncia de violencia que recibió el sistema 911 y derivó a la jurisdicción policial correspondiente.

“Se encontraba en estado etílico, golpeó a su marido, luego a los menores, amenazando con quemar la casa y matar a los niños. Y también amenazó con suicidarse, incluso llegó a poner una soga al cuello”, explicó a los medios el subcomisario Mario Gamarra, subjefe de la Comisaría 23 de Ypané.

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Los intervinientes le practicaron el alcotest que dio como resultado 0,629 mg/L. Posteriormente la llevaron a la comisaría, donde pasó la noche a la espera de lo que disponga el Ministerio Público.

El resultado del alcotest.

Según el marido, la mujer es adicta al alcohol y cada vez que lo consume se vuelve agresiva y pone en peligro a su familia, aunque nunca había llegado a este extremo en el que estuvo cerca de acabar con todos.

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Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado conjunto para sentar posición acerca de lo que acontece en Bolivia.

“Manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresa el pronunciamiento.

Señalan que rechazan toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático, y alterar la institucionalidad del Gobierno elegido democráticamente en los comicios del 2025.

“Reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, concluyen.

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El Gobierno de Bolivia llegó anoche a un acuerdo con miles de mineros que exigían la renuncia de Rodrigo Paz por considerar que no atiende sus reclamos.

“Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando, hemos logrado varios acuerdos”, dijo a la prensa José Gabriel Espinoza, ministro de Economía”, sin dar detalles al respecto.

Sin embargo, otros sectores mantienen bloqueados los accesos a la ciudad, sede del Ejecutivo y el Congreso.

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