Por la alta peligrosidad con que cargan sujetos presos que pasaron los límites de la convivencia normal, el protocolo de seguridad del nuevo trato, requiere reducción al mínimo los contactos directos de internos.

Esta nueva disposición dentro del régimen penitenciario para presos de alto perfil, desmonta una parte relevante en materia de relajos y privilegios que gozaban reos con alto poder económico, que convertían en estancias similares a ‘hoteles’ partes del recinto de reclusión.

Otro detalle que se impondrá en el sistema de tratamiento de presos de ‘peso pesado’, es el referente a los guardias que tendrán. Estos, en sus breves contactos con los reos, deberán estar encapuchados, y estarán en periódicos relevos a fin de evitar cualquier tipo de relacionamiento amistoso o de negociaciones personales.

En materia de comunicación, los reos del nuevo esquema no tendrán acceso a aparatos móviles, y solo tendrán contactos con sus abogados, y en forma breve con familiares.

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Con estas disposiciones carcelarias, el régimen penitenciario se adecuará a los protocolos internacionales de seguridad. Episodios como los que lograron instalar pandillas, como el del clan Rotela, reducirán a la mínima expresión el nivel de peligrosidad de las cárceles para la sociedad general.

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Con base al informe remitido por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos,pudo observar lentitud manifiesta por parte del Ministerio Público en las causas penales que se encuentran en investigación en materia de Lavado de Activos, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años de 369 causas, el 29% de las causas prescribieron, el 8% pudieron ser condenados y solo el 2% de las causas están imputadas; el resto se encuentran pendientes para su finiquito.

La Comisión señala además que casos emblemáticos y notorios de potencial Lavado de Activos contra bancos ligados a medios de comunicación no han avanzado, pese al tiempo transcurrido no se cuenta con imputaciones ni desestimaciones, como lo denunciado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

La Comisión, pudo concluir en cuanto a los antecedentes que pesan sobre el Banco Atlas, sus órganos administrativos y de control, la mala administración de operaciones fiduciarias, por la cual se resolvió ordenar a la Unidad Jurídica a instruir el sumario administrativo a la entidad.

En cuanto a la causa que involucra al exdiputado Eulalio Gómez (+) y su hijo Alexandre Rodríguez, la comisión señaló que el Ministerio Público tanto como las demás instituciones consultadas no arrimaron mayor información a la Comisión Conjunta de Investigación, situación que dificultó ahondar sobre la causa.

La Comisión Conjunta de Investigación recomendó al Ministerio Público, activar todos los recursos disponibles dentro de la esfera del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, asimismo, arbitrar todos los mecanismos de rigor existentes en el Derecho positivo vigente para el esclarecimiento de los posibles hechos punibles de Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

Asimismo, la Comisión insta a la Superintendencia de Bancos, a tomar un mayor compromiso en el seguimiento, control y lineamiento de riesgos de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con los bancos de plaza para la prevención y detección del Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

La comisión detectó que el sistema adoptado por el Banco Central del Paraguay y la DNIT para la comercialización de armas y municiones, sus componentes y afines no permite identificar la trazabilidad del movimiento de activos, al no poder estos operar los comercios dedicados al rubro en el sistema financiero.

Igualmente, la Comisión pudo notar que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha admitido importadores de armas y municiones sin el correspondiente giro bancario respaldatorio en violación a la ley.

Por último, el informe destaca “el notable desinterés por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en involucrarse en la comercialización de armas, municiones, sus componentes y afines, pese a que el mercado ilegal de armas haya permeado las zonas fronterizas del país y a la sideral diferencia existente en las ganancias entre el mercado legal y el mercado negro”.

RECOMENDACIONES

La Comisión insta a la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) a trabajar en forma conjunta con el Ministerio Público, y las instituciones afectadas en la prevención, detección, control, seguimiento y sanción de los posibles hechos punibles que guarden relación con la importación de armas en el mercado negro, para combatir y atacar el flagelo del tráfico ilegal de armas.

Asimismo, la Comisión insta a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a tomar un mayor compromiso y trabajar con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), la Superintendencia de Bancos e instituciones afectadas sobre los lineamientos a ser desarrollados y llevados a cabo a futuro con los bancos de plaza a fin de contar con la trazabilidad del comercio en materia de armas, municiones, sus componentes y afines, teniendo en cuenta que en la actualidad los bancos no permiten remesar fondos al exterior.

Para mañana a las 09:00 hs está prevista la realización de la autopsia de Rubén Darío López Fernández en la morgue judicial de Asunción.

Dicha diligencia, que estará a cargo de médicos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, se realizará como anticipo jurisdiccional de pruebas.

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El juez especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, también estará participando de la autopsia, junto a representantes de la Fiscalía como principales responsables de la investigación.

Alias “Loro” era considerado como un miembro clave del primer anillo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), teniendo varios años activo dentro del grupo criminal.

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El mismo fue abatido durante un enfrentamiento con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ocurrido ayer en el interior de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en Canindeyú.

En dicho episodio también resultó herido un efectivo militar, quien acusó algunos disparos. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro e internado en el Hospital Militar de la capital.