Pedro Benítez Aldana, gremialista de los jubilados, expresó en ese sentido de que socios de la entidad accedieron a datos que consignan que las reparticiones que fueron devoradas por el fuego, guardaban documentos relevantes que tienen relación a pesquisas en torno a malversaciones y robos perpetrados contra intereses de jubilados y aportantes de la Caja Municipal.

“Es claro que en el incendio, que se desató en el segundo piso de la institución, destruyó papeles que tienen relación a las irregularidades”, dijo el dirigente de los jubilados a la emisora Ñanduti AM.

Cabe señalar que la Policía Nacional destinó a personal de criminalística, para investigar, junto a Bomberos Voluntarios, el origen del incendio que se originó el viernes pasado en la caja jubilatoria de la capital.

La intervención policial se realizó a pedido de los jubilados, que aportaron algunas evidencias que mencionan, entre otras cosas, a un funcionario de la Caja que fue el último que abandonó la sede, poco antes de reportarse el incendio.

Directivos de la Caja están siendo investigados por millonarias “tragadas” de fondos pertenecientes a la institución.

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El último informe difundido por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior sobre las carreras de Medicina, muestra el panorama actual a nivel país.

De las 43 carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), solamente 22 fueron acreditadas por el Modelo Nacional de Evaluación de la ANEAES, que contiene los estándares de calidad exigidos. Además, tres carreras tienen acreditación regional por el sistema ARCU-Sur

Esta evaluación de la ANEAES es necesaria y requerida por la ley número 2072/2003, que convierte en sujetos obligados a todas las carreras de impacto directo sobre la vida y la salud de la gente.

En el paquete de 43 carreras, de las 21 que no figuran como acreditadas por ANEAES, algunas están en proceso, otras fueron postergadas y algunas esperan nuevas visitas de verificación.

En cuanto a la distribución geográfica, la ciudad que más carreras de Medicina concentra es Asunción, con siete, seguida por el departamento de Amambay con seis.

Por su parte, Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Concepción, Central y San Pedro tienen un promedio de una y dos.

En entrevista con el canal GEN, el director Benito Torres explicó que el informe de la Contraloría no menciona faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que se enfoca exclusivamente en la utilización de la cuenta única municipal. "No hay ninguna causal que justifique la intervención. (…) Se trata de una diferencia de interpretación legal que debe ser resuelta por el Tribunal de Cuentas", sostuvo.

El director jurídico argumentó que la Carta Orgánica Municipal establece que la administración financiera debe regirse por la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, lo cual habilita el uso de la cuenta única. Además, resaltó que la ordenanza municipal que crea esta herramienta está plenamente vigente y no fue declarada inconstitucional.

Torres también negó que la Contraloría haya encontrado nuevas irregularidades, y afirmó que el municipio entregó toda la documentación requerida. En cuanto a las obras financiadas con bonos municipales, aclaró que están en curso y que no hay incumplimientos en la ejecución presupuestaria. “Las rendiciones de cuentas de los años 2020 a 2024 fueron aprobadas por la Junta Municipal”, subrayó en otro momento.

Torres reiteró que la Municipalidad de Asunción está abierta al control y la fiscalización, pero consideró improcedente que la Contraloría pida la intervención basándose en interpretaciones jurídicas que aún no tienen una resolución judicial definitiva, ante el uso que se está dando a la herramienta de la “caja única”.

En su pedido de intervención, la Contraloría refiere supuestas irregu­laridades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contra­lor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millo­nes realizada en el año 2022 para obras de desagüe plu­vial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emi­siones en anteriores admi­nistraciones. Según la Contraloría, el municipio capitalino viene haciendo abuso de la cuenta única, lo cual se traduce en la transgresión de normas administrativas.

Desde el Cuartel General del Comando de Ejército salieron esta mañana los camiones de la Secretaría de Emergencia Nacional, rumbo al sur del país, una de las zonas más lastimadas por el temporal.

Carmen del Paraná, Nueva Alborada, Cambyretá y Encarnación, La Paz y General Artigas son las localidades que recibirán la asistencia que les permitirá tener un techo provisorio, en lo que arreglan sus casas.

Cuantiosos destrozos causó el temporal de este domingo en Itapúa, donde varias localidades resultaron afectadas con caída de árboles, viviendas y escuelas destechadas, entre otras cosas.

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En el caso de la institución educativa, afortunadamente nadie se encontraba en el lugar al momento del hecho.

Por otro lado, en el marco de la ley 7471/25, que declara en emergencia los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, el Ejecutivo envió alimentos al Chaco.

En ocho camiones de la SEN de 10 toneladas cada uno, tres camionetas 4x4 y un helicóptero de las Fuerzas Armadas enviaron 42.803 kilos de alimentos distribuidos en 1.861 kits.

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