Controversia y censura: revelan impacto de ley en la libertad de expresión en Paraguay

Una nueva investigación llevada a cabo por la ONG TEDIC en colaboración con el Centro de Estudios de Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo de Argentina pone en foco seis casos legales bajo la Ley 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia” en Paraguay.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.

Pronostican lloviznas y neblinas para esta mañana

La Dirección de Meteorología anuncia una jornada fresca, con neblinas y lloviznas en las primeras horas. La inestabilidad se mantendrá por los próximos días.

Para hoy, miércoles, se prevén vientos variables, luego del sur y cielo mayormente cubierto. La temperatura llegará a 22 °C.

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Mañana, jueves, se prevén precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, cielo mayormente cubierto, vientos del sur y temperaturas extremas de 13 °C a 22 °C.

El viernes, la mínima será de 14 °C y la máxima de 20 °C, El ambiente se presentará fresco, con cielo nublado, vientos del sur y probables lluvias dispersas.

El sábado, la temperatura llegará a los 27 °C. El cielo estará mayormente nublado, soplarán vientos variables, luego del noreste

Gobierno garantiza cobertura del 100% para trasplantes de paraguayos en Argentina

El viceministro de Salud, Saúl Recalde, confirmó que el Estado paraguayo absorbe completamente los gastos de los pacientes derivados al exterior para intervenciones de alta complejidad. Además, sostuvo que la reciente misión oficial en el vecino país busca consolidar acuerdos de tutoría académica y técnica en áreas como el trasplante hepático.

El viceministro de Atención Integral de la Salud precisó en entrevista con el canal GEN/Nación Media, que el Gobierno paraguayo asume al 100% la cobertura económica de los pacientes remitidos a la Argentina para atenciones complejas.

La aclaración se da en medio de la nueva medida implementada en Argentina, donde se fijaron aranceles para extranjeros no residentes en hospitales públicos de ese país.

De acuerdo al doctor Recalde, el Estado nacional continúa financiando casos emblemáticos cuyas inversiones superaron los 100.000 dólares por procedimiento, según los convenios y la institución que reciba a cada paciente.

Con la finalidad de optimizar estos recursos e impulsar la soberanía médica, una delegación paraguaya entabló reuniones estratégicas con el ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, para concretar un acuerdo con el Hospital El Cruce.

Ese centro, referente regional en trasplante de hígado en adultos con más de 300 intervenciones realizadas, actuará como tutor académico para capacitar a los profesionales de Paraguay, permitiendo la instrucción mediante pasantías y la llegada de especialistas para monitorear los procesos en el país.

A la par de mantener el respaldo financiero estatal en el exterior, la gestión del Gobierno busca el desarrollo de la infraestructura sanitaria interna para reducir de forma progresiva la dependencia de derivados internacionales. Al respecto, Recalde remarcó que las obras en curso en Concepción, el Chaco, Curuguaty, el Gran Hospital Nacional de Itauguá, y ahora el de CDE, buscan dignificar la atención pública.

Descubren “farmacia” con fármacos de alto costo en pleno albergue de familiares del IPS

Una intervención conjunta entre la Fiscalía y autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) desmanteló un presunto esquema de venta ilegal de insumos hospitalarios a familiares de pacientes en terapia intensiva. Tras dos procedimientos, una mujer fue aprehendida y se incautaron medicamentos valuados en millones de guaraníes.

Personal de seguridad del Hospital Central, en conjunto con representantes de la Fiscalía y autoridades del centro médico, realizaron un sorpresivo procedimiento en los albergues destinados a familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras la denuncia de un usuario, a quien se le sugirió comprar en el sitio un fármaco recetado que debía ser abastecido por la propia red de salud pública.

Durante el registro del primer recinto, las autoridades hallaron un importante volumen de insumos médicos e instrumentos de uso hospitalario como gasas, batas, jeringas y chatas, además de fármacos de alto costo como eritropoyetina, cuyo valor de mercado ronda los 4 millones de guaraníes por unidad.

Muchos de los productos, entre los que también figuraban antibióticos con dudosas condiciones de conservación, conservaban etiquetas oficiales del IPS y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS). En el sitio se incautaron además dinero en efectivo oculto en cajas de madera y artículos variados como alimentos y perfumes.

Como resultado de este primer operativo, una mujer fue demorada y trasladada a la Comisaría 12.ª, quedando a disposición del Ministerio Público. El fiscal Luis Barboza, quien encabezó el procedimiento bajo directivas de la fiscala Hermenegilda Cubilla, confirmó que solicitarán la intervención de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para establecer la procedencia exacta de los fármacos y evaluar los riesgos sanitarios.

La inspección se extendió hacia un segundo albergue contiguo, donde localizaron otro lote de medicamentos irregulares que incluía sustancias sujetas a estricto control médico, entre ellas fentanilo. En este segundo punto no se registraron detenciones inmediatas, aunque la clasificación de los insumos continuó con el apoyo técnico del servicio de Farmacia del Hospital Central.

Por su parte, la Dirección del Hospital Central del IPS y los departamentos de Auditoría e Investigación Jurídica ratificaron su apertura para colaborar con la investigación penal.

Las autoridades institucionales se comprometieron a facilitar los controles internos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas y penales detrás del desvío de estos insumos esenciales.