En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo. Ante los lentos avances en la pesquisa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, visitó al fiscal general Emiliano Rolón, en la mañana de este jueves.

Esta visita se realizó en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA que constituirían hechos punibles de lavado de dinero.

“Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la CONMEBOL, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años. ¡Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano!”, expuso Alejandro Domínguez a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, el exdirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

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Hay que recordar que, la Conmebol presentó semanas atrás un urgimiento a los investigadores, para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado muchos años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y Atlas.

Ante este pedido, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la CONMEBOL a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leo Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.

Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas de los citados, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.

También los fiscales pidieron que EE.UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.