En una conferencia de prensa realizada esta mañana en Mburuvicha Róga, autoridades anunciaron la presentación de dos proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica los artículos 16°, 22°, 24°, 25° y 33° de la Ley N° 6977/2023 “Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no convencionales no hidráulicas” y el proyecto “Que modifica el Art. 173 del Código Penal y Dispone la inacautacion y comisión de los bienes asociados a dicho hecho punible”.

Según explicó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, la finalidad de estas iniciativas parlamentarias es introducir algunos ajustes en estas dos leyes que se encuentran vigentes para fortalecer el sistema eléctrico paraguayo.

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Uno de los proyectos busca modificar el artículo del Código Penal que habla de la sustracción de energía eléctrica, a fin de hacer aún más efectiva la lucha contra la criptominería ilegal y las conexiones clandestinas mediante la incautación de las mineradoras y otros equipos utilizados.

Así también, se plantea una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.

El segundo proyecto apunta a modificar la Ley 6977 -que fue reglamentada en febrero de este año por Poder Ejecutivo- con el propósito de ampliar hasta 30 años el contrato con la ANDE, ya que actualmente solo es de hasta 15 años. Con ello, se pretende garantizar un mayor interés de los inversionistas.

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Sosa mencionó que la ANDE se encuentra abocada al proceso de diversificación de su matriz de generación de energía, por lo que este proyecto será de gran ayuda para apuntar a este objetivo. Asimismo, habló de la otra propuesta y destacó que será una herramienta legal para castigar a los responsables del robo de energía eléctrica.

El Ejecutivo solicitará un “tratamiento de urgencia” de ambos proyectos de ley, a fin de que el Legislativo pueda proceder a su aprobación cuanto antes.

Durante el operativo se procedió a la retención de un camión de la marca Mercedes Benz, modelo Ateco 1823, que transportaba las 399 bolsas de azúcar de 50 kilogramos cada una, totalizando 19.950 kilos.

El procedimiento fue llevado a cabo por funcionaros de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito, en conjunto con personal del Puesto de Control de Vista Alegre, en el marco de un trabajo basado en información de inteligencia.

Al ser consultado, el conductor manifestó que transportaba azúcar; sin embargo, no contaba con documentación que respalde el ingreso legal de la mercadería al país ni su circulación dentro del territorio nacional.

Ante esta situación, los intervinientes dispusieron el traslado del camión y de la carga al depósito privado GICAL de la DNIT, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde se realizará la verificación, cuantificación y resguardo de la mercadería incautada.

Durante el traslado del convoy, dos vehículos intentaron obstruir el procedimiento, tratando de cerrar el paso al camión retenido. No obstante, la situación fue controlada con el apoyo de efectivos del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos de la Policía Nacional, quienes brindaron custodia hasta la llegada al depósito.

Como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas, mientras que el procedimiento fue comunicado al fiscal de la Unidad Especializada Anticontrabando del Ministerio Público para la prosecución de las investigaciones correspondientes.

En este marco, la administración municipal impulsa una política orientada a fortalecer el cuidado de plazas, parques y plazoletas, mediante un censo actualizado y un moderno sistema digital de padrinazgo de espacios verdes.

El paisaje característico de la capital —con copas de árboles que forman verdaderos corredores naturales y con el constante canto de aves que habitan su frondoso follaje— no solo embellece la ciudad, sino que, además, contribuye a mejorar la calidad del aire y el bienestar ambiental de los habitantes.

Consciente de este valor ecológico y urbano, la administración municipal decidió realizar una actualización integral del inventario de espacios verdes de uso público, tarea que fue encomendada al asesor del intendente, el doctor Nicolás Prono.

El relevamiento permitió establecer con precisión el número y la distribución de los espacios verdes de la capital, cuya última actualización databa del año 2014. Tras el trabajo técnico realizado por el equipo municipal, se determinó que actualmente la ciudad cuenta con:

– 140 plazas.

– 52 plazoletas.

– 16 parques.

– 2 costaneras, consideradas corredores verdes o parques lineales

En total, 210 espacios verdes de uso público conforman el patrimonio ambiental de la ciudad.

Si bien la mayoría de estos espacios pertenece al municipio, cabe mencionar otros corresponden a instituciones del Estado, aunque todos están destinados al disfrute de la ciudadanía. Entre estos se incluyen grandes pulmones urbanos como el Parque de la Salud y el Parque Guazú Metropolitano, además de las costaneras de la ciudad que funcionan como amplios corredores verdes abiertos a la comunidad.

Además del censo actualizado, la municipalidad impulsa un nuevo modelo de participación ciudadana para el cuidado de estos lugares: la figura del “Protector de Espacios Verdes”, que reemplaza y moderniza el sistema tradicional de padrinazgo.

Según explicó el doctor Prono, uno de los principales obstáculos del esquema anterior era la burocracia administrativa, que obligaba a los interesados a atravesar largos trámites presenciales que podían extenderse durante meses.

En un comunicado, dirigentes de la FNC comunicaron la decisión que se tomó este año, luego de más de tres décadas de movilizaciones.

Cada marzo, desde 1994, los campesinos de diferentes zonas del país llegaban hasta la capital para exigir una serie de reivindicaciones al gobierno, este año la tradicional marcha queda suspendida.

La marcha también fue suspendida en el 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19. Esta sería la tercera vez en 32 años.

Según el documento, estos años de marcha sirvieron de expresión política y herramienta para lograr objetivos que actualmente están siendo cumplidos.

Ahora apuntan a que esas reivindicaciones sean temas de debates en todos los sectores sociales y del Congreso Nacional, por lo que van a presentar un programa de desarrollo nacional del campesinado.

Indican que las marchas seguirán realizándose en otros momentos, como parte de la lucha del campesinado.