Se trata de Justino Bareiro Benítez, con domicilio laboral en el Campamento Arapy ubicada en la Compañía Caaguazú de esta ciudad, según el informe policial.

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El caso fue reportado a la Policía Nacional mediante una llamada al sistema 911 por el propietario de la casa, Cristóbal Peloso (64). Los agentes policiales fueron recibidos por Peloso que relató que se encontraba en compañía de Bareiro Benítez consumiendo carne de cerdo como tereré rupá, para luego iniciar las actividades del domingo.

Sin embargo, en un momento dado, el hombre se atragantó con la carne y comenzó a pedir auxilio debido a que no podía respirar. Lastimosamente a pesar del esfuerzo que realizó el dueño de casa para salvar a Justino Bareiro, terminó perdiendo la vida.

Los uniformados realizaron el procedimiento correspondiente en el lugar. Asimismo, dieron aviso al Ministerio Público para su intervención.

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El gerente de la empresa Ombú SA, Gilberto Enciso, declaró ante el Tribunal de Sentencia y aportó datos sumamente comprometedores sobre la estrecha relación entre el entonces secretario de Estado del Gobierno abdista y el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

El testigo confirmó que el empresario brasileño y el exministro del Interior mantuvieron conversaciones en reiteradas oportunidades sobre licitaciones públicas del Estado.

Según detalló el directivo, la firma buscaba convertirse en proveedora de chalecos antibalas y adjudicarse contratos para la reparación de vehículos blindados de las fuerzas de seguridad, siendo Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos, los enlaces directos de Marcus Vinicius dentro de la institución pública.

El gerente de la firma admitió que la estructura empresarial se encontraba en pleno proceso de preparación para participar activamente de las licitaciones estatales. Estas gestiones y el intercambio de información estratégica entre el empresario y el exministro cesaron de manera abrupta únicamente cuando Marcus Vinicius fue detenido por la justicia debido a sus vínculos con el narcotráfico.

Durante su comparecencia, el testigo también reveló que la empresa realizó trabajos de mantenimiento a una camioneta táctica Dodge Ram del Ministerio del Interior, además de efectuar retoques a otros vehículos oficiales del Estado y elaborar presupuestos de servicios. Sobre estos trabajos, el gerente manifestó desconocer si la institución pública llegó a realizar algún tipo de pago por los arreglos efectuados.

Sobre el polémico viaje familiar que realizó el exministro al Brasil, el gerente de la firma ratificó que Giuzzio utilizó una camioneta de la empresa Ombú SA para sus vacaciones familiares, vehículo que le fue facilitado de forma directa por el propio dueño de la firma.

Para formalizar la entrega de la camioneta, el exministro firmó un pagaré meramente simbólico por el valor de 700 dólares, el cual jamás fue cobrado por la empresa proveedora.

Al ser abordado por los medios de comunicación tras culminar la audiencia judicial, Arnaldo Giuzzio evitó responder con claridad si llegó a pagar por el uso del rodado, y solo argumentó que el documento firmado constituía un compromiso de pago.

El exministro también intentó restar importancia a los intercambios de mensajes telefónicos que lo vinculan con el esquema del presunto narcotraficante.

Las audiencias de este juicio oral proseguirán durante la siguiente semana con la continuidad de la declaración de Gilberto Enciso ante el tribunal juzgador integrado por los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de administrar la pensión universal, recuerda que los ciudadanos extranjeros también tienen derecho a ingresar al programa de asistencia.

Según la Ley 7.322 promulgada en diciembre del 2024, debe tener por lo menos 30 años de residencia permanente, certificada por la Dirección Nacional de Migraciones.

La edad mínima para todos es de 65 años; sin embargo, los ingresos se hacen de manera gradual. La última tanda incorporada en junio fue la de 68 años cumplidos hasta junio.

No tener salario público ni privado

No ser cotizante (aportante) de IPS

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No ser contribuyente de la DNIT (si lo fue y dejó de serlo, debe tener el certificado de no ser contribuyente)

No tener más de 30 cabezas de ganado

Para cerciorarse de que el nombre de su adulto mayor está en la lista, puede ingresar a la web https://listadoam.mds.gov.py/, colocar el número de cédula y hacer la búsqueda. Además, el número habilitado para consultas es (0981) 542 917.

La asignación es del 25 % del salario mínimo vigente hasta junio, equivalente a G. 724.762. El año próximo se actualizará con el nuevo mínimo que entró a regir el 1 de julio.

La edad para las comunidades indígenas es de 55 años y para las personas con discapacidad, 60 años. Estos dos grupos ingresan de manera directa, sin gradualidad etaria

La Policía Nacional aprehendió en Villarrica a dos hombres por el presunto robo de dos cabras. El propio dueño de los animales descubrió el ilícito de una manera muy particular.

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La víctima visualizó una publicación en un estado de WhatsApp donde ofertaban a sus animales. Ante esto, el afectado planificó una estrategia: contactó a los vendedores y actuó como un cliente interesado en la compra.

El plan resultó exitoso. Con el acompañamiento de los agentes policiales, el propietario coordinó el encuentro, recuperó a sus cabras y los uniformados arrestaron a Luis Antonio Arguello Ramírez de 23 años y a Ángel Diosnel Velázquez Galeano de 29 años.

Los animales, volvieron con su dueño original y ambos involucrados guardan reclusión y ya se encuentran bajo la disposición de la Fiscalía, según publica Diario Extra.